PJ dictó 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte y otros tres implicados en el caso ‘Waykis en la sombra’

Previo a finalizar la audiencia, el juez dio fecha para el dictado de la decisión contra Mateo Castañeda, sindicado como el brazo legal de ‘Los Waykis en la Sombra’, y Noriel Chingay Salazar. Será el viernes 22 de noviembre a las 10:00 horas.

Los abogados de Nicanor Boluarte, Jorge Ortiz Marreros y Zenovia Vásquez confirmaron que interpondrán el recurso de apelación. La única defensa legal en no responder fue la de Jorge Chingay Salazar, por lo que no se sabe si se sumará a la medida adelantada por los demás letrados o si se encuentra conforme con la decisión del Poder Judicial.

El juez Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, Zenovia Herrera, Jorge Ortiz Marreros y Jorge Chingay.

“Atendiendo que los investigados tienen la situación de libres, se ordena oficiar a las entidades correspondientes tanto a nivel nacional e internacional la ubicación y captura de los cuatro investigados en el centro penitenciario que corresponda”, mencionó.

En el caso de Jorge Ortiz Marreros, el despacho también consideró que se cumple con el elemento de proporcionalidad para dictar prisión preventiva en su contra.

Asimismo, destacó que dicho funcionario, quien continúa trabajando en el sector público, tiene facilidades para salir del país por su vinculación con la presunta organización criminal que lidera Nicanor Boluarte Zegarra, “quien tiene un poder de facto por su vinculación con la presidenta Dina Boluarte Zegarra”, acotó.

En el caso concreto de Jorge Chingay Salazar, el juez estableció que no habría acreditado a cabalidad su arraigo domiciliario ni laboral o económico, pero sobre todo, lo más alarmante es el riesgo de peligro de fuga. “En libertad es posible que pueda eludir las acciones de la justicia”, expresó Concepción Carhuancho.

“La medida contra Zenovia Griselda Herrera Vásquez es indispensable dado que no es posible escoger una medida alternativa, ya que en libertad es probable que fugue. En libertad se pone en riesgo el éxito del proceso”, mencionó el juez Richard Concepción Carhuancho

Nicanor Boluarte: ordenan 36 meses de prisión preventiva contra hermano de la presidenta del Perú, pero está prófugo

El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, aprobó la solicitud del Eficcop. Sin embargo, el familiar de la jefa de Estado tiene paradero desconocido

Por Camila Calderón

El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), aprobó el pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), el cual solicitó 36 meses de prisión preventiva para varios implicados en el caso conocido como ‘Waykis en la sombra’. Entre ellos, a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta del Perú.

Consultado sobre el paradero desconocido de Nicanor Boluarte, el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) no puede actuar sin mandato legal, pese al riesgo de fuga.

“La Policía Nacional detiene y captura a determinadas personas cuando existe mandato legal (…) La Policía actuará dentro del marco de la Constitución y también de acuerdo a sus competencias”, dijo a la prensa.

Cabe mencionar que el hermano de Dina Boluarte se encuentra no habido desde el domingo 17 de noviembre.

El juez Richard Concepción Carhuancho inició con la lectura del peligro procesal de Jorge Luis Ortiz Marreros en los extremos de peligro de fuga y obstaculización.

Sobre el arraigo domiciliario, indicó que se toma con la reserva del caso, ya que la documentación presentada es de carácter formal, pues habría consistido únicamente en documentos como arbitrios y cambio de su DNI, pero cuando ocurrió el allanamiento no se encontró en dicho lugar.

En relación con el arraigo familiar, indicó que existe “cierto arraigo” solo en cuanto a la asistencia económica de su hija, pero no de la asistencia y subsistencia de su hijo, quien vive con su madre, pues los documentos presentados fueron insuficientes.

A juicio del despacho, Chingay Salazar grafica un claro comportamiento obstruccionista de entorpecimiento a la actividad probatoria al conocerse que avisó a Víctor Torres Merino sobre la ocurrencia de un posible allanamiento, quien se lo comunicó a Nicanor Boluarte.

“Esto devela que el investigado contaba con información privilegiada respecto a un posible allanamiento y esto habría tenido una consecuencia importante: la desactivación de la Diviac, la cual se dio en mayo”, mencionó el juez.