El transporte público, que debería ser un espacio seguro para todos, se ha convertido en un escenario de pesadilla para cientos de mujeres y adolescentes en Lima y Callao. Aunque se han dado pasos importantes para frenar este delito, la realidad refleja una cifra alarmante: solo en lo que va del año, 232 casos de acoso sexual fueron reportados ante la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). El 93 % de las víctimas son mujeres, muchas de ellas menores de edad, cuyas vidas cambian en un instante tras ser atacadas en su camino diario.
El acoso sexual en el transporte público no discrimina: puede suceder en un bus lleno, en el Metropolitano o incluso en el Metro de Lima. Sin embargo, las estadísticas dejan claro quiénes son las principales víctimas.
Cada caso representa a una persona cuyo espacio personal fue invadido, cuyo trayecto cotidiano se transformó en un episodio traumático. La sensación de inseguridad en los vehículos públicos se ha convertido en un monstruo invisible que acecha en cada esquina, dejando a muchas víctimas con miedo de alzar la voz.
El conductor, el primer defensor contra el acoso
Frente a esta oscura realidad, las normas y protocolos han convertido a los conductores en una pieza clave para detener el acoso. Según el reglamento de la ATU, si una persona denuncia un caso de acoso, el conductor debe activar un protocolo inmediato dependiendo del sistema de transporte:
- En el Metro de Lima, se debe presionar un botón de emergencia para alertar a los equipos de control.
- En el Metropolitano, el reporte debe hacerse al Centro de Gestión y Monitoreo.
- En los Corredores Complementarios, el conductor informa al Centro de Control de la Junta de Operadores.
- En otros transportes formales, se debe buscar la presencia de la policía o del personal de la ATU.
Aunque esta tarea recae en los conductores, muchos usuarios desconocen estos procedimientos, lo que dificulta su implementación en la práctica.
‘Ponle freno al acoso’
La estrategia multisectorial ‘Ponle freno al acoso’ busca cambiar esta realidad. Con módulos de atención en 42 estaciones del Metropolitano, brigadas antiacoso y capacitaciones constantes a los conductores, esta iniciativa está logrando avances significativos. Según la ATU, la percepción de seguridad entre los usuarios del transporte ha mejorado, pasando del 10.3 % al 17 %.
Aunque este incremento parece modesto, representa un paso importante hacia un transporte más seguro. Los módulos de atención y las capacitaciones permiten que las víctimas reciban apoyo inmediato y orientación sobre cómo denunciar el acoso. Además, la presencia de la brigada antiacoso funciona como un recordatorio de que este delito no será tolerado.
Un delito que no perdona
El Código Penal peruano, en su artículo 176° B, clasifica el acoso sexual como un delito grave, castigado con hasta ocho años de prisión. Este artículo incluye cualquier conducta no consentida con intenciones sexuales, ya sea mediante vigilancia, persecución o contacto físico.
A pesar de esta penalidad, muchas víctimas siguen enfrentando barreras al momento de denunciar. El miedo al juicio social, la falta de pruebas y la desconfianza en el sistema judicial son obstáculos que limitan el acceso a la justicia.
Sin embargo, cada denuncia es un paso más para frenar este delito. La ATU, junto con el Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional, trabaja para sensibilizar a la población sobre la importancia de reportar estos casos. Porque solo así, las calles y los buses de Lima podrán transformarse en espacios donde las mujeres y los jóvenes se sientan realmente seguros.
Canales de ayuda
En el Perú, las personas pueden denunciar casos de violencia contra la mujer a través de los siguientes números de emergencia:
- Línea 100: Un servicio gratuito y confidencial que brinda información, orientación y soporte emocional las 24 horas del día.
- 911: Número de emergencia general para situaciones urgentes que requieran intervención de la policía.
- Centro de Emergencia Mujer (CEM): Ofrecen asesoría legal y apoyo psicológico. Se puede acudir de manera presencial a sus oficinas distribuidas a nivel nacional.