Caso ‘Los gángsters de las finanzas’: alcalde de Chulucanas huye al conocer orden de detención en investigación a cooperativa AELU

Esta mañana, el Ministerio Público llevó a cabo un operativo contra 52 personas investigadas por presuntos delitos relacionados con la organización criminal, el financiamiento mediante información fraudulenta y otros ilícitos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aelucoop). Entre los involucrados se encuentra el alcalde de Chulucanas, Richard Baca Palacios, quien, al enterarse de la orden de detención en su contra, habría huido.

El operativo fue liderado por la fiscal Irene Mercado Zavala, del Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Contra la Criminalidad Organizada, y contó con el respaldo del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grupo Grecco) de la Policía Nacional del Perú (PNP). La intervención se realizó a las 4 de la mañana de este sábado.

Como parte de la operación, se había previsto el allanamiento de la vivienda del alcalde y su detención preliminar; sin embargo, este último no se materializó, ya que Baca Palacios evadió a las autoridades y se convirtió en prófugo, según informó Diario Correo.

El alcalde es señalado de haber utilizado fondos de Aelucoop para financiar su campaña política. Las investigaciones apuntan a que forma parte de una organización criminal encabezada por Ruyer Miguel Zevallos Hatakeda y otras decenas de personas, quienes también enfrentan órdenes de detención preliminar por su implicación en un millonario desfalco a la cooperativa.

El caso Aelucoop, denominado ‘Los gánsters de las finanzas’ por la fiscal Irene Mercado Zavala, ha dado un nuevo giro. Este sábado 30 de noviembre, la Fiscalía Supraprovincial Contra la Criminalidad Organizada, a través de su 2.º Despacho, ejecutó un operativo dirigido a 52 investigados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aelucoop) por los presuntos delitos de organización criminal, financiamiento a través de información fraudulenta y otros ilícitos.

El operativo, que involucró un despliegue de fuerzas policiales y fiscales, se realizó en el contexto de una investigación que ha afectado a más de 20 mil ahorristas de la cooperativa, quienes se vieron perjudicados por la mala gestión y los fraudes cometidos. Según las cifras proporcionadas por la Fiscalía, el perjuicio económico causado por los créditos fraudulentos asciende a más de 410 millones de soles y 79 millones de dólares, hasta la fecha de cálculo, el 19 de abril de 2024.

La fiscal Mercado Zavala explicó que la investigación está centrada en una estructura criminal que utilizaba a Aelucoop como un “vehículo de inversión ilícita”. Durante los últimos años, la cooperativa operó fuera de los límites legales, otorgando créditos a empresas vinculadas sin realizar la debida calificación crediticia, lo que permitió la entrega de dinero que nunca fue devuelto. “Esta institución fue defraudada”, declaró la fiscal.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) detectó, en agosto de 2021, graves irregularidades en la administración de la Cooperativa Aelucoop, revelando que esta había agotado la totalidad de su capital social y reservas. Esta situación ocasionó pérdidas superiores a los 400 millones de soles. Según la SBS, la intervención se fundamentó en la manipulación de la información contable y financiera, cuyo propósito era ocultar el nivel real de morosidad y presentar cifras distorsionadas para justificar su gestión.

Óscar Basso, Superintendente Adjunto de Cooperativas de la SBS, indicó en su momento que, durante la administración del gerente general Miguel Zevallos, se alteraron los registros contables para mostrar ingresos y utilidades falsificados, lo que permitió ocultar el verdadero estado de la cooperativa y sobrevalorar su patrimonio. Esto contribuyó directamente al colapso financiero de la entidad.

En enero de este año, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura incautó documentos en la Municipalidad de Morropón-Chulucanas como parte de la investigación preliminar contra el alcalde provincial, Richard Baca Palacios, y el socio mayoritario de la empresa Creatimundo SAC y Grupo Távara Proveedores de Servicios SAC, Daniel Távara Palacios. Ambos están siendo investigados por el presunto delito de colusión agravada, favorecimiento y direccionamiento en el ámbito de la administración pública.

La diligencia, realizada por el fiscal José Jiménez con el apoyo de la perito fiscal contable Yili Pingo Cruz y la Policía Anticorrupción, tuvo como objetivo la incautación de documentos clave de la comuna de Morropón-Chulucanas. Según información de Diario Correo, la investigación se centra en una orden de compra emitida el 11 de marzo de 2023, a favor del Grupo Távara Proveedores y Servicios Generales SAC, por la adquisición de herramientas de ayuda humanitaria para los afectados por las lluvias, por un monto de S/20,465. Posteriormente, el 3 de mayo, esta misma empresa ganó la buena pro para la contratación directa de herramientas por S/89,078, beneficiándose con otras órdenes de compra adicionales. En total, el Grupo Távara habría recibido S/189,527 durante la gestión de Baca.