Secuestrado, torturado y mutilado de un dedo: joven sufre el robo de 15 mil soles de sus cuentas bancarias en Lurín

Raúl Aguirre, un joven dedicado al comercio mayorista de productos agrícolas, fue víctima de un violento secuestro tras completar una entrega de mercadería en un mercado ubicado cerca del paradero Acho, en el distrito del Rímac. Este ataque ocurrió mientras llevaba consigo una suma de 15 mil soles en efectivo, fruto de las transacciones realizadas durante el día.

Testigos relataron que un grupo de delincuentes lo interceptó y lo obligó a subir a un automóvil de color negro. Dentro del vehículo, Aguirre fue sometido a brutales agresiones cuando se negó a proporcionar las claves de acceso a sus cuentas bancarias. En un acto de crueldad extrema, los captores llegaron a mutilarle un dedo de la mano derecha antes de despojarlo del dinero que llevaba consigo.

Al poner resistencia, según el reporte médico, los delincuentes también golpearon salvajemente al joven y le rompieron la cabeza. A las autoridades policiales, la víctima reconoció que pensó que no saldría vivo.

Luego de consumarse el delito, los delincuentes abandonaron al comerciante en una zona despoblada del distrito de Lurín, al sur de Lima. En un esfuerzo por sobrevivir, logró caminar hasta una zona cercana, donde vecinos locales le brindaron auxilio y contactaron a las autoridades. Fue trasladado, posteriormente, a un centro médico ubicado en Villa El Salvador para recibir atención de emergencia.

El Hospital de Villa El Salvador, en un comunicado oficial, informó que Aguirre ingresó la madrugada del miércoles 20 de noviembre, a bordo de una ambulancia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

Según el reporte médico, el joven presentaba lesiones severas en diversas partes del cuerpo, incluida una profunda herida en la cabeza, además de la amputación traumática de un dedo. El equipo médico actuó rápidamente para estabilizar su estado y evitar mayores complicaciones.

Además, el nosocomio informó que las autoridades policiales fueron notificadas del caso para continuar con las investigaciones pertinentes.

El personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) espera que Aguirre se recupere tanto físicamente como a nivel emocional para recabar su testimonio, pieza clave para el esclarecimiento del crimen.

Mientras tanto, familiares del comerciante han comenzado a colaborar con las autoridades proporcionando datos que podrían resultar útiles en la captura de los responsables. Las camáras de videovigilancia también ayudarán a identificarlos.

Ante la creciente ola de inseguridad, la Policía Nacional ya reiteró la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo a través de su línea de emergencia, disponible las 24 horas, marcando el 105 desde cualquier teléfono móvil. También está habilitada la opción de enviar mensajes a los números de WhatsApp +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156, con el propósito de facilitar la comunicación y brindar asistencia inmediata a las víctimas de crímenes.

El caso de Raúl Aguirre pone en evidencia la escalada de violencia en las zonas urbanas y rurales, exigiendo atención urgente para frenar estas acciones delictivas que afectan no solo a individuos, sino también a las comunidades.

Cabe señalar que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran un incremento de hasta 50 % en la incidencia de secuestros y extorsiones en el primer semestre del 2024.

Datos obtenidos por la entidad y mostrados en el informe sobre estadísticas de seguridad ciudadana emitido el 4 de julio de este año, indican que desde el año 2021, el número de personas mayores de 15 años que aseguran haber sido víctimas de un hecho delictivo ha incrementado de manera sostenida hasta llegar al 27.7 % actual. El mismo periodo de seis meses, pero en el año 2023, era de 27.1 %; mientras que en el año 2022 era de 22.6 %.

Las cifras del INEI también diferencia a las víctimas de diferentes delitos, entre ellas aquellas que fueron afectadas por secuestro y extorsión. En ese sentido, la incidencia de estos crímenes también aumentó, pues para el año 2023 los afectados representaban el 0.2 % de los ciudadanos de zonas urbanas.

En el primer semestre del año 2024, la cifra aumentó hasta el 0.3 %, lo que en cálculos representa un incremento del 50 % y cerca de 26 mil nuevas víctimas de criminales dedicados al cobro de cupos y que pone en riesgo la vida de los ciudadanos.