Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, pasó a la clandestinidad después de que el juez Richard Concepción Carhuancho declarara fundada la solicitud de 36 meses de prisión preventiva en su contra. Esto, en el marco de la investigación que lo vincula como uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal Waykis en la Sombra.
Aunque el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, confirmó que la presidenta ordenó su pronta ubicación y captura, la reacción fue tardía, porque hace una semana, el domingo 17 de noviembre, el hermano de Dina Boluarte desapareció de la brújula de la justicia y no se presentó a la audiencia, ni de forma física, ni de manera virtual. En esa oportunidad, su abogado, Luis Vivanco, indicó que no había podido comunicarse con su defendido.
Sin embargo, parece que desde la clandestinidad, el hermano de la presidenta intentó jugar una última carta para mejorar su situación legal y le pidió a Humberto Abanto, quien también defiende al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, que sea su abogado.
El viernes 22 de noviembre, se difundió un escrito donde Nicanor Boluarte informaba al Primer Juzgado De Investigación Preparatoria De La Corte Superior Nacional De Justicia Penal Especializada que nombraba a nuevos abogados para su defensa.
Pocos minutos después, Humberto Abanto declaró en RPP que no asumiría la defensa de Nicanor Boluarte, debido a que el juzgado exigía la presencia personal del hermano de la presidenta para ratificar su decisión, algo que, evidentemente, no puede hacer, ya que se encuentra no habido.
“Lo que tengo que decir es que presentamos el escrito y el juzgado nos pidió que el señor Boluarte ratificara personalmente esa designación. Nosotros no vamos a permitir que se quede sin defensa, por lo tanto, le hemos comunicado al juzgado, dado que su solicitud es imposible, nosotros desistimos en asumir la defensa y se mantiene como abogado el doctor Luis Vivanco, quien dicho sea de paso, puede hacer esta defensa con absoluta solvencia, porque es uno de los mejores abogados penalistas que hay en Lima”, explicó.
El abogado penalista reiteró que desiste de la defensa de Nicanor Boluarte, porque este no puede acercarse presencialmente y es así que Luis Vivanco continuará siendo su abogado. Abanto resaltó las cualidades de su colega. “El doctor Vivanco debe mantenerse en la defensa. Además, repito, Luis Vivanco tiene las cualidades suficientes y yo no haría nada que él no podría hacer”, agregó.
Ministros cuestionan prisión de hermano de Dina Boluarte
Tras conocerse que Nicanor Boluarte pasó a la clandestinidad, al igual que Vladimir Cerrón, los ministros de Dina Boluarte salieron a cuestionar la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén denunció la “judicialización de la política” y recalcó que la mandataria no tiene nada que ver en la investigación que enfrenta su hermano.
“Tengo que denunciar, una vez más, la judicialización de la política, y porque nosotros, el que habla en particular, puede percibir una soterrada intención de vincular a la presidenta Dina Boluarte en este caso, para convertirla en una afiebrada idea de que existe una organización criminal”, indicó durante una conferencia de prensa tras una presentación en el Congreso.
Otro de los ministros que salió al frente fue Julio Demartini, quien además está con Dina Boluarte desde que ella era titular del MIDIS, durante el gobierno de Pedro Castillo.
“Vemos un proceso que está siendo politizado, y esa es mi opinión personal. ¿Sabe por qué lo digo? Porque el juez (Concepción) Carhuancho, en la detención preliminar, dio una sanción con restricción de la libertad y la sala superior revocó esa decisión por algo fundamental. El señor (Concepción) Carhuancho señala que el señor Nicanor Boluarte no tenía arraigo laboral y la sala lo corrige”, declaró.
Hay que recordar que Carhuancho no solo se enfrenta a las críticas de los integrantes del gabinete, el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, le sugirió que postule al Congreso, “si quiere legislar”. Esto como respuesta a la negativa del magistrado de aplicar la modificatoria de la ley contra el crimen organizado que el legislador promovió.
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