Jorge Chingay Salazar, otro de los acusados en el caso “Los Waykis en la Sombra”, pasó a la clandestinidad este miércoles para evitar la orden de 36 meses de prisión preventiva dictada en su contra, al igual que el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. Desde su ocultamiento, el imputado declaró ser víctima de una “detención arbitraria” y mencionó que las acusaciones se deben a su negativa a alinearse con ciertos “intereses y apetitos personales” de quienes dirigen el proceso judicial.
“Lo digo de esta manera porque lo demuestro con una denuncia en la Segunda Fiscalía de La Molina que fue archivada contra Mirko Paul Colchado, agente de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac). Él vino por orden de su superior, Harvey Colchado, quien me solicitó que sea aspirante a colaboración eficaz en contra del señor Nicanor Boluarte y que todas las preguntas me las daría de parte de la exfiscal Marita Barreto”, dijo en un audio difundido por Canal N.
El abogado Paul Salcedo, quien lo defiende legalmente, sostuvo que no es relevante conocer el paradero de su cliente mientras se le “persigue” bajo leyes derogadas. “Él ha presentado una denuncia al respecto y, de forma inusual y muy célebre, ya está archivada”, declaró a la misma televisora.
De igual modo, señaló que han solicitado el acceso a todos los documentos relacionados con el sobreseimiento para analizarlos y tomar eventuales acciones ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) o con una denuncia donde se incluyan nuevos elementos de convicción. “Mientras se apliquen normas que no existen, normas que están derogadas, es una acción ilegal y eso no se puede permitir”, añadió.
El caso ‘Los Waykis en la Sombra’ implica una presunta red de organización criminal y tráfico de influencias, además de otros delitos. Según la tesis fiscal, Chingay Salazar actuó como intermediario para que Boluarte contactara a su hermano Noriel, prefecto regional de Cajamarca, con el fin de nombrar subprefectos de confianza a cambio de pagos de entre S/ 3,500 y S/ 5,000.
Gilmer Flores Fernández, subprefecto de Cajamarca, se encargaba de reclutar candidatos y gestionar los pagos, que luego remitía a Noriel. El magistrado determinó que el imputado, quien ya se encontraba en condición de no habido tras una orden de detención preliminar, presenta una alta probabilidad de fuga y podría interferir en las investigaciones, al no haberse acreditado su arraigo domiciliario ni laboral.
Según el colaborador eficaz Víctor Torres, Chingay Salazar habría alertado a sus coinvestigados sobre los allanamientos. Posteriormente, el Gobierno desactivó el equipo especial de la Policía Nacional (PNP), conformado por la Diviac.
Sin rastro
El hermano de la presidenta no se encuentra localizado ni vigilado, a pesar de estar bajo una orden de captura dictada por el Poder Judicial. Según un reporte difundido este miércoles por Canal N, no hay presencia policial en su vivienda, ubicada en el pasaje Daniel Alomía, en San Borja.
Sergio Sanabria, periodista de RPP, informó que ni la Dirección de Inteligencia (DIRIN) ni la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN) habían incluido a Boluarte en sus registros de seguimiento. Además, vecinos afirmaron no haberlo visto en los últimos diez días.
Boluarte está no habido desde el lunes pasado, cuando no compareció a la audiencia donde se debía leer la resolución sobre su prisión preventiva. Al inicio de la audiencia, el juez verificó la presencia de Luis Vivanco, su abogado defensor, quien mencionó en dos oportunidades que no había podido contactar a su cliente.
Otro de sus abogados, Joseph Campos, aseguró desconocer su paradero y justificó una posible fuga: “Nadie podría aconsejarle que se ponga a buen recaudo de una medida hecha por un juez que ya tiene descalificación por ser parcial”, afirmó en RPP.
“Actualmente, no sé dónde está (mi patrocinado). No he tenido mayor contacto con él (...) Si yo fuera el implicado y supiera que existe un prejuicio hacia mí, no permitiría que hagan el espectáculo de detenerme. El señor (juez) adelantó opinión, se ha pedido su apartamiento y no lo ha hecho. Entonces, yo, Joseph Campos, no me sometería a un maltrato mediático, ya que también incluye a la autoridad presidencial. ¿Por qué regalar el acto de una detención a alguien que evidentemente tiene un prejuicio?”, cuestionó.
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