Amenazan de muerte a fiscal en Cusco: Ministerio Público investiga posible vínculo con sospechosos de homicidio

Un fiscal provincial penal y su familia son víctimas de amenazas de muerte por parte de desconocidos, quienes han enviado mensajes e imágenes intimidatorias a su celular en Cusco. Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional del Perú están investigando los hechos y han adoptado medidas para garantizar la seguridad del funcionario y de su entorno.

La Dirección Desconcentrada de la Autoridad de Control del Ministerio Público en Cusco ha confirmado que se han implementado acciones de protección para el fiscal de la provincia de Calca y su familia. Además, un equipo de agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) ha iniciado el seguimiento de las fuentes de las amenazas y se encuentra al frente de las investigaciones.

Según las primeras hipótesis, las amenazas estarían relacionadas con el caso del asesinato de un hombre cuyo cadáver fue hallado en un distrito cusqueño. La investigación de este crimen está a cargo del fiscal amenazado.

El director de esta institución, Erick Vera Alarcón, ha confirmado que el fiscal está siendo objeto de amenazas por parte de personas involucradas en el caso. El fiscal superior explicó que el funcionario del Ministerio Público se acercó a su despacho para denunciar estos actos, los cuales no solo afectan a su familia, sino también a sus amistades.

“Son amenazas que el fiscal ha puesto en conocimiento de mi despacho y ha dicho ‘doctor se nos está intimidando, amenazando a la familia’, y a su ámbito cercano de amistades”, afirmó y acotó: “Son mensajes amenazantes, con condiciones de cambio de conductas, con armas, como nosotros vemos en Lima, también se están utilizando”.

Las amenazas al fiscal estarían vinculadas a las investigaciones sobre el asesinato de Héctor Marchena Yahuarcani (28), originario del Callao. Su cadáver fue encontrado con tres disparos el 27 de febrero de este año en el interior de una vivienda en el distrito de Taray, Calca.

Como parte de las investigaciones, cinco personas fueron detenidas, entre ellas un ciudadano italiano y un menor de edad. La detención ocurrió un día después del hallazgo del cuerpo, tras el hallazgo de una camioneta con placa BXS-549, presuntamente utilizada en el crimen, y el allanamiento de una vivienda en la calle Siete Borreguitos, en el centro histórico de Cusco, donde también se encontraron una pistola, droga y utensilios para la posible microcomercialización de sustancias ilícitas.

En su momento, el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Julio César Becerra Cámara, comentó que el caso parecía estar relacionado con un conflicto de estafa. “Pareciera que hay un tema de estafa, que alguien se ha sentido estafado y no se le ha ocurrido mejor cosa que traer a estas personas, para que, entre comillas, le haga justicia y le puedan devolver un dinero”, indicó.

Las amenazas contra el fiscal, su familia y conocidos estarían relacionadas con una solicitud del fiscal ante la Corte Superior de Justicia de Cusco, para ampliar la prisión preventiva de los detenidos, la cual inicialmente fue establecida por solo 9 meses.

Un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha puesto en evidencia un incremento alarmante de la percepción de inseguridad en varias ciudades del Perú, incluyendo Cusco, donde el 92,8% de la población mayor de 15 años expresa su preocupación por la violencia y el crimen.

Según el mapa de percepción de inseguridad del INEI, Cusco se encuentra entre las ciudades con las tasas más altas, compartiendo estadísticas preocupantes con localidades como Moyobamba (96,5%) y Pucallpa (93,7%).

Asimismo, el estudio revela que otras regiones presentan niveles elevados de percepción de inseguridad, con ciudades como Trujillo (92,4%), Juliaca (91,8%), Piura (91,8%), Chiclayo (91,3%), Puerto Maldonado (91,2%), Huancavelica (90,2%), Arequipa (90,0%) y Tacna (90,0%) destacándose en un rango del 90% al 96,5%. En estas localidades, los ciudadanos muestran una creciente preocupación por su seguridad personal, lo que refleja una falta de confianza en las medidas de protección actuales y en la efectividad de las autoridades para enfrentar la criminalidad.