“Independientemente del hecho de la muerte (de Darwin Condori), aparentemente un suicidio, ello no impide que se pueda seguir haciendo las investigaciones respectivas por un delito de encubrimiento personal y eventualmente, buscar a los coautores o también los partícipes del delito de feminicidio. Todavía queda una lucha insaciable, lógicamente incansable, para poder hallar la justicia”, sostiene Aarón Alemán Yactayo, abogado de la familia de Sheyla Cóndor en diálogo con Infobae Perú.
Según datos preliminares de la Policía, el cuerpo fue encontrado en un hotel de San Juan de Lurigancho y luego trasladado a la Clínica San Juan Bautista, donde se está a la espera de la confirmación de las causas de su muerte. La comunicación de estos hechos es reciente y proviene del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de la PNP, quienes notificaron al abogado
“Este hecho sobre su suicidio no nos va a impedir que se puedan solicitar las garantías respectivas para una debida investigación y se pueda llegar al fondo del asunto”, sentencia.
Alemán enfatizó que, aunque ya han circulado versiones mediáticas, están a la espera de la confirmación oficial tanto de la Policía Nacional del Perú como de la clínica mencionada para tener una narrativa clara y precisa sobre los acontecimientos.
Búsqueda de responsables e investigación lenta
Alemán Yactayo resalta que es imposible que una sola persona haya podido llevar a cabo el crimen atroz y de manera aislada. “Ha necesitado necesariamente personas que hayan podido coadyuvar a este hecho”
Segundo, al momento de llevar a cabo la detención de las personas en el domicilio (de Comas), se ha podido determinar que ha recibido llamadas en particular de un mayor de la PNP y le habría indicado que no pueda lógicamente hallarse en el lugar porque estaba siendo objeto de detención.
Hay un informe policial que, según relata el abogado penalista, da cuenta de que al momento de que esta persona se retira de su centro de trabajo, recibe una llamada de un efectivo policía. A partir de esto habría desaparecido.
Jimmy Cristian Moran, fiscal de la 5.ª Fiscalía Provincial Corporativa especializada en Violencia contra las mujeres en Lima Norte, se encuentra bajo escrutinio por su manejo en el caso de Sheyla Cóndor, que involucra la liberación de seis personas detenidas en un domicilio.
La fiscalía podría solicitar prisión preventiva si se recaban pruebas que vinculen a los liberados con el delito de feminicidio o encubrimiento personal.
Según la defensa de la familia, el fiscal no tomó las medidas necesarias desde el inicio, lo que habría permitido una detención preliminar más prolongada. Esto habría dado tiempo para recopilar pruebas adicionales, como grabaciones de cámaras de seguridad del condominio, que podrían ser cruciales para verificar las declaraciones de los implicados.
La situación se complica por la resistencia de algunos vecinos a entregar registros de video, aunque tanto el ministerio como la policía tienen la obligación de exigir estos registros para integrar la investigación.
Prevención de fuga de más implicados
Alemán Yactayo confirma la implementación de una alerta internacional para prevenir la fuga de otros implicados en el caso. Aunque estos individuos no están acusados de feminicidio, sí enfrentan investigaciones por su posible participación en el encubrimiento del crimen. La medida busca asegurar que estas personas sean debidamente investigadas y procesadas.
El abogado subrayó que el interés principal es lograr justicia para las víctimas y enviar un mensaje de apoyo a quienes han enfrentado situaciones similares de violencia, como feminicidios, violaciones sexuales y maltratos intrafamiliares. La investigación busca no solo esclarecer los hechos, sino también abordar la discriminación de género, especialmente cuando involucra a miembros de las fuerzas del orden.
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