Perú sigue apostando por la explotación de hidrocarburos en la Amazonía peruana, “a pesar de las crecientes preocupaciones sobre el impacto ambiental y social de estas actividades”, de acuerdo a la asociación civil peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Es así que la agencia estatal de promoción de hidrocarburos Perupetro ha confirmado su participación en el evento internacional “Latin America & Caribbean Energy Summit”, que se llevará a cabo del 19 al 21 de noviembre en Punta del Este, Uruguay.
La decisión de Perupetro de promover 39 áreas promocionales para la explotación de petróleo y gas natural, así como la firma de tres convenios de evaluación técnica, ha generado inquietud entre expertos y organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones indígenas peruanas.
Estas entidades han expresado su preocupación por el impacto que estas actividades podrían tener en la biodiversidad y las comunidades locales de la Amazonía, según DAR.
Más de 4 millones de hectáreas de territorios indígenas superpuestas
Perupetro ha anunciado su participación en el Latin America & Caribbean Energy Summit de 2024, donde presentará las “Oportunidades de Exploración y Explotación de Petróleo y Gas en Perú”.
Este evento, que se llevará a cabo en el pabellón internacional, contará con la presencia de importantes empresas del sector energético como Exxon Mobil, Chevron, Repsol y Total.
El presidente del directorio de Perupetro, José Adrián Mantilla Castillo, será el encargado de liderar la presentación. Además, se ha previsto un espacio para negociaciones privadas con potenciales inversionistas, donde se espera la asistencia de altos ejecutivos de estas compañías.
Sin embargo, la promoción de estas áreas de exploración y explotación ha generado preocupación debido a su superposición con más de 4 millones de hectáreas de territorios indígenas, afectando a 21 pueblos indígenas.
Según DAR, no se está garantizando el derecho a la consulta previa, lo que ha suscitado críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos indígenas. Además, estas áreas se solapan con tres Reservas Indígenas y una Reserva Territorial, donde habitan Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), quienes son especialmente vulnerables al contacto externo.
Sofía Rodríguez, especialista de la organización DAR, ha expresado su inquietud por la inclusión de territorios de áreas naturales protegidas en las zonas promocionales, como el Parque Nacional Bahuaja Sonene, donde la extracción de recursos naturales está prohibida por ley.
A pesar de estas restricciones, el Estado peruano planea firmar un convenio de evaluación técnica en estas áreas, lo que podría contravenir el mandato constitucional de protección de la biodiversidad y el sistema de áreas naturales protegidas del país.
Por su parte, César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, ha enfatizado que cualquier empresa que se precie de tener políticas de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos, incluidos los ambientales, debe ser consciente de las implicaciones de esta promoción.
Ipenza advierte que no se pueden fomentar actividades productivas en detrimento de áreas protegidas que cuentan con protección constitucional.
Una Carta Abierta por las inversiones responsables
Perupetro ha anunciado planes para explorar más hidrocarburos en la selva peruana, lo que ha generado una respuesta inmediata de diversas organizaciones de la sociedad civil y grupos indígenas en Perú.
Estas entidades han emitido una Carta Abierta instando a las empresas a realizar inversiones responsables, respetando el marco legal de protección de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) y la preservación de la Amazonía, considerada uno de los últimos pulmones del planeta.
El contexto de este llamado se enmarca en un evento donde se llevarán a cabo conferencias sobre temas energéticos, incluyendo una titulada “Gas natural: seguridad energética e impulso para la transición energética”.
Sin embargo, el gas natural, aunque promovido como una alternativa en la transición energética, no es considerado una energía limpia debido a las emisiones de gases de efecto invernadero que genera.
Además, en el caso peruano, su explotación no ha beneficiado a las comunidades locales ni ha contribuido a reducir las desigualdades en el acceso a servicios básicos para los pueblos indígenas. Un ejemplo de esta situación es el proyecto de gas de Camisea, que tras 20 años de operación, aún no ha proporcionado acceso a energía a las comunidades Machiguengas cercanas a sus instalaciones.
Este caso resalta las preocupaciones de las organizaciones sobre los impactos negativos de la explotación de recursos en la región y la necesidad de un enfoque más sostenible y equitativo en la gestión de los recursos naturales.
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