Ley de colegiatura: la polémica propuesta del Congreso que dejaría sin trabajo a miles de técnicos que no tienen título

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó un texto sustitutorio, que comprende el proyecto de Ley 8112, que tiene como fin establecer la colegiatura obligatoria y la habilitación permanente para los profesionales titulados de las universidades todo el país. La iniciativa podría afectar a miles de técnicos peruanos que no se han titulado por diversos motivos.

La propuesta, presentada por el parlamentario de Jorge Flores Ancachi, de la bancada de Podemos Perú, precisa que este requisito será necesario para laborar en el Estado, en el sector privado, e incluso como independiente.

De aprobarse la norma en el Pleno del Parlamento, los colegios deberán otorgar de forma gratuita, hasta dos veces por año, y por “pedido de parte, la constancia de habilitación profesional. Además, los inscritos que adeuden cuotas por más de tres años, podrán fraccionarlas hasta en tres partes, “a fin de no perjudicar su ejercicio laboral”.

También se busca modificar el artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades para “establecer como requisito indispensable para el funcionamiento de establecimientos o la atención al usuario o cliente la presentación de la constancia de habilitación profesional actualizada con una vigencia mínima de dos meses para el trámite de apertura del local en la jurisprudencia competente”.

En las disposiciones finales se menciona que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la Ley, en caso oficializarse, en un plazo no mayor de 90 días calendarios contados a partir de la publicación en el diario oficial El Peruano. Los colegios profesionales, por su parte, tendrán que adecuar sus reglamentos en un plazo no mayor de sesenta días, calendario que se contarán luego de que el Gobierno cumpla con el paso anterior.

El congresista de Podemos Perú establece que la ley “fortalecerá la calidad y profesionalismo de los servicios brindados en el Perú” y que “promoverá la actualización y capacitación continúa”.

No obstante, el abogado laboralista Renzo Torres explicó a Exitosa que esta medida no soluciona el problema de la calidad de las profesiones.

“No todas las carreras tienen conexión con el aparato público, ni con un servicio de función pública. Por ejemplo, un licenciado en marketing, no siempre está introducido dentro el servicio público, a diferencia del médico, la enfermera, un profesor, el abogado”, precisó.

Asimismo, sostuvo que la Constitución Política del Perú solo menciona que los colegios profesionales son de derecho público, y que las leyes dictaminarán los casos en los cuales será obligatoria la colegiatura.

“La constitución está premiando el ejercicio libre de la profesión, y está estableciendo aquellas circunstancias en las que tú como profesional sí tienes que estar colegiado”, agrega.

El abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Mario Zúñiga, comentó a través de su cuenta personal de Twitter que esta propuesta “muestra una desconexión de la realidad absoluta”. “¡Necesitamos crecer! ¡Necesitamos facilitar el emprendimiento!”, remarcó.

Esta no es la primera vez que el Poder Legislativo trata de imponer una norma respecto al ejercicio de las labores de los titulados peruanos. Recientemente, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley N.º 32147, que establece la creación del Colegio de Politólogos del Perú, en el diario oficial El Peruano.

Esta nueva institución, de carácter autónomo y de derecho público, busca representar a los profesionales de la ciencia política en el país. La ley, aprobada por el Congreso a principios de octubre a pesar de las críticas de los propios profesionales, también establece la colegiación obligatoria para quienes deseen ejercer la profesión.

Para ser miembro, se requiere contar con un título de licenciado en Ciencia Política, ya sea expedido por universidades peruanas o revalidado si proviene de instituciones extranjeras. La estructura organizativa del colegio incluirá una Asamblea Nacional, un Consejo Nacional, consejos regionales o departamentales, y un tribunal de ética, encargados de administrar y dirigir la organización.