La empresa concesionaria Rutas de Lima acusó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) de incumplir el fallo del Tribunal Constitucional (TC) en relación con la implementación de vías alternas a la Panamericana Norte, condición necesaria para reanudar el cobro del peaje en el puente Chillón, ubicado en Puente Piedra.
A través de un comunicado, la concesionaria calificó como una “grave situación” el presunto obstáculo que la municipalidad estaría generando al no cumplir con las acciones ordenadas por el TC en su sentencia del 8 de marzo y en el auto aclaratorio del 30 de mayo de este año. Estas decisiones judiciales establecieron que el cobro del peaje en dicho punto no puede reanudarse hasta que se construyan las vías alternas, indicando que la MML tiene la “ineludible obligación” de no demorar ni ralentizar dicha construcción.
Rutas de Lima denunció que la falta de cumplimiento por parte de la municipalidad constituye un “flagrante desacato”, lo que afecta negativamente la inversión de la empresa y los derechos de sus accionistas. En el comunicado, se recalca que esta situación está generando un perjuicio al Estado peruano y a la concesionaria.
“El flagrante desacato de la MML constituye una fuente más de afectación por parte del Estado Peruano de la inversión de RDL y los derechos de sus accionistas”, se lee.
La empresa instó a la MML a informar sobre las acciones inmediatas que tomará para dar cumplimiento a la sentencia del TC. De no hacerlo, advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales a nivel local e internacional en defensa de sus derechos, amparados en el Contrato de Concesión y el marco de protección de los inversionistas.
Este pronunciamiento ocurre 10 días después de que Rutas de Lima denunciara un presunto incumplimiento por parte de la gestión del alcalde Rafael López Aliaga.
Acusan incumplimientos y hostigamientos por parte de MML
En un comunicado emitido el 17 de noviembre, la concesionaria señaló que, aunque no está de acuerdo con la sentencia del TC, ha intentado en repetidas ocasiones coordinar con la MML para ejecutar las acciones requeridas. De hecho, indicó que ha compartido estudios técnicos que validan la viabilidad de una nueva ruta alterna identificada por la misma municipalidad, sobre la cual el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) emitió una opinión favorable.
“De acuerdo a las normas vigentes, la MML es la responsable de que exista la vía alterna. Sin embargo, y con pleno conocimiento del daño irreversible que está generando a Rutas de Lima, la MML no toma acción y no ejecuta lo necesario para revertir la situación”, precisó.
La concesionaria también acusó a la municipalidad de adoptar una actitud poco colaborativa, mencionando una “larga lista de incumplimientos legales y contractuales”, además de señalar que el alcalde López Aliaga y su gestión estarían liderando una serie de acciones de hostigamiento.
“A ocho meses de la emisión de la Sentencia del TC y, pese a las reiteradas solicitudes de RDL, la MML no ha efectuado acción alguna para la construcción de la vía alterna, tornando en la práctica imposible que Rutas de Lima pueda recuperar los recursos que hacen viable la Concesión”, se lee en el comunicado. Finalmente, exhortó al Estado a adoptar acciones inmediatas.
La empresa Rutas de Lima hizo un llamado urgente al Estado peruano para que adopte acciones inmediatas y advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales, tanto a nivel local como internacional, para “defender sus derechos”.
TC suspendió cobro de peajes en Puente Piedra
Esta solicitud se da en el contexto de un fallo del Tribunal Constitucional (TC), que en marzo pasado declaró parcialmente fundado el hábeas corpus interpuesto contra la concesionaria, Rutas de Lima, y dispuso la suspensión del cobro de peajes en la zona de Chillón. La decisión fue adoptada por unanimidad. En la sentencia, el TC estableció que el cobro de peajes debía suspenderse hasta que se implementen medidas que garanticen la libertad de tránsito, lo que incluye la construcción de rutas alternas adecuadas y razonables para la ciudadanía.
Además, los magistrados indicaron que la suspensión del cobro podría mantenerse hasta que la justicia penal determine si el contrato de concesión y la adenda correspondiente tuvieron un origen ilícito o no. El fallo del TC debe contar con calidad de firmeza para que sea de cumplimiento obligatorio.