Un nuevo escándalo sacude a la Policía Nacional (PNP) tras revelarse que el policía Jhon Fernando Choque Valdez, previamente implicado en un feminicidio y una presunta red de trata de personas, se mantuvo en funciones y ahora enfrenta una acusación de violación sexual contra una menor en Tacna.
El caso ha generado serias dudas sobre los procedimientos internos de supervisión y control en la institución policial, que permitieron que el agente siguiera operando sin restricciones. Según un informe difundido este martes en RPP, el Ministerio Público investiga a Choque Valdez por presuntamente abusar de una adolescente de 16 años.
En relación con este caso, Óscar Condori Arratia también fue intervenido, acusado de explotar a la menor durante casi dos meses. “Toda esta situación ha sido prácticamente dos meses de explotación sexual, en el cual la interviene un efectivo policial, abusa de ella… Mi hija está mal, yo quiero justicia para mi hija”, declaró la madre de la sobreviviente.
La investigación detalla que el agente contactó a la adolescente durante un operativo, después de intervenirla por consumo de sustancias ilegales. Siempre según la denuncia, el abuso sexual ocurrió el último 24 de noviembre, tras adormecerla con estupefacientes y amenazarla en múltiples ocasiones. Radio Uno informó que Choque Valdez se presentó fuera de horario en su trabajo en la Comisaría Alto de la Alianza, por lo que fue suspendido por seis meses sin goce de haber.
En 2021, el expolicía Santiago Paco Mamani, sentenciado a cadena perpetua por secuestro, homicidio agravado y otros, vinculó al agente con la desaparición de dos mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados en un pozo de 90 metros en una propiedad agrícola.
El hallazgo destapó una posible red de trata en la región sureña. Desde la clandestinidad, Paco Mamani confesó ser parte de la red y señaló a Choque Valdez como cabecilla. En ese momento, la Defensoría del Pueblo consideró preocupante el manejo de la investigación, ya que “no se habría tramitado de manera oportuna y se habrían presentado diferentes estereotipos de género durante la búsqueda”.
“Las desapariciones como las denuncias de hechos delictivos dentro de la PNP no se estarían llevando de forma célere y eficaz, lo cual atenta contra las obligaciones del Estado en esta materia. En esa línea, se ha exigido a la Fiscalía una profunda investigación con diligencia reforzada que permita sancionar a los culpables de los presuntos feminicidios”, señaló el organismo en un comunicado.
Paco Mamani fue sentenciado junto a su ex pareja Diana Apaza Sayritupa, y sus padres, Jorge Paco Cabrera y Nancy Mamani Huayhua. Este último caso fue llevado a juicio por el Sexto Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tacna.
Admite “ineficacia”
La semana pasada, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, reconoció la “ineficacia” de la institución tras el feminicidio cometido por el oficial Darwin Condori en Comas y destacó la urgencia de implementar reformas normativas para expulsar a agentes imputados por delitos.
Zanabria mencionó que este crimen machista, cometido por un oficial “con antecedentes disciplinarios”, evidencia la necesidad de retirar de manera excepcional a “efectivos que dañan nuestra institución, afectan a la sociedad y enlutan a las familias”.
“No es posible que miles de efectivos policiales, que diariamente se enfrentan con la delincuencia, incluso pudiendo ofrendar sus vidas, vean su labor empañada por otros que enlutan el uniforme. Por ello, es necesario separar la paja del trigo”, añadió.
El jefe policial insistió en que se requiere “una norma excepcional donde estas personas con antecedentes e investigaciones delictivas y criminales sean separadas”, para evitar su permanencia en la institución debido a lo que calificó como “la lentitud procesal de los operadores de justicia y, en algunas formas, la ineficacia de nuestro sistema disciplinario y policial”.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, advirtió que actualmente existen limitaciones para efectuar la medida. “La ley es muy benigna. Nosotros tenemos procesos disciplinarios que duran años y que tienen principios sumamente garantistas”, agregó al mencionar que estos principios obligan, por ejemplo, a reincorporar a un efectivo policial que ha estado recluido una vez que obtiene su libertad, o a mantener en funciones a un denunciado por violación mientras no exista sentencia, como el caso del Darwin Condori.
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