Desde su celda en el penal de Barbadillo, donde permanece desde diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo enfrentó una nueva audiencia para solicitar que su prisión preventiva sea cambiada por comparecencia con restricciones. Durante su intervención, Castillo negó cualquier intención de escapar del país y afirmó que, de ser liberado, su prioridad sería reunirse con su familia.
“Si ahora me dan la oportunidad de estar libre, yo no voy a fugarme. Amo a mi patria, amo este país”, declaró ante el juez César San Martín, quien deberá decidir sobre el pedido en los próximos días. Tal como detalló RPP, la solicitud fue presentada por su abogado, Walter Sifuentes, quien argumentó que la prisión preventiva ya no es necesaria para garantizar el proceso judicial.
La Fiscalía se opone al cambio de régimen
Mientras Castillo defendía su arraigo y amor por el Perú, el Ministerio Público se mantuvo firme en su posición de que el exmandatario debe continuar en prisión preventiva. Según los fiscales, este recurso ya fue evaluado y rechazado en instancias anteriores, y no hay motivos suficientes para cambiar la medida cautelar.
La audiencia estuvo marcada por el debate entre ambas partes. La defensa de Castillo apeló a un enfoque humano, resaltando el impacto de la reclusión en su vida personal y familiar. Por otro lado, la Fiscalía insistió en que la gravedad de los cargos y el contexto de su detención justifican que permanezca en prisión mientras avanza el proceso por presunto delito de rebelión.
El juez San Martín, tras escuchar los argumentos de ambas partes, informó que la decisión será sometida a votación y anunciada en los próximos días. Por ahora, el futuro de Pedro Castillo sigue siendo incierto, mientras él insiste en su inocencia y su compromiso con el país.
Poder Judicial ordena juicio
La semana pasada, el Poder Judicial ordenó que el expresidente Pedro Castillo y varios de sus ministros enfrenten juicio por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La decisión fue tomada por la sala presidida por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, quien emitió una resolución para el auto de enjuiciamiento. El expediente será enviado a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, encargada de programar la fecha y hora para el inicio del juicio oral contra Castillo y sus coacusados.
El Ministerio Público ha denunciado a Castillo por delitos como rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública, por los cuales podría enfrentar una condena de 34 años de prisión. Entre los acusados se encuentran también los exministros Betssy Chávez, ex titular de la Presidencia del Consejo de Ministros; Willy Huerta, exministro del Interior; y Roberto Sánchez, congresista y exministro de Comercio Exterior y Turismo. La Fiscalía solicita una pena de 25 años de cárcel y dos años y medio de inhabilitación para estos tres exfuncionarios.
En el caso de Aníbal Torres, quien fue jefe del Gabinete antes del nombramiento de Betssy Chávez y asesor de la PCM cuando Castillo anunció su autogolpe, la Fiscalía ha pedido 15 años de prisión y dos años y medio de inhabilitación.
Cabe destacar que entre los implicados, solo Pedro Castillo y Betssy Chávez están encarcelados. Castillo permanece en el penal de Barbadillo en Ate desde diciembre de 2022, mientras que Chávez se encuentra en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres en Chorrillos. Esta situación resalta la seriedad de los cargos y el contexto judicial que rodea a los involucrados en los eventos del 7 de diciembre.