Suspendida temporalmente de su cargo, la fiscal especializada en lavado de activos, Elizabeth Peralta, pasará los próximos 18 meses en prisión por decisión del juez supremo Gustavo Álvarez, quien se unió al voto de otros tres magistrados a favor de anular la comparecencia con restricciones e imponer la medida cautelar.
De ser una figura destacada en el Ministerio Público, la magistrada pasará a ocupar una celda eventualmente en el establecimiento penitenciario de Chorrillos, un declive que ha capturado la atención pública debido a sus implicaciones en una trama de tráfico de influencias y sobornos junto al presentador de televisión Andrés Hurtado, quien se encuentra recluido en el penal de Lurigancho.
Junto con la figura televisiva, Peralta enfrenta serias acusaciones que han decantado en su encarcelamiento. En 2014, el extinto Consejo Nacional de la Magistratura la ratificó como fiscal provincial civil y de familia en Yauyos, cerca de Cañete. Y solo dos años después, fue nombrada fiscal superior de lavado de activos en Lima, pero se vio empañada a inicios de septiembre último, cuando el programa Beto a Saber entrevistó a Hurtado y destapó un escándalo que sigue dando sorpresas.
La colaboración entre ambos, según las investigaciones, supuestamente consistió en coordinar esfuerzos para obstruir procesos judiciales, lo que ahora los ha llevado a compartir el mismo destino tras las rejas. La fiscal está relacionada en esta presunta trama corrupta junto con el empresario Javier Miu Lei y el conductor televisivo.
Se le acusa de ofrecer influencias para devolver oro incautado a Miu Lei a cambio de un millón de dólares y de haber recibido 80,000 dólares para influir en una investigación por lavado de activos contra Paltarumi, competidora del empresario. Un tercer evento la implica con Hurtado en el pedido de 100,000 dólares a la familia de Iván Siucho, actual colaborador sincero del caso, para detener una investigación contra Quántico Servicios Integrados. Al conocer el caso, Siucho entregó 20,000 dólares, pero al no completar el monto, la investigación se inició.
El Ministerio Público tiene un comprobante de depósito a la empresa de Hurtado como evidencia. En la única entrevista pública que brindó al dominical Contracorriente, mencionó que conoció al presentador en 2015 y dejó de ser su amiga hace un año y medio por razones ajenas a su carrera. “Me dijeron que era proxeneta, pero nunca pensé nada malo”, dijo.
De igual modo, señaló sentirse utilizada por Hurtado y explicó que su encuentro con los hermanos Siucho, investigados por lavado de activos, fue una coincidencia en la casa del presentador, lo cual consideró una emboscada. Desde entonces, los focos mediáticos apuntaron hacia ambos, y los destapes revelaron que Hurtado era el apoderado del antiguo capo del narcotráfico Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido como ‘Vaticano’, que tenía conexiones con los altos mandos de la Policía Nacional y que facilitó trámites de nacionalización a futbolistas por medio de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
A fines de noviembre, la fiscal adjunta Alejandra Cárdenas, encargada del caso, presentó fundamentos de apelación para revocar la comparecencia contra Peralta y recordó un allanamiento en el que se encontró un USB con un audio que presuntamente sugería separar las investigaciones de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, para beneficiar a este último.
En esa diligencia también se hallaron elementos comprometedores, como un ticket aéreo, anotaciones con números de cuentas bancarias y una maleta con diversos artículos. Además, manuscritos con instrucciones para borrar el respaldo de su WhatsApp suscitaron sospechas de manipulación de pruebas.
La Fiscalía informó que Peralta se negó a entregar un teléfono celular al alegar que lo tenía su hija, lo que contradijo una declaración anterior donde afirmó haberlo perdido. No obstante, la magistrada afirmó haber colaborado desde el inicio del proceso: “Creo que debe parar esto. Todo publican, cosa que no es, cosa que no me corresponde, todo es obstaculización a la justicia, y doctor, no, no es así. Pido que se haga una pericia, que se haga la pericia caligráfica para que vea que no es mi letra. Lo que encuentran todo lo publican en la TV porque lo brinda el Ministerio Público. En su momento lo voy a tener que ocultar. No es mi voz, no es mi letra”, señaló mientras sollozaba en una audiencia previa.
Su abogado, Benji Espinoza, indicó que su patrocinada se entregará en las próximas horas y que está realizando las coordinaciones respectivas para ello. “Le he explicado el tenor de la resolución y ella ha manifestado, junto con el equipo de la defensa, la voluntad de ponerse a derecho. Aunque la decisión esté equivocada, estamos en desacuerdo porque esperábamos que se pudiera seguir la línea jurisprudencial de la propia Corte Suprema y el Tribunal Constitucional”, matizó en diálogo con RPP.