La Oficina General de Administración del Despacho Presidencial ha aprobado la contratación directa para la defensa legal del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), con un monto de S/ 180,000.00, según una resolución difundida este miércoles por Ideele Radio. De acuerdo con el documento, la decisión contó con el visto bueno de la Oficina de Abastecimiento.
La resolución fue emitida en octubre pasado, un mes después de que se presentara la petición. La defensa legal adjudicada a Toledo se destina a su representación en la etapa de juzgamiento hasta la emisión de la sentencia casatoria. El abogado del exgobernante, Roberto Su, confirmó la información a la emisora.
Según el despacho, esta defensa es comparable en importancia a la de la presidenta Dina Boluarte, relacionada con las muertes de manifestantes en las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023. Toledo fue sentenciado a 20 años y seis meses de prisión por colusión y lavado de activos, con lo cual devino en el primer presidente en Latinoamérica condenado por el caso Odebrecht.
Tras la audiencia, su abogado criticó el fallo al señalar que presentaba irregularidades y anunció que apelaría ante una sala superior para corregir la condena y buscar la absolución de su patrocinado. También mencionó que solicitaría arresto domiciliario debido a los problemas de salud del exmandatario, entre ellos cáncer, problemas cardíacos, diabetes y enfermedades psiquiátricas.
“La defensa va a interponer el recurso de apelación. Esperamos que en una segunda instancia se pueda revisar y analizar. Nosotros creemos que establecer una responsabilidad penal y una reparación civil en los términos que han sido planteados realmente es risible (...) La sentencia se basa en el testimonio de (Jorge) Barata y de (Josef) Maiman, pero solo lo que les conviene. Porque antes los señores jueces decían que Barata estaba loco, que se ha equivocado, pero cuando Barata acusa a Toledo, recién tiene razón, esa es la sentencia”, dijo.
En 2022, la administración del expresidente Pedro Castillo aprobó destinar S/ 180,000 para la defensa de Toledo, según una resolución del subsecretario general del Despacho Presidencial. Se trata del primer expresidente peruano condenado por el megacaso de corrupción de Odebrecht al favorecerla en la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, que une Perú y Brasil, entre 2004 y 2005.
El fallo judicial también dictó nueve años de prisión a dos exfuncionarios públicos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo, y 14 años al empresario José Castillo Dibós.
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