“Ganó la minería ilegal”: Presidente de la Confiep arremete contra el Congreso por censurar a Rómulo Mucho

El Congreso de la República decidió censurar al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y este movimiento ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre el verdadero trasfondo de esta decisión. Para Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep, esta medida no solo representa un revés en la promoción de la minería formal, sino una victoria directa para las redes de minería ilegal, que operan como un “cáncer” en la economía del país.

“La minería ilegal ha ganado una batalla crucial”, afirmó Bustamante en una entrevista con RPP Noticias, resaltando que la censura está vinculada a la postura del exministro frente a la Reinfo y su apoyo a la Ley MAPE, diseñada para regular la pequeña minería y la minería artesanal.

Estas iniciativas, según el empresario, buscaban no solo formalizar a los pequeños mineros, sino también cortar las garras de las mafias que controlan esta actividad ilícita.

Bustamante explicó que la Reinfo, el sistema vigente para formalizar a los pequeños mineros, ha fracasado en su propósito, dejando a miles de trabajadores en manos de redes criminales. “Se les ha abandonado a su suerte, sometiéndolos a condiciones inhumanas: trabajan en socavones como si fueran topos, sin seguridad ni derechos”, denunció.

En este contexto, la Ley MAPE emergía como una solución concreta. Según Bustamante, esta norma buscaba reemplazar el deficiente sistema actual con un marco que protegiera a los mineros artesanales y promoviera el desarrollo sostenible. Sin embargo, las resistencias en el Congreso, alimentadas por desinformación o intereses ocultos, terminaron por frenar esta propuesta.

“El Congreso ni siquiera analizó con seriedad la Ley MAPE”, añadió. Para Bustamante, la censura de Mucho se debió a una mala interpretación de la norma, bajo la falsa creencia de que excluiría a los mineros artesanales, cuando en realidad su objetivo era formalizarlos y alejarlos de las mafias que dominan esta actividad ilegal.

El impacto de la minería ilegal en el Perú no es menor. Según datos estimados, esta actividad genera más de 6,000 millones de dólares al año, dinero que es utilizado para comprar armamento, explosivos e incluso voluntades políticas. “Es la principal actividad ilegal del país”, aseguró Bustamante, quien no dudó en calificar el resultado de la censura como “sospechoso”.

Las implicancias van más allá de lo económico. La minería ilegal está vinculada al tráfico de personas, explotación laboral y daños irreparables al medio ambiente. La destitución de un ministro que promovía políticas para combatir estas prácticas genera serias dudas sobre el compromiso del Estado en esta lucha.

A pesar del golpe político, Bustamante instó al Gobierno a no abandonar la Ley MAPE y a continuar trabajando en soluciones que beneficien a todos los peruanos. “Apelo a la buena fe de los congresistas y a que piensen en el bien del país. Necesitamos leyes que frenen esta actividad ilegal y protejan a nuestros mineros”, concluyó.

Rómulo Mucho, quien ocupaba el cargo de ministro de Energía y Minas en el gobierno de Dina Boluarte, ha sido censurado por el Congreso el último martes 26 de noviembre. La decisión fue tomada con 69 votos a favor, 4 en contra y 13 abstenciones, lo que obliga a Mucho a presentar su renuncia.

La censura se fundamenta en acusaciones de falta de capacidad y negligencia grave en la gestión de su sector. Además, se le reprocha la falta de interés e idoneidad para resolver los problemas que enfrentan los pequeños mineros y mineros artesanales. Esta medida fue impulsada por las mociones presentadas por los congresistas Arturo Alegría, Guido Bellido y Digna Calle.

La salida de Mucho ocurre en un contexto de críticas por la demora en la presentación del proyecto de ley MAPE, que busca regular la minería artesanal y de pequeña escala. Asimismo, se le cuestiona por la tardanza en la designación del nuevo directorio de Petróleos del Perú S.A. (Petroperú), la empresa estatal encargada de la explotación y comercialización de hidrocarburos en el país.