El gobierno de Dina Boluarte decidió prolongar por 45 días más el estado de emergencia en 14 distritos de Lima Metropolitana y Callao. La medida, que entró en vigencia desde este miércoles 27 de noviembre, tendrá una incidencia directa en las celebraciones de Navidad (25 de diciembre) y Año Nuevo (01 de enero de 2025).
La disposición excepcional afecta a zonas con reporte de alta incidencia de crimen organizado, donde principalmente se ve un notorio incremento de casos de extorsión y sicariato. El estado de emergencia, que permite al personal de las Fuerzas Armadas participar en el control del orden interno, ya regía desde el pasado 27 de septiembre. Por tanto, las restricciones que trae consigo se mantendrán y motivará un evidente cambio en la dinámica social durante las celebraciones de fin de año.
De acuerdo al Decreto Supremo N° 129-2024-PCM, la extensión del estado de emergencia aplicará en 13 jurisdicciones de Lima: Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador. Mientras que en el callao regirá en un solo distrito: Ventanilla.
¿Qué implica el estado de emergencia?
Durante el periodo del estado de emergencia, se suspenderán varios derechos constitucionales, entre ellos:
- La inviolabilidad de domicilio
- La libertad de tránsito
- La libertad de reunión
- La libertad y seguridad personales
El Decreto Supremo no precisa un horario específico, pero queda claro que rige durante las 24 horas del día, con el fin de que los militares apoyen en control del orden interno al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Los eventos sociales y espectáculos no quedará prohibidos, pero los uniformados estarán pendientes de que no se produzca ningún hecho que altere la tranquilidad pública. De ser el caso, pueden intervenirlos y suspenderlos.
Durante el estado de emergencia se redoblan los esfuerzos para combatir la delincuencia común, el crimen organizado y el narcotráfico, con un enfoque en fortalecer las labores de inteligencia policial para reducir la actividad criminal y el poder de las mafias.
La medida, además, permitirá realizar un control exhaustivo sobre la entrada y salida de armas, municiones y explosivos del país, así como revisar la validez de las licencias de armas y tarjetas de propiedad.
Según lo establecido en la normativa, también se llevará a cabo una supervisión rigurosa sobre la migración irregular, con operativos destinados a detectar a aquellos que infringen las leyes peruanas.
¿Habrá toque de queda?
Aunque algunos ciudadanos mostraron preocupación sobre el impacto de estas restricciones, el gobierno ya aclaró que la medida no incluye la imposición de un toque de queda durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
En recientes declaraciones a RPP, el general Víctor Zanabria, comandante de la PNP, descartó tajantemente esta opción y señaló que su implementación sería “imposible” debido a la extensión geográfica de Lima y la falta de recursos suficientes para vigilar toda la ciudad.
De acuerdo a Zanabria, se tendría que “triplicar la cantidad de efectivos” para controlar Lima y Callao, algo que es irrealizable dado el contexto actual.
A pesar de las restricciones, la vida cotidiana de los ciudadanos no se verá completamente paralizada. Las autoridades ya confirmaron que el acceso a los distritos en estado de emergencia será posible.
Los distritos más afectados por la violencia, como San Juan de Lurigancho y Comas, son conocidos por sus grandes concentraciones de población y sus celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Las familias suelen reunirse en espacios públicos y privados para compartir, por lo que se anticipa más número de efectivos en zonas comerciales, lo que podría generar un clima de mayor vigilancia.
Las autoridades ya aclararon que, aunque el estado de emergencia tiene como objetivo principal la lucha contra el crimen, también se coordina con otras entidades, como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y los gobiernos locales, para asegurar que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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