Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, se encuentra en la clandestinidad tras la orden del Poder Judicial que dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra por su presunta implicancia en el caso ‘Waykis en la Sombra’. El Ministerio Público sindica a Nicanor Boluarte como una de las cabezas de esta presunta organización criminal.
El juez que declaró procedente del pedido de los fiscales de Eficcop fue Richard Concepción Carhuancho, en medio de una audiencia que se prolongó por casi tres meses, una demanda ante el Colegio de Abogados de Lima y un pedido de recusación para apartarlo del caso.
Tras la decisión contra el hermano de la presidenta, los ministros de Estado salieron a cuestionar la labor del magistrado, a quien acusaron de haber judicializado la política.
Respaldo
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue el primero en expresar su solidaridad hacia la mandataria por la detención de su hermano y la defendió públicamente, asegurando que ella no tenía nada que ver con la investigación.
“Tengo que denunciar, una vez más, la judicialización de la política, y porque nosotros, el que habla en particular, puede percibir una soterrada intención de vincular a la presidenta Dina Boluarte en este caso, para convertirla en una afiebrada idea de que existe una organización criminal”, indicó durante una conferencia de prensa.
En la misma línea que el jefe de Gabinete, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, criticó la judicialización de la política y consideró que el juez Concepción Carhuancho anunció su decisión en los días posteriores al APEC para desviar la atención y que los logros conseguidos en la reunión de líderes pasen a segundo plano.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, evitó pronunciarse a fondo sobre el caso, pero sí destacó que deben “respetarse los derechos fundamentales de todos”. El ministro de Salud, César Vásquez, dijo que la resolución del juez estaba motivado por el deseo de algunos “mounstros” de desestabilizar el país al involucrar a la presidenta en el caso.
Julio de Martini, titular del MIDIS y uno de los que acompaña a Boluarte Zegarra desde que era ministra de Pedro Castillo, acusó a Carhuacho de tomar una decisión equivocada, motivado por causas políticas.
“Vemos un proceso que está siendo politizado, y esa es mi opinión personal. ¿Sabe por qué lo digo? Porque el juez (Concepción) Carhuancho, en la detención preliminar, dio una sanción con restricción de la libertad y la sala superior revocó esa decisión por algo fundamental. El señor (Concepción) Carhuancho señala que el señor Nicanor Boluarte no tenía arraigo laboral y la sala lo corrige”, declaró.
En el Congreso
Como era de esperarse, algunos parlamentarios, aprovecharon la coyuntura para cuestionar el trabajo de Richard Concepción Carhuancho, pero criticándolo por negarse a aplicar las modificatorias a la ley contra el crimen organizado.
El congresista de Perú Libre, Waldermar Cerrón arremetió contra el magistrado por decir que la ley 32108 tenía nombre propio. Norma que el parlamentario y su partido impulsaron desde el Congreso, que lo beneficia a él y a su hermano, Vladimir Cerrón, quienes son investigados por organización Criminal
“Si el juez Carhuancho desea legislar, que postule al Congreso y deje su despacho para otros jueces que bien podrían ejercer dicha labor sin politizar la justicia”, expresó el legislador.
Como se recuerda, el argumento que el juez usó para negarse a aplicar la nueva norma fue que esta fue hecha con nombre propio, en clara alusión a los hermanos Cerrón.
“Con dicho argumento gaseoso y nada serio, el aludido juez muestra una evidente politización de la justicia desde su despacho, más aún si tenemos en cuenta que el juez no legisla, el juez administra justicia, dando cumplimiento a la ley”, señaló Cerrón.
De hecho, el discurso de una presunta ‘politización de la justicia’ ahora le sirvió de excusa a la junta de Portavoces, poner en agenda el proyecto de ley que se tumba a la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano encargado de nombrar a jueces y fiscales.
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