Aidesep, Orpio, Orau y la comunidad matsés de Loreto acusan el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por intentar dividir el movimiento indígena en la Amazonía peruana luego de revelarse que el defensor estaría organizando una cumbre indígena en Pucallpa en alianza con grupos amazónicos que apoyan la Ley Antiforestal y se oponen a Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), lo que consideran una amenaza a sus demandas y unidad.
Las organizaciones indígenas han calificado las acciones de Gutiérrez como “divisionistas” e “irresponsables” por mantener reuniones con personas que promueven intereses contrarios a los pueblos indígenas y están vinculados actividades ilegales.
Esto fue revelado por una serie de reportajes del periodista Ivan Brehaut. En respuesta, Gutiérrez desestimó las acusaciones, en declaraciones a Epicentro TV, y lo calificó de falsedades e “infamias”. Sin embargo, los hechos apuntan lo contrario. ¿A quién defiende el defensor del Pueblo?, cuestionan las organizaciones.
Josué Gutiérrez ha comenzado a realizar actividades con la Organización Nacional de Justicia Especial de los Pueblos Indígenas Nativos y Campesinos (Onajepinc), también conocida como “Justicia Indígena”. Su líder, Segundo Hernández Villoslada, ha sido señalado por su presunta vinculación con actividades ilegales en la región de Loreto.
Onajepinc es denunciada por cobrar a comuneros por servicios no autorizados, como la titulación y demarcación de tierras. En Caballococha, capital de la provincia Mariscal Ramón Castilla, ha sido acusada de difundir información falsa sobre la existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).
La organización, fundada en 2015, ha mantenido una activa presencia en la región, desafiando las afirmaciones del Ministerio de Cultura y de organizaciones indígenas sobre la existencia de estas comunidades.
Testimonios de comuneros en la cuenca del río Loretoyacu y en la Comunidad Nativa Cushillococha indican que Llacson Fasabi Sánchez, representante de Onajepinc , enfrenta procesos ante la Fiscalía por tráfico de tierras.
La organización ha sido vinculada con congresistas peruanos, quienes, apoyan sus actividades. Entre ellos se encuentran miembros de la bancada Honor y Democracia y del Bloque Magisterial.
El jefe de la Agencia Agraria de Caballococha, Kevin Vásquez, ha señalado que Fasabi ha esparcido desinformación y entorpecido la labor del Estado en la zona. Vásquez confirmó que las brigadas de titulación de tierras han sido rechazadas en varias comunidades, influenciadas por Fasabi y otros líderes locales.
Más sobre “Justicia Indígena”
Onajepinc también ha promovido la creación de rondas campesinas y comités de autodefensa, lo que ha generado preocupación por el posible uso de armamento. Noé Rojas Pillco, miembro de la organización, ha sido acusado de incentivar a la población a armarse, aunque él lo niega.
La organización ha sido criticada por su cercanía con altos funcionarios del Estado, incluyendo al Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien ha participado en actos públicos junto a Onajepinc. AIDESEP y otras organizaciones indígenas han denunciado que Hernández Villoslada ha intentado asumir la representatividad de comunidades nativas y promover el cultivo de hoja de coca.
Onajepinc opera en áreas con economías ilegales y poca presencia estatal, como las cuencas de los ríos Uranía, Loretoyacu y Yavarí. En estas zonas, la extracción maderera ilegal y el cultivo de coca predominan, mientras que en la cuenca del Chambira, la minería ilegal es el principal problema.
Serias amenazas a los derechos indígenas
La situación se agrava en un contexto donde las comunidades indígenas de la Amazonía peruana ya enfrentan serias amenazas, como el asesinato de defensores ambientales, el avance de las economías ilegales, narcotráfico, minería, la tala indiscriminada y la contaminación. Estas problemáticas han generado un ambiente de tensión y desconfianza hacia las autoridades, especialmente cuando se perciben acciones que podrían fragmentar su cohesión.
La cumbre nacional indígena, programada para iniciar el 25 de noviembre en Pucallpa, es vista por las organizaciones como un intento de injerencia en sus asuntos internos. “La Defensoría del Pueblo recibe en sus despachos a organizaciones que no representan a comunidades indígenas y están asociadas a grupos activistas que buscan acabar con los pueblos PIACI. Ellos son los que están marcando la agenda en la Defensoría”, denunció Jorge Pérez Rubio, presidente de Aidesep.
La supuesta alianza con grupos que promueven la “Ley Antiforestal”es particularmente preocupante para estas comunidades, ya que consideran que dicha legislación y postura van en contra de sus intereses y derechos.
El reportaje de Epicentro TV destaca que la mayoría del Congreso de la República comparte la agenda de estos grupos amazónicos, lo que aumenta la preocupación de las organizaciones indígenas sobre el impacto que podría tener esta cumbre en sus luchas y reivindicaciones históricas.
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