Presuntas irregularidades sacuden concurso de ascenso en la Policía Nacional del Perú

El Ministerio del Interior (Mininter) ha encendido las alarmas al detectar presuntas irregularidades en el concurso interno de recategorización de suboficiales a oficiales de servicios de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según un comunicado oficial, más de 50 postulantes que participaron en la etapa de entrevistas personales estarían implicados en investigaciones fiscales por diversos delitos o en procedimientos disciplinarios dentro de la institución.

Este proceso, diseñado para ascender a suboficiales con profesión de abogado al rango de oficial, ahora enfrenta un panorama incierto. Las acusaciones podrían desembocar en la anulación del concurso, una medida que el propio ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha solicitado evaluar de manera inmediata.

“De comprobarse estas irregularidades, se procederá con la nulidad del proceso y se designará una nueva Junta Evaluadora”, informó el Mininter en su comunicado.

La situación se agravó porque este concurso, aprobado el pasado 3 de noviembre mediante el reglamento de la Ley N.º 32128, fue concebido bajo principios de imparcialidad e idoneidad. Sin embargo, las denuncias sugieren un desvío de esos valores, desatando cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento.

La etapa de entrevistas personales, que debía funcionar como un riguroso filtro para seleccionar a los mejores candidatos, es el punto crítico de las denuncias. Más de 50 aspirantes con antecedentes disciplinarios o en condición de investigados habrían logrado avanzar en el proceso, contradiciendo los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N.° 013-2024.

Este decreto establece parámetros claros para los postulantes: ser menores de 40 años, contar con un título de abogado registrado en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), estar habilitados por el Colegio de Abogados, tener diez años de servicio ininterrumpido y, sobre todo, no tener sanciones ni investigaciones pendientes.

Pese a estos estrictos lineamientos, el comunicado revela indicios de presunto favorecimiento en la selección, lo que ha generado malestar tanto dentro como fuera de la institución. “No solo es una violación a las normas, sino a los valores que sustentan este tipo de procesos”, señalan las autoridades involucradas en la investigación.

En respuesta a la gravedad del caso, el Ministerio del Interior ha ordenado la intervención de la Inspectoría General de la PNP, el Ministerio Público y la Oficina de Asuntos Internos del Mininter. Estas instituciones trabajarán en conjunto para identificar a los responsables de las irregularidades y adoptar las acciones necesarias.

Además, el Comando de la Policía Nacional deberá tomar decisiones inmediatas para garantizar la legalidad del procedimiento, incluyendo la conformación de una nueva Junta Evaluadora que respete los principios de imparcialidad e idoneidad establecidos por la normativa.

Ahora, la institución policial se encuentra, una vez más, bajo la lupa.

De otro lado, esta semana, Santiváñez, se pronunció en defensa de la (PNP, en medio de críticas hacia la institución. Durante un evento de entrega de 638 motocicletas por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Santiváñez denunció lo que considera una campaña de desprestigio contra la policía, según declaraciones recogidas en el acto.

El ministro afirmó que esta campaña busca generalizar la percepción de corrupción dentro de la PNP, sugiriendo que la presencia de algunos elementos delictivos en sus filas no debería empañar la imagen de toda la institución. “Existe una campaña que pretende hacer creer que más son los policías malos que los buenos”, expresó Santiváñez, quien también mencionó que la policía ha sido descalificada con términos como “trolles”.

Santiváñez enfatizó que no permitirá que estas campañas tengan éxito y se comprometió a defender a los buenos policías de los ataques. “Quien toque a un buen policía, toca al ministro del Interior”, declaró, subrayando su disposición a asumir personalmente los agravios dirigidos a la institución.