La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso peruano, presidida por la congresista Lady Camones Soriano de Alianza para el Progreso (APP), ha aprobado el Proyecto de Ley 8758/2024-PE, Ley de Presupuesto Público 2025.
Este proyecto establece el presupuesto del sector público para el año fiscal 2025, alcanzando un total de S/251.801 millones 45.185. Este monto es superior a los S/251.691 millones propuestos originalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La aprobación se logró con 28 votos a favor, sin votos en contra y una abstención, la de la congresista María Agüero de Perú Libre (PL).El documento aprobado consta de 95 artículos, 105 disposiciones complementarias finales y dos disposiciones complementarias transitorias.
Este presupuesto abarca los créditos presupuestarios máximos para los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, agrupados en el Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a lo estipulado en la Constitución Política del Perú.
La propuesta del Ejecutivo busca asegurar la distribución de recursos para las diversas entidades gubernamentales, permitiendo así la ejecución de políticas públicas y proyectos de desarrollo en todo el país. La congresista Camones destacó la importancia de este presupuesto para el desarrollo económico y social del país, subrayando que se han considerado las necesidades de las diferentes regiones y sectores.
Este presupuesto es fundamental para la planificación y ejecución de las políticas públicas en Perú, y su aprobación en la comisión es un paso clave antes de su debate y eventual ratificación en el Pleno del Congreso. La atención ahora se centra en cómo se implementarán estos recursos para maximizar su impacto en el bienestar de la población peruana.
Presupuesto Público 2025: créditos suplementarios ahora pasarán por el Congreso
A partir de ahora, el financiamiento para los créditos suplementarios y la implementación de políticas públicas deberá ser aprobado mediante una ley del Congreso, en lugar de un decreto supremo del MEF.
Esta modificación, que todavía deberá pasar el filtro del Pleno de la Representación nacional, busca fortalecer el control legislativo sobre el uso de los recursos públicos.
No se consideró la prohibición del MEF que en los créditos suplementarios no se permita destinar recursos para la negociación colectiva, a fin de guardar coherencia con la reciente ley aprobada por el Pleno, que rechazó estas limitaciones a la Ley 31188, Ley de negociación colectiva.
Entre otras disposiciones destacadas, se encuentra la autorización para el nombramiento de hasta el 70% de los profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales del Ministerio de Salud (Minsa ) y sus organismos públicos, así como de las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales.
Además, se permite el nombramiento de hasta el 20% de los trabajadores administrativos de salud y de médicos del Instituto de Medicina Legal. Estas medidas buscan mejorar la estabilidad laboral y la eficiencia en el sector salud.
Gobiernos regionales con más discrecionalidad de gasto
El aprobado proyecto de Presupuestp Público 2025 también incluye disposiciones que permiten a los gobiernos locales y regionales utilizar hasta un 20% de los saldos de balance y de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías mineras.
Estos fondos podrán ser destinados al mantenimiento de infraestructura y a acciones en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.
Para implementar estas medidas, las entidades locales deberán seguir los lineamientos establecidos por el Ministerio del Interior (Mininter).
Este marco busca asegurar que los recursos sean utilizados de manera eficiente y en concordancia con las políticas nacionales de seguridad y mantenimiento de infraestructura.
La autorización para el uso de estos recursos representa un esfuerzo por parte del gobierno para fortalecer la capacidad de respuesta de las administraciones locales frente a desafíos en seguridad y mantenimiento. Este enfoque busca no solo mejorar la infraestructura existente, sino también incrementar la seguridad en las comunidades, un tema de creciente preocupación en diversas regiones del país.
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