Mayra Figueroa, directora de Formalización Minera del Minem: “La Ley MAPE no establece condiciones para frenar la ilegalidad”

El proyecto de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), presentado esta semana por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ante el Congreso de la República, no eliminará ni reemplazará el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Mayra Figueroa, titular de la Dirección General de Formalización Minera del Minem, conversó con Infobae Perú sobre los alcances de la nueva norma, que se espera pueda zanjar los problemas de formalización en los próximos seis meses mientras se crean zonas especiales para la minería artesanal en todo el país, aunque en el camino también ha supuesto una moción de censura contra el ministro Rómulo Mucho.

En la propuesta del ministro Rómulo Mucho, por ningún lado se habla de la palabra ‘Reinfo’.

Una de las cosas que ellos nos han dicho, por ejemplo, es que dentro del proyecto de ley no se menciona la palabra Reinfo. Y claro, porque hay que entender que el Reinfo es un registro integral de formalización minera.

Nosotros cuando hablamos del ‘proceso’ o de ‘Reinfo’, no hablamos de Reinfo como tal, sino que hablamos del proceso de formalización. Hablar del proceso de formalización está en la tercera disposición complementaria transitoria, que textualmente te dice ‘tramitación de procedimientos de formalización minera integral’.

Entonces, claro, no usamos la palabra Reinfo, porque no corresponde. Nosotros no hablamos de la continuidad del registro, sino de la continuidad del proceso de formalización minera.

Entonces, ¿De qué se trata la Ley MAPE y cuál es el objetivo que persigue?

En principio, la Ley MAPE es una ley que se ha creado con el objetivo de ordenar el desarrollo de la actividad minera, fomentar la asociatividad también de la industria y sobre todo manejar la simplificación de los procedimientos administrativos. Ese es el objeto principal de la de la ley.

Ahora, hay que considerar que existe una obligación del Estado, en atención a la Ley 31388, que exigía al Ejecutivo presentar un proyecto de ley sobre pequeña minería y minería artesanal, que es lo que hemos hecho.

Sin embargo, y reconociendo la problemática que se tiene respecto a la formalización, una de las disposiciones complementarias transitorias habla del proceso de formalización minera integral y permite que se sigan tramitando los expedientes.

La Ley MAPE, en ese caso, no llega para superponerse al Reinfo.

La ley regula el desarrollo de la pequeña minería y minería artesanal. Esa es la ley. El objetivo de la ley es que cualquier persona natural o jurídica pueda desarrollar la actividad minera a pequeña escala cumpliendo las condiciones. Acá no es un reemplazo del Reinfo.

Lo que se quiere hacer es que todos aquellos que estaban en el Reinfo continúen su trámite, pero ya con la existencia de una normativa que regule la actividad. Pero no estamos hablando de una sustitución, ni otro registro, ni nada por el estilo.

¿Y cómo modifica los plazos del Reinfo, que debía cerrarse hasta el 31 de diciembre?

El proceso de formalización va a continuar. En cuanto se publique la ley -si eso llega a pasar- las direcciones regionales tendrán seis meses para concluir los procedimientos iniciados.

Pasado a los seis meses, en los que podrían no concluir con la totalidad de sus expedientes, tienen un plazo de 60 días para remitir los expedientes al Minem, que a partir de esa fecha se va a encargar de llevar a cabo los procedimientos hasta que concluyan.

La ley está permitiendo una adaptación de los mineros y permitiendo que aquellos que están en el Reinfo procedan con su trámite y continúen hasta lograr formalizarse o, en todo caso, si están en causal de exclusión, se les separe como corresponde.

Entonces, se amplía el Reinfo hasta junio del 2025.

Sí. Y esto también es un clamor que hemos escuchado, porque todos nos dicen el Minem no asume su rol rector o participativo dentro del proceso de formalización. Entonces lo que estamos haciendo es asumiendo esa responsabilidad.

¿Cómo quedan las denuncias a los mineros ilegales inscritos en el Reinfo?

La ley deroga la única disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1351. Este decreto lo que decía era que no podía denunciarse por minería ilegal a quienes se encontraban inscritos en el Reinfo.

Entonces, eso ha hecho que el Reinfo se use, lamentablemente, para cubrirse de una protección del tipo penal. Lo que nosotros hacemos es derogar esa cobertura y permitir que la Fiscalía y la Policía haga correctamente su trabajo.

¿Esta nueva Ley MAPE frenará directamente la minería ilegal?

El proyecto de ley, en realidad, no establece condiciones para frenar la ilegalidad, porque no está dentro nuestras competencias. Pero, por lo menos, con esta derogación lo que queremos es permitir que la Fiscalía y la Policía pueda hacer su trabajo sin esta protección que se tenía.

Hay que la estrategia de lucha contra la ilegalidad se está trabajando a nivel del Alto Comisionado, que es designado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en una comisión en la que el Minem también participa, así como otras entidades del Estado.

Otro punto cuestionado de la Ley MAPE es que permite que los gobiernos regionales sigan inscribiendo a los mineros, algo que se ha convertido, según consultoras especializadas como Videnza, en un incentivo perverso para el financiamiento político.

Debemos considerar que la Ley de Bases de Descentralización, que se dio en el año 2002, traslada competencias a los gobiernos regionales. Dentro de las competencias que les traslada, está minería respecto a la pequeña minería y minería artesanal para el seguimiento, fiscalización y supervisión.

Entonces, este proyecto de ley no puede ir en contra de lo dispuesto en la Ley de Bases, porque para eso tendría que haber otra ley orgánica. Por eso es que lo único que estamos trayendo dentro de este proyecto, como responsabilidad del Minem, es la formalización. La función de formalizar no estuvo considerada dentro de la Ley de Bases de Descentralización.

El proyecto habla de Zonas especiales para minería artesanal.

Sí, es algo que existía antes. Lo que el Estado está haciendo es presentar alguna alternativa que permita a aquellos mineros que, por ejemplo, han venido desarrollando en áreas naturales protegidas o aquellos que han sido excluidos porque no no estaban desarrollando correctamente la actividad o en áreas permitidas, tengan alguna posibilidad de seguir la actividad, pero en espacios que el Estado identifique.

Entonces, el Estado está asumiendo la responsabilidad y el compromiso de apoyar con la identificación de zonas que podrían este tener potencial para desarrollar pequeña minería y minería artesanal y para eso también el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) está considerando el apoyo en cuanto a la prospección minera.

A ver si entiendo, se van a identificar áreas especiales, ¿Y luego se van a concesionar a los pequeños?

Sí, efectivamente podría servir para que se pueda titular la concesión, pero son áreas exclusivamente para pequeña minería y minería artesanal.

No estamos hablando de a nivel Estado, porque tampoco podemos quitar el derecho a otros terceros. Pero sí que el Estado identifique áreas exclusivas para pequeña minería y minería artesanal. Ahora, esto no es que solo en esas áreas se va a desarrollar la actividad, sino que podría desarrollarse en otras áreas en tanto tenga los permisos.

¿Y en cuánto tiempo se podría tener lista esta identificación? Eso puede tomar meses.

Mira, ya el Ingemmet realiza actividades de cateo y prospección. Entonces, ya tiene identificadas algunas áreas naturales, por ejemplo, de no admisión de petitorios mineros.

Podríamos evaluar cualquiera de estas áreas para ver si hay algún potencial y dedicarlas o destinarlas a pequeña minería y minería artesanal. Estamos prestando el servicio de una entidad que ya realiza estas acciones.

¿Podrían circunscribirse estas áreas en zonas de la selva peruana donde, actualmente, se registra contaminación?

En principio, podría ser que esté en cualquier parte del país, pero hay que considerar que, por ejemplo, la minería en ríos está prohibida, entonces el Estado no podría decirte ‘sí, entra a esa área’.

Pero en otras áreas del país sí podría ser que, efectivamente, se identifique un área que no tiene titular de concesión minera y que se encuentren mineros trabajando ahí. En ese caso, se les daría la preferencia o la prioridad para la inscripción de la titularidad de la concesión.

Su proyecto también habla de un sistema interoperable, denominado SIPMA. ¿De qué se trata?

Mira, necesitamos un un sistema, una base de datos que permita consolidar toda la información referida a la pequeña minería y minería artesanal, pero que sobre todo esta base de datos esté interconectada con otras entidades que permita visualizar la información de acuerdo a las competencias de cada entidad y que se permita dentro de este sistema colgar toda la data.

Entonces, en realidad se trata de un sistema de información de todos los procedimientos, por así decirlo, y otros documentos vinculados con la pequeña minería y minería artesanal.

¿Y todas estas propuestas las cruzaron con los mineros o está saliendo básicamente de Minem?

Nuestro proyecto fue socializado en su momento con varios gremios de pequeña minería, con la sociedad, y con otras entidades del Estado. Todo el documento ha pasado por un largo proceso de socialización desde el 17 de julio hasta casi finales de septiembre.

Nos hemos reunido con la Asociación de Pequeños Mineros de la región Áncash, con la Asociación Multisectorial e Interdisciplinario (Amip), la Federación de Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac (Fedecim), la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), la Central Nacional de Mineros del Perú (CENAMI- PERÚ), la Red de Regional de Mujeres Mineras de Madre de Dios, la Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala (Sonamipe), la Central de Cooperativas Mineros, Rinconada y Lunar de Oro, y la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales y Contratistas Chemitos del Sur.

También invitamos a la Conferencia Internacional de Minería (Confemin), pero ellos optaron por retirarse. Estábamos prestos a dialogar, pero ellos indicaron que no estaban de acuerdo y se retiraron, que también es válido.

¿A qué se deben, entonces, las movilizaciones de pequeños mineros en todo el país?

Lamentablemente, creo que hay un mal entendimiento. He escuchado dentro de las manifestaciones el mensaje de que, con este proyecto de ley, todos van a caer en ilegalidad a partir del 1 de enero. Y no es el concepto correcto, es lo que venimos socializando y comentando.

El proyecto establece una transitoriedad, un paso. Permite, en todo caso, que se continúen sus procedimientos. No es objeto del Estado generar ilegalidad, sino por el contrario, nuestra función es promover el desarrollo de la pequeña minería. Definitivamente, pareciera que hay un mal entendimiento de lo que queremos lograr en realidad.