Relatora de la ONU advierte que reformas legales del Congreso podrían afectar la independencia judicial

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwait, envió una carta al Gobierno de Dina Boluarte para expresar su “profunda” preocupación por las reformas legales aprobadas por el Congreso de la República.

A través de su cuenta personal de Twitter/X, mencionó que estas medidas podrían “socavar la independencia judicial” en el país, además de contradecir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

“Aprovecho esta oportunidad para recordar que los estándares internacionales enfatizan la necesidad de definiciones claras y precisas de la mala conducta judicial para proteger a los jueces de influencias indebidas y preservar su independencia”, remarcó.

De acuerdo con Margaret Satterthwait, las propuestas a las que se refiere y desea alertar al Poder Ejecutivo son las referentes a:

• La reducción del número de votos requeridos para resolver procesos competenciales, aprobada por el Parlamento.
• La sujeción de la Corte Suprema para prohibir la emisión de precedentes vinculantes que contradigan las decisiones del Tribunal Constitucional, aprobado por el Pleno.
• La iniciativa legislativa de José María Balcázar, de Perú Libre, que pretende restringir el control difuso de los magistrados, es decir, su capacidad para interpretar la Constitución.

La relatora de la ONU advierte que estos cambios generaría que “los procesos judiciales de protección de derechos que cuestionen procedimientos legislativos sean rechazados (...), limitando la resolución de tales reclamos exclusivamente a los procedimientos de inconstitucionalidad”.

También se podría imponer sanciones a jueces, juezas y fiscales cuyas decisiones de condena o detención haya sido revocadas. “Aumenta la compensación por detenciones indebidas; y amplía el delito de prevaricato, elevando la pena, e incluyendo una descripción amplia de las conductas que constituyen el delito”, sostiene. Esto hace referencia a las enmiendas que revisan el artículo 418 del Código Penal (Decreto Legislativo 635).

En ese sentido, resalta que una de las funciones principales de un Poder Judicial independiente es “salvaguardar los derechos humanos y actuar como contrapeso frente al ejercicio de poder que podría poner en peligro esos derechos”.

Finalmente, recuerda que la misiva no tiene como objetivo proporcionar un análisis exhaustivo de todas estas propuestas legislativas o una “revisión histórica del funcionamiento del sistema judicial peruano”. En realidad, precisa que busca centrarse “en el impacto potencial de las reformas específicas discutidas en esta carta sobre la independencia judicial y su compatibilidad con el derecho y los estándares internacionales de derechos humanos”.

El gobierno de Dina Boluarte decidió no observar la ley que modifica el Código Procesal Constitucional, lo que generó preocupación por su impacto en la autonomía del Poder Judicial.

Esta normativa, publicada en el Diario Oficial El Peruano, reduce de cinco a cuatro el número de votos necesarios para declarar fundada una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Esta modificación otorga al Congreso la última palabra en la inhabilitación de funcionarios públicos.

El contexto de esta decisión se enmarca en una serie de demandas competenciales que han sido presentadas ante el Tribunal Constitucional. Una de las más relevantes es la interpuesta por el Congreso contra el Poder Judicial, que fue resuelta a favor de restituir a Aldo Vásquez e Inés Tello en la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, aún está pendiente la demanda presentada por el Ejecutivo, liderado por Dina Boluarte, contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. Esta acción busca detener las investigaciones en curso contra la presidenta, amparándose en el artículo 117 de la Constitución, que protege la inmunidad presidencial.

Si el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda del Ejecutivo, las pruebas obtenidas durante las diligencias de allanamiento en la residencia de la presidenta y en el Palacio de Gobierno podrían quedar sin efecto.