El Poder Judicial ha aprobado un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa constructora Obras de Ingeniería S.A.C. (Obrainsa) en el marco del caso Lava Jato, con lo cual la comprometió a pagar al Estado peruano una reparación civil de más de S/ 81.8 millones. El arreglo de contribución judicial, homologado el 15 de noviembre por el juez Ubaldo Callo Deza, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, representa el cuarto de este tipo dentro del proceso Lava Jato, según una nota de prensa difundida este jueves.
La compañía reconoció su culpabilidad en actos de corrupción relacionados con 11 proyectos de infraestructura y se comprometió a proporcionar información valiosa para los procesos penales en curso. También admitió su participación en el denominado ‘Club de la Construcción’, donde manipuló concursos y licitaciones públicas para aparentar competencia. A esta reparación se sumarán los intereses legales que se pagarán en una cuota adicional.
“Este es el cuarto acuerdo con una empresa aprobado por la justicia peruana en el marco del mega proceso ‘Lava Jato’. Con ello, el Estado comenzará a cobrar la reparación civil de manera adelantada por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Club de la Construcción’, que involucran a los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala, al tiempo que los procesos se fortalecen”, destacó Silvana Carrión Ordinola, procuradora ad hoc para el caso Lava Jato.
Para asegurar el pago de las cuotas de reparación civil, se creará un fideicomiso que será administrado por la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) o el Banco de la Nación. Además, el acuerdo prohíbe a Obrainsa iniciar acciones legales contra el Estado por los proyectos involucrados, tanto a nivel nacional como internacional.
Las acusaciones contra Vizcarra se enmarcan en la investigación del caso conocido como el ‘Club de la Construcción’, por presuntos sobornos recibidos mientras era gobernador de Moquegua en 2013 y 2014. Este cartel de constructoras, tanto peruanas como extranjeras, manipulaba licitaciones públicas a través de sobornos a funcionarios. A Vizcarra se le imputan los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir, con sobornos que oscilaban entre el 1% y el 3% del valor de los contratos.
Recientemente, el exgerente de Obrainsa, Paul Tejada, testificó haber pagado un millón de soles al expresidente para asegurar una licitación. “El primer pago se realizó a través del alquiler de una avioneta, cerca de 40.000 soles (...) Posteriormente, a nosotros nos habían pagado el adelanto directo de la obra y en enero (del 2014) es que él me llama y me pide que se le dé un primer pago e inmediatamente hice todos los trámites internos para atender un pago que fue de 400.000 soles”, detalló.
En noviembre de 2013, Obrainsa, junto con su socia italiana Astaldi, ganó la licitación para la obra Lomas de Ilo a través de un concurso convocado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), aunque la decisión final fue del entonces gobernador. La Fiscalía ha solicitado que Vizcarra sea condenado a 15 años de prisión por presuntos sobornos de 2.3 millones de soles relacionados con este proyecto de irrigación y la ampliación del hospital de Moquegua.
Sobre Ollanta Humala
Según la tesis fiscal, basada en declaraciones de tres colaboradores eficaces, el exmandatario Ollanta Humala y la exprimera dama Nadine Heredia también habrían recibido dinero ilícito del ‘Club de la Construcción’. Se estima que la expareja presidencial recibió entre 16 y 18 millones de dólares en sobornos, aunque su defensa lo ha negado categóricamente.
Un aspirante a colaborador eficaz identificado como Nro. 4-2019 reveló que el empresario José Paredes entregó a Humala una coima de 500,000 dólares en Palacio de Gobierno el 21 de noviembre de 2011. Entre 2011 y 2014, Paredes habría realizado alrededor de 20 entregas de dinero, con coimas que totalizarían una suma considerable. Se alega que Paredes también llevó dinero a la residencia de los Humala.
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