El jefe de gabinete, Gustavo Adrianzén, mencionó este jueves que la presidenta Dina Boluarte está “consternada” por la orden judicial de 36 meses de prisión preventiva contra su hermano Nicanor, acusado de liderar una red criminal por supuestamente haber intervenido en la designación de prefectos y subprefectos en el país para obtener apoyo en la formación de su partido político.
En una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), citada por la agencia EFE, el premier señaló que, a pesar de esto, la mandataria “se mantiene incólume al frente de sus obligaciones” e indicó que conversó con ella para expresarle su solidaridad y conocer su sentir.
Adrianzén aseguró que ni la mandataria ni él saben “absolutamente nada sobre el paradero del señor Boluarte”, quien se encuentra no habido desde el último domingo y cuyos abogados no han logrado localizar. También criticó que las decisiones judiciales tengan “un estándar de libertad muy bajo” y expresó su preocupación sobre cómo “en este proceso se está tejiendo una historia perversa”, al sugerir que en breve se dirá que la presidenta es la “cabecilla de una organización” criminal.
Según el premier, detrás de la prisión preventiva de Nicanor se encuentra una campaña que busca acusar a la jefa de Estado de “incapacidad moral” para que luego el Congreso pueda destituirla. “Esta es la historia que están tejiendo, y eso es lo que yo tengo que denunciar”, enfatizó antes de ratificar que “la señora presidenta no tiene nada que ver absolutamente con esa causa”.
El premier agregó que “en cualquier otra parte del mundo se podría decir que es una pretensión de derrocar al gobierno de manera inconstitucional”. Sostuvo que la “afiebrada tesis” que pretende vincular a la gobernante en la investigación tiene su origen en “quienes se han visto afectados por las decisiones del gobierno”.
Mencionó, entre estos, a las organizaciones criminales vinculadas con la minería ilegal, los promotores permanentes de la vacancia, las personas que aún piden la libertad del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), a quien calificó de “golpista y corrupto”, y “los que han venido sosteniendo la equivocada tesis de que se vayan todos”.
“Esos son, en mi opinión, los que están detrás de estos intentos de vacancia”, remarcó. Finalmente, expresó que existe una “actitud política desde el Ministerio Público y desde el Poder Judicial” y que “un fiscal no puede ser un actor de cinema, un rockstar”, ni intentar ser “figuras mediáticas que pretenden convertirse en la noticia”.
“Frente a un escenario de esta naturaleza, tenemos que reconocer que hay un problema de judicialización de la política y de politización de la justicia”, acotó. En la víspera, el abogado Luis Vivanco, defensa de Nicanor, mencionó que esperará a que la Corte Suprema analice su apelación para decidir si se entrega a las autoridades.
En una rueda de prensa, agregó que mientras no haya una decisión firme, su patrocinado no puede ser considerado prófugo y calificó la medida del juez como arbitraria. Otro de sus abogados, Josep Campos, afirmó que el hermano de la gobernante decidió personalmente no comparecer y comparó la decisión judicial con una “crónica de una muerte anunciada” debido a la “arbitrariedad” del juez.
La presidenta ha defendido a su familiar desde que se destapó el caso. “Dejen de difamar a mi hermano, que no está participando en absolutamente nada, en ninguna organización de ningún partido, utilizando a prefectos o subprefectos o algún modo económico del Estado (...) No voy a hablar más al respecto. Está la fiscalía, que investigue y llegue a la verdad de los hechos”, dijo a inicios de año.
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