Ampliación del Reinfo quedó en pausa: Congreso acuerda cuestión previa para que se realice otro predictamen

Tras un largo debate, la Comisión de Energía y Minas no aprobó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). En su lugar, aprobó una cuestión previa para someter la propuesta a mayor estudio, con 10 votos a favor y 6 en contra.

El proyecto que fue debatido por el grupo de trabajo del Congreso de la República, presidido por Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), propone extender el Reinfo por 12 meses adicionales, hasta finales de 2025. Además, establece que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) podrá prorrogarlo por un año más mediante un decreto supremo.

Ante la decisión adoptada por la mayoría, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, informó a los medios que el día de mañana 29 de noviembre se convocará a una sesión de trabajo para realizar un mayor estudio del documento y realizarle ajustes que convenzan a todos. “Se convocará inmediatamente mañana, no es necesario que los congresistas estén presentes, sino los asesores de los 23 congresistas que conforman la comisión y para empezar a ver cada uno de los puntos”, remarcó Gutiérrez.

Durante el debate, la congresista Diana Gonzales criticó el predictamen: “Presidente, le preguntaba si usted había leído el dictamen de inicio a fin, como maestro que es, porque yo no me imagino un maestro que le diga a sus alumnos ‘no a las drogas’, mientras que tiene un predictamen totalmente abierto al tráfico ilícito de drogas”, expresó. A su vez, Jorge Montoya se pronunció en contra de la propuesta: “Yo considero que no se debe someter a voto el dictamen porque tiene muchos errores, desde mi punto de vista”.

A favor de la cuestión previa que paraliza la extensión del Reinfo

• Diana Gonzales (Avanza País)
• Nilza Chacón (Fuerza Popular)
• César Revilla (Fuerza Popular)
• Cruz Zeta (Fuerza Popular)
• Rosío Torres (APP)
• Esdras Medina (Renovación Popular)
• Enrique Alva (Acción Popular)
• José Jerí (Somos Perú)
• Jorge Morante (Somos Perú)
• Jorge Montoya (Honor y Democracia)
• Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial)

A favor de la cuestión previa que paraliza la extensión del Reinfo

• Raúl Doroteo (Acción Popular)
• Darwin Espinoza (Podemos)
• Jorge Flores Ancachi (Podemos)
• Pasión Dávila (Bancada Socialista)
• Segundo Montalvo (Perú Libre)
• Roberto Kamiche (APP)

Abstención:

• José Balcázar (Perú Libre)
• Jorge Coayla (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo)

Los mineros informales llevan más de una semana protestando en diversas regiones del país, exigiendo la extensión del Reinfo, que caduca el 31 de diciembre. Las manifestaciones han provocado el bloqueo de al menos diez carreteras, paralizando el transporte a nivel nacional. En la Panamericana sur, el paro minero ha dejado camiones varados durante varios días, resultando en la pérdida de toneladas de mercancía. También se han reportado bloqueos de vías en Ica, Cusco, La Libertad y Arequipa.

En Lima, los mineros ya llevan más de diez días acampando en la avenida Abancay, frente al Congreso, con el mismo reclamo. Elisvan Mamani, coordinador de una de las delegaciones de los mineros en la capital, expresó que la propuesta del gobierno, conocida como la ley Mape, no es una solución adecuada para su proceso de formalización.

Horas antes, a través de un comunicado, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) advirtió que la extensión del Reinfo podría fortalecer al crimen organizado y empeorar los problemas de la minería ilegal, como la violencia y la contaminación. La organización señala que la minería ilegal, que ya genera más dinero que el narcotráfico, financia campañas políticas y corrompe a congresistas, poniendo en riesgo la seguridad de todos los peruanos.

Asimismo, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) manifestó su preocupación ante la inminente ampliación del proceso de formalización minera integral y del Reinfo, advirtiendo que estas medidas podrían generar efectos negativos si no se implementan mecanismos de control efectivos. Según el OMI, la falta de supervisión adecuada podría favorecer la minería ilegal, agravar el daño ambiental y afectar a las comunidades cercanas a las zonas de extracción.