El Congreso de la República de Perú está nuevamente en el centro de un debate sobre el restablecimiento del servicio militar obligatorio. Dos nuevos proyectos de ley, presentados por la Municipalidad de Los Olivos y la congresista María Acuña (del partido Alianza para el Progreso), proponen que los jóvenes desempleados, sin estudios y con antecedentes judiciales sean obligados a prestar servicio militar obligatorio como una medida para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana.
El servicio militar obligatorio fue suspendido en Perú en 1999, adoptando desde entonces un modelo voluntario. Sin embargo, debido al creciente aumento de la delincuencia juvenil y la inseguridad en varias partes del país, estos nuevos proyectos de ley buscan restablecer la obligatoriedad del servicio militar, argumentando que podría ser una forma efectiva de alejar a los jóvenes de las redes delictivas y brindarles una oportunidad para integrarse a la sociedad.
El proyecto de ley presentado por la Municipalidad de Los Olivos busca restablecer el servicio militar obligatorio como una estrategia para mejorar la seguridad ciudadana en un distrito que ha enfrentado altos índices de inseguridad. La propuesta se enfoca en jóvenes que, debido a su desempleo prolongado, la falta de estudios o antecedentes judiciales, podrían ser más vulnerables a la delincuencia.
Los puntos clave de los proyectos:
- Iniciativa de Los Olivos: El proyecto presentado por la Municipalidad de Los Olivos propone que el servicio militar obligatorio sea una medida para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad. Establece que esta obligación recaería sobre jóvenes desempleados durante más de seis meses, aquellos que no cursen estudios y los que tengan sentencias judiciales por omisión de asistencia familiar.
- Iniciativa de María Acuña: La congresista María Acuña, de Alianza para el Progreso, también respalda la medida, enfatizando que la obligación de prestar el servicio militar ayudará a los jóvenes a alejarse de las actividades delictivas, dándoles la oportunidad de integrarse a un entorno disciplinado, donde reciban formación en valores y entrenamiento.
- Objetivo común: Ambas iniciativas coinciden en que el servicio militar obligatorio debería ser una medida de prevención social para promover la seguridad y reducir la delincuencia juvenil. La formación y disciplina, indican, serían elementos clave para reinsertar a los jóvenes en la sociedad.
- Compensación económica: Aunque los proyectos no detallan explícitamente todos los beneficios, el servicio militar actual (voluntario) incluye una compensación económica mensual y otros derechos. Se espera que los nuevos proyectos mantengan, al menos, estos beneficios como incentivo para los jóvenes involucrados.
Reacción y debate:
El debate sobre la propuesta ha generado opiniones divididas. Mientras algunos sectores apoyan el restablecimiento del servicio militar obligatorio como una herramienta para reducir la delincuencia juvenil, otros cuestionan la efectividad de esta medida, citando que solo un pequeño porcentaje de los delincuentes en Perú son menores de edad. Según cifras del Ministerio Público y el Poder Judicial, solo el 1% de los delincuentes son menores de edad, y menos del 9% de los sentenciados son jóvenes de 18 años o menos.
A pesar de estas cifras, los defensores de los proyectos argumentan que el servicio militar obligatorio podría ayudar a los jóvenes más vulnerables a encontrar un camino alternativo, proporcionando un entorno de disciplina y oportunidades laborales que los aleje de las redes delictivas.
Sin embargo, expertos en políticas públicas y derechos humanos advierten sobre el riesgo de estigmatizar a los jóvenes desempleados y sin estudios, quienes podrían ser considerados como “sospechosos” de criminalidad solo por su situación económica o educativa.
Los próximos pasos
El debate en el Congreso y la sociedad peruana sigue abierto, y los proyectos aún deben ser discutidos y evaluados por las comisiones correspondientes. Mientras tanto, los defensores de la medida continúan argumentando a favor de su implementación, mientras que otros instan a un análisis más profundo sobre sus posibles impactos sociales y económicos.
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