Feminicidio de Sheyla Cóndor impacta al Perú: su familia pide justicia, pero el presunto autor era un policía que apareció muerto

El feminicidio de Sheyla Cóndor Torres, de 26 años, ha causado indignación y conmoción en Perú, visibilizando nuevamente la ineficacia en la atención a denuncias de violencia de género.

Sheyla desapareció el 13 de noviembre de 2024 tras salir de su casa en Santa Anita. Cuatro días después, su cuerpo desmembrado fue hallado dentro de una maleta en el departamento de Darwin Marx Condori Antezana, suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el distrito de Comas.

El hallazgo del cuerpo se produjo el 17 de noviembre, tras una intensa búsqueda iniciada por los familiares de Sheyla, quienes denunciaron su desaparición el mismo día que perdieron contacto con ella. Según las cámaras de seguridad del condominio Torres de la Pradera, Sheyla Cóndor fue vista entrando al inmueble de Condori la noche de su desaparición.

Cuando las autoridades ingresaron al departamento del sospechoso, encontraron indicios claros de violencia: restos biológicos que coincidían con el perfil genético de Sheyla y una maleta que contenía sus restos desmembrados. En la escena también se hallaron herramientas que, según los peritos, habrían sido utilizadas para cometer y ocultar el crimen.

El Ministerio Público informó que las pruebas forenses confirmaron que la causa de muerte fue un acto violento previo al intento de desmembrar el cuerpo. Además, se están analizando videos y audios encontrados en el domicilio, que podrían ofrecer detalles clave sobre el crimen.

Darwin Condori Antezana tenía antecedentes por abuso sexual y violencia. En enero de 2023, fue denunciado por su presunta participación en una violación grupal en el mismo departamento. Pese a estos antecedentes, continuaba en servicio activo dentro de la PNP, una situación que ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos.

“La impunidad permitió que este hombre siguiera en funciones y tuviera la oportunidad de cometer este crimen atroz”, expresó Carmen González, representante de un colectivo feminista.

Tras el hallazgo del cuerpo, Condori se dio a la fuga. Fue localizado el 19 de noviembre en una habitación del hotel Las Perlas, en San Juan de Lurigancho. Según la policía, presentaba lesiones autoinfligidas en el cuello y la muñeca izquierda, lo que sugiere un suicidio.

Sin embargo, la familia de Sheyla Cóndor ha exigido acceso al cuerpo para confirmar su identidad. “Queremos ver el cadáver para estar seguros de que él es quien murió. No confiamos en las versiones oficiales”, declaró el hermano de Sheyla, quien además pidió justicia y sanciones para los responsables de permitir que Condori continuara en funciones pese a sus antecedentes.

La familia de Sheyla Cóndor ha sido enfática en su pedido de justicia. Su madre, visiblemente afectada, declaró: “No es solo la muerte de mi hija, es la de muchas mujeres que desaparecen y nadie hace nada. Esto tiene que parar”.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, condenó el crimen y ordenó medidas inmediatas. “No se rendirán honores al suboficial acusado, y cualquier policía que asista a su sepelio será pasado a retiro”, afirmó en un comunicado.

Mientras tanto, la Comisión de Justicia del Congreso ha anunciado que revisará los protocolos de la PNP para atender denuncias de violencia de género y evaluar la permanencia en servicio de agentes con denuncias previas.

Este feminicidio ha reavivado el debate sobre la violencia contra las mujeres en Perú, un país que enfrenta alarmantes cifras en esta materia. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 2023 se reportaron más de 150 feminicidios y miles de casos de mujeres desaparecidas. Organizaciones civiles han señalado que muchas desapariciones terminan vinculadas a feminicidios, pero no todas son investigadas de manera diligente, perpetuando así la impunidad.

Especialistas han advertido sobre graves deficiencias en el sistema judicial y policial. Entre ellas, destacan la falta de seguimiento a denuncias de desapariciones y la ausencia de protocolos efectivos para prevenir hechos violentos contra mujeres en situación de riesgo. Aunque el gobierno ha implementado programas como Aurora y habilitado líneas de emergencia, las víctimas y sus familias enfrentan demoras burocráticas que limitan el acceso a la justicia y dificultan la prevención de nuevos casos de violencia de género.