Miles de mineros artesanales provenientes de diversas regiones del país, como Arequipa, Ayacucho y La Libertad, mantienen un plantón en la avenida Abancay, frente al Congreso de la República, en pleno corazón del Centro de Lima.
Esta manifestación, que ya cumple 10 días, tiene como principal demanda la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), herramienta clave para su reconocimiento legal y el ejercicio de sus actividades.
Desde el pasado 18 de noviembre, carriles de esta importante arteria limeña han sido ocupados por los manifestantes, mientras un único carril permanece habilitado para el tránsito vehicular, generando una importante congestión.
Carpas y toldos improvisados han transformado la vía pública en el centro de operaciones de los mineros, quienes aseguran que no se retirarán hasta obtener una respuesta concreta del Gobierno.
Tensiones políticas y falta de avances
La reciente censura del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ha añadido un elemento de incertidumbre al conflicto. Según Justo Rodríguez, representante de los mineros de Caravelí, Arequipa, en conversación con Latina Noticias, el descontento no solo responde a la falta de soluciones inmediatas, sino también a lo que consideran una ausencia de voluntad política por parte de las autoridades.
Además, declaró que, aunque han mantenido reuniones con algunos congresistas, las posturas dentro del parlamento se encuentran divididas.
“En estos días hemos dialogado con algunos congresistas, pero hay quienes apoyan y quienes se oponen, porque desconocen nuestra realidad. Estamos contra el tiempo, ya que la legislatura está por finalizar, y si no se actúa ahora, no lograremos nada”, mencionó.
Es importante mencionar que el bloqueo de la avenida Abancay no solo afecta a quienes transitan por la zona, sino también a los comerciantes y residentes del Centro de Lima. A pocos días de la temporada navideña, cuando el flujo de personas y vehículos en la capital aumenta considerablemente, la situación amenaza con agravarse si no se encuentra una solución pronta al conflicto.
Desde el inicio de la protesta, las fuerzas del orden han intentado mantener la situación bajo control mediante vallas metálicas y la presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, la congestión vehicular y el caos continúan siendo una constante.
Proyecto de ley para extender el Reinfo
El congresista Wilson Rusbel Quispe Mamani, de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, presentó al pleno un proyecto de ley que busca extender el proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2027.
La iniciativa plantea una modificación al artículo 6° del decreto legislativo n° 1293 y propone declarar de interés nacional la formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. Asimismo, el texto incluye medidas orientadas a la “reestructuración y sinceramiento” del Reinfo, asignando responsabilidades específicas al Ministerio de Energía y Minas y a los gobiernos regionales.
Entre las disposiciones adicionales, el proyecto contempla la creación de un protocolo para la comercialización de oro, que deberá ser desarrollado por el Ministerio de Energía y Minas en coordinación con otras entidades. De ser aprobada, la ley entrará en vigor el 1 de enero de 2025, y el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días hábiles desde su publicación para emitir su reglamento.
¿En qué consiste la Ley MAPE?
La Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) se presenta como una propuesta para establecer un nuevo marco normativo que sustituya al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), cuestionado por su limitada eficacia y su contribución al incremento de actividades ilícitas.
Según Rómulo Mucho, titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), esta ley tiene como propósito agilizar los trámites de formalización, garantizar mejores condiciones laborales para los mineros, minimizar el daño ambiental y fomentar la adopción de prácticas sostenibles en la minería. Además, el proyecto incluye acciones destinadas a fortalecer la supervisión y control del sector, con la participación de gobiernos regionales y entidades como OEFA y Osinergmin.