Crímenes en la PNP: feminicidio de Sheyla Cóndor pone en evidencia a más de 600 policías investigados por delitos y faltas graves

La investigación del asesinato de Sheyla Cóndor se vio empañada por el presunto encubrimiento del principal sospechoso, el suboficial PNP Darwin Condori Antezana. La familia de Sheyla denunció que efectivos de la comisaría de Comas omitieron tramitar la denuncia de desaparición, a pesar de contar con pruebas como grabaciones de cámaras de seguridad y conversaciones de Whatsapp.

Este caso se suma a una serie de crímenes recientes que reflejan una realidad preocupante dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según declaraciones del exdirector de la institución, el general en retiro Eduardo Pérez Rocha, a Exitosa, al menos 600 policías en actividad están siendo investigados por delitos y faltas graves, desde homicidios hasta violencia de género. Esta es la historia de cuatro casos de violencia policial, entre todos los que aun buscan justicia.

Anthony Camizán Guerrero, estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad de Piura, desapareció en agosto de 2022 tras salir con el suboficial Edixon Rone Córdova Godos, el último en verlo con vida. El policía, señalado como el principal sospechoso, continúa en servicio activo, mientras la familia del joven denuncia inacción y encubrimiento por parte de la PNP y el Estado peruano.

Conversaciones de WhatsApp que Camizán sostenía con una amiga en fechas cercanas a su desaparición revelan que Anthony tenía una relación sentimental con el suboficial, y sufrió violencia física y psicológica. En su última conversación con ella, Anthony advirtió: “Si me sucede algo estoy con Rone. Me está llevando en su moto, no sé a dónde, está muy molesto”.

A pesar de estas pruebas, el suboficial Córdova Godos solo fue considerado como testigo y no sospechoso en las pesquisas del caso. Por ello, los familiares de Anthony denuncian un patrón de encubrimiento donde Córdova fue protegido por sus superiores.

El caso trascendió fronteras cuando el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Estado Peruano que tome acciones urgentes y aplique un enfoque sensible a la orientación sexual de Anthony en la investigación. Sin embargo, hasta la fecha, el estado no informa sobre las investigaciones realizadas por la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional del Perú, y la familia de Anthony Camizán sigue buscando justicia.

El 6 de agosto de 2024, suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Salomón Quispe Mamani, disparó y asesinó a tres miembros de una misma familia dentro de un bus interprovincial a la altura de Chincha. Las víctimas fueron un padre, una madre y su hijo: Rafael Piña (42), Vilma Cárdenas Liendo (47) y Tony Piña Cárdenas (18), quienes viajaban juntos en el vehículo.

Quispe, de 25 años, justificó la masacre alegando que la familia lo seguía para asesinarlo mientras dormía y lo habían amenazado previamente. Estas declaraciones fueron desmentidas por grabaciones de seguridad de la empresa de transportes, que mostraron al agente subiendo al bus en el último momento.

El crimen, perpetrado en plena carretera Panamericana Sur, dejó en shock a los 38 pasajeros. Uno de ellos redujo al policía, evitando que continuara su ataque, ya que este tenía preparada una segunda carga de municiones. El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para Quispe mientras se investiga el caso por homicidio premeditado.

A inicios de diciembre de 2023, el suboficial de tercera de la Policía Nacional, Cristian Córdoba Bermejo, llegó acompañado de su pareja a un hospedaje en el asentamiento humano Consuelo de Velasco, en Piura. Solo minutos después de registrarse, el sonido de un disparo alarmó al personal del lugar.

Según relataron los empleados, Córdoba salió apresuradamente de la habitación y afirmó que iría a buscar ayuda, pero nunca regresó. Al ingresar al cuarto, el encargado encontró el cuerpo sin vida de la mujer, de 34 años. La víctima presentaba un impacto de bala y el suboficial se convirtió en el principal sospechoso del presunto feminicidio.

Las primeras investigaciones la División de Homicidios de la Dirincri Piura señalaron al suboficial de tercera como el presunto responsable del crimen. Sin embargo, la investigación nunca pudo completarse porque semanas después, el 1 de enero de 2024, el policía fue hallado sin vida en Sapillica, Ayabaca. Su cuerpo estaba abandonado en un descampado con dos disparos en la cabeza. Las autoridades manejan 2 hipótesis sobre su muerte: un presunto ajuste de cuentas o encubrimiento de sus colegas.

En octubre de 2024, el ingeniero ambiental Ruddy Lozano Obispo fue asesinado de un disparo en el pecho por el teniente PNP Anderson Quispe Briones tras una discusión en un bar en Cajamarca. Según testigos y grabaciones del local, el policía, bajo los efectos del alcohol, disparó a Ruddy en el pecho a sangre fría antes de huir del lugar.

El atacante intentó fugar con una camioneta y al verse acorralado por un grupo de oficiales escapó por unos matorrales, pero posteriormente se entregó a las autoridades. El abogado de Quispe Briones manifestó que el teniente “le pide disculpas a la familia del ingeniero y a toda la sociedad”, mientras que el Ministerio del Interior (Mininter) informó el inicio de procedimientos disciplinarios para retirarlo de su cargo.

Durante una entrevista con Radio Exitosa, el ex general Pérez Rocha criticó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por permitir que agentes con antecedentes graves, como Darwin Condori Antezana, permanezcan en la fuerza policial pese a denuncias por maltrato y violación.

La permanencia de agentes implicados en crímenes genera un manto de sospecha sobre el sistema de control interno de la PNP. Casos como estos afectan la confianza ciudadana en la institución, al tiempo que evidencian patrones de encubrimiento y falta de rendición de cuentas. Esto plantea una pregunta crítica: ¿qué tan preparados están los órganos de justicia para garantizar que los protectores de la ciudadanía no se conviertan en agresores?

En Perú, las personas pueden denunciar casos de violencia a través de los siguientes números de emergencia:

• Línea 100: Un servicio gratuito y confidencial que brinda información, orientación y soporte emocional las 24 horas del día.
• 911: Número de emergencia general para situaciones urgentes que requieran intervención de la policía.
• Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú - 105: Atiende emergencias policiales.
• Centro de Emergencia Mujer (CEM): Ofrecen asesoría legal y apoyo psicológico. Se puede acudir de manera presencial a sus oficinas distribuidas a nivel nacional.

Además, las víctimas pueden buscar asistencia en comisarías especializadas en violencia familiar o Centros de Salud, donde se ofrecen servicios integrales.