Ex FARC colombianas controlan el río Nanay de Perú: así operan estas facciones de la mano con mafias de la minería ilegal de oro

Papilón, un líder criminal con documentos de identidad en Perú y Colombia, es señalado como el cabecilla de una facción disidente de las ex FARC que ha tomado el control del río Nanay en la región amazónica de Loreto, según investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Iquitos, difundidas por el medio Epicentro TV. Esta organización ha instaurado una intensa actividad de minería ilegal de oro, provocando una crisis ambiental y social sin precedentes en la zona.

El Ministerio Público ha reunido evidencias que indican que el río Nanay está bajo el dominio de redes criminales transnacionales. La facción disidente, conocida como “Sinaloa” o “Comandos de la Frontera”, ha establecido operaciones mineras ilegales que están causando daños significativos al medio ambiente y afectando gravemente a las comunidades locales. La falta de intervención efectiva por parte del Estado ha permitido que estas organizaciones criminales se apoderen de áreas clave del territorio loretano.

Testimonios de testigos protegidos y mineros ilegales, recopilados por la FEMA Iquitos, han identificado a “Papilón” como el líder de esta organización. Aunque su identidad ha sido revelada a las autoridades, se mantiene en reserva para proteger la integridad de la investigación. La táctica de poseer documentos de identidad en múltiples países es común entre los delincuentes transfronterizos, lo que les permite operar con mayor impunidad.

La situación en la cuenca del río Nanay es crítica. La minería ilegal no solo está destruyendo el ecosistema local, sino que también está generando conflictos sociales, ya que las comunidades afectadas se ven obligadas a enfrentar las consecuencias de la contaminación y la pérdida de sus recursos naturales.

El gobierno peruano ha intentado combatir esta actividad ilegal mediante diversas estrategias, como el Plan Mercurio. Sin embargo, en Loreto, estas medidas no han logrado frenar a los actores ilegales. La falta de coordinación entre las instituciones, la corrupción y la limitada presencia estatal en las áreas remotas de la cuenca del Nanay son algunos de los problemas que explican esta ineficacia.

La situación se complica aún más por la presencia de organizaciones criminales que han establecido vínculos con algunos funcionarios públicos de Loreto, dificultando la implementación de medidas efectivas. Un informe policial de Iquitos, el Informe N°002-2024-DIRNIC PNP/DIRMEAMB-UNIDPMA-Loreto, revela que once policías de la División Ambiental han sido sancionados por diversas faltas, seis de ellas relacionadas con la minería ilegal. Además, siete de estos agentes han excedido su tiempo reglamentario de permanencia en la zona, lo que genera desconfianza entre los pobladores locales hacia las fuerzas del orden.

La Marina de Guerra del Perú también ha enfrentado críticas por su desempeño en la región. Algunos funcionarios del Gobierno Regional de Loreto y de la Policía Nacional expresaron su decepción por la negativa de la Marina a utilizar cámaras de seguridad en el Puesto de Control Yarana, lo que ha generado tensiones y el traslado de personal a Santa María del Nanay.

Las comunidades locales y activistas han intentado resistir la expansión de la minería ilegal, a menudo arriesgando sus vidas. Sin embargo, la falta de apoyo estatal y las amenazas de violencia han obligado a muchos a abandonar la lucha o a buscar refugio en las ciudades. Hasta mayo de 2024, diecisiete personas de la cuenca del Nanay estaban registradas como defensores de derechos humanos por el Ministerio de Justicia, habiendo denunciado amenazas de mineros ilegales.

A nivel nacional, 489 personas están amenazadas por economías ilegales, lo que refleja la magnitud del problema. La extracción ilegal de oro no solo afecta a las comunidades locales, sino también a más de medio millón de personas que viven en la ciudad de Iquitos, quienes dependen del río Nanay para su suministro de agua.

La extracción de oro en esta región utiliza mercurio, un metal que contamina los ecosistemas acuáticos y se acumula en la cadena alimentaria, afectando tanto a las especies locales como a las personas que dependen del río para su sustento. Estudios han demostrado un aumento en los niveles de mercurio en los peces de la región, lo que podría provocar problemas neurológicos y enfermedades cardiovasculares en los humanos.