Arequipa asolada por la delincuencia: crimen organizado ha generado pérdidas por más de S/150 millones

Arequipa enfrenta una creciente ola de crimen organizado que ha impactado severamente su economía desde 2019. Ese año, las empresas constructoras que trabajaban en la Ciudad Blanca denunciaron pérdidas superiores a S/150 millones debido a las extorsiones y amenazas de organizaciones que fungen como sindicatos, cifra que se ha multiplicado desde entonces, de acuerdo a cifras oficiales.

Un caso destacado fue el del Centro Penitenciario de Socabaya, donde el Consorcio Penitenciario Misti, compuesto por las empresas Pizarotti de Italia y CMO GROUP de Perú, sufrió pérdidas de más de S/18 millones en solo siete meses.

En un esfuerzo por combatir esta situación, la fiscal Rosmery Mendoza Palomino, de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, ha liderado una investigación que culminará en un juicio contra los líderes de la organización criminal conocida como “Los ladrillos sindicales del sur”.

El juicio contra los cabecillas de esta organización criminal se llevará a cabo en los próximos días. La fiscal Mendoza ha presentado una acusación sólida respaldada por pruebas y testimonios de testigos protegidos, supervisores de obra y transcripciones de comunicaciones interceptadas. Se han solicitado penas de entre 15 y 25 años de prisión para los líderes de la organización.

A pesar de estos esfuerzos, el crimen organizado en Arequipa ha crecido exponencialmente, lo que ha llevado a la población a manifestarse en contra de la extorsión y el sicariato. Durante tres días consecutivos, los ciudadanos salieron a las calles para protestar contra la violencia que afecta a la región.

“Estamos marchando en defensa de la vida contra la muerte, el sicariato y el terror que impone al pueblo la delincuencia”, expresó uno de los manifestantes, reflejando el sentimiento de inseguridad que prevalece en la comunidad.

Arequipa enfrenta una creciente ola de delincuencia organizada que afecta a diversos sectores de la ciudad, desde mercados y tiendas hasta taxistas y grandes empresas. Según declaraciones de Mesías Romero, la extorsión se ha convertido en una práctica común, afectando a la población y generando un clima de inseguridad.

En este contexto, la fiscal Rosmery Mendoza Palomino ha tomado un papel destacado en la lucha contra estas organizaciones criminales, como se evidencia en el caso de “Los ladrillos sindicales del sur”, cuyos miembros enfrentan acusaciones de extorsión agravada.

Los líderes de esta red, José Luis Chapa Díaz y Andrés Saya Alarcón, podrían enfrentar penas de entre 15 y 25 años de prisión. La fiscalía sostiene que estos individuos utilizaban la amenaza y la violencia para paralizar obras y exigir pagos ilegales, afectando tanto a ingenieros como a trabajadores.

El ingeniero Lucar Cabanillas, jefe de supervisión de la obra del Penal de Socabaya, declaró ante la fiscal Mendoza que durante 2019, un gran número de trabajadores no cumplía con sus labores, y aquellos que sí lo hacían eran amedrentados. Esta situación fue corroborada por trabajadores de construcción civil y habitantes de la ciudad, quienes han salido a protestar contra la criminalidad que azota a Arequipa.

El abogado del consorcio penitenciario Misti, Loic Dumas Schmalz, afirmó que la situación no se limitaba a excesos de algunos miembros del sindicato, sino que se trataba de un grupo organizado que extorsionó y agredió físicamente a los ingenieros responsables del consorcio durante varios meses.

Según Dumas, los ingenieros fueron obligados a contratar a más de mil obreros del sindicato, quienes cobraban sin trabajar y no podían ser despedidos debido a las amenazas de tomar la obra.

En 2021, consiguió una sentencia de 25 años de prisión para Alejandro Michael Gamarra por trata de personas agravada. Más recientemente, en septiembre de 2024, obtuvo 36 meses de prisión preventiva contra los cabecillas de la organización criminal “Los Gallegos”.

El programa Contracorriente presentó el testimonio de un obrero extorsionado, quien relató cómo él y sus compañeros eran obligados a retrasar las obras bajo amenazas de violencia. Este tipo de prácticas ha generado un ambiente de temor no solo entre los trabajadores, sino también entre las autoridades y periodistas locales, quienes han sido intimidados por estas bandas criminales.

La economía de Arequipa se destaca por su contribución al Producto Bruto Interno (PBI) nacional, siendo la minería una de sus principales actividades. La región es el primer productor de molibdeno y el segundo de oro y cobre en el país.

Sin embargo, esta actividad económica también podría estar en la mira de organizaciones delictivas, lo que añade una capa de complejidad a la situación de seguridad en la región.

En el primer semestre de este año, la tasa superó el 36,44%, posicionando a Arequipa como la tercera región con mayor criminalidad en el país. John Mesías Romero, Decano del Colegio de Abogados de Arequipa, ha advertido que si no se toman medidas efectivas, para 2025 Arequipa podría superar a Lima en índices de criminalidad.

El incremento de la criminalidad en Arequipa no solo afecta la percepción de seguridad de sus habitantes, sino que también podría tener repercusiones económicas, especialmente en sectores clave como la minería. La falta de acción por parte de las autoridades podría agravar la situación, llevando a un aumento en los índices de criminalidad que ya son alarmantes.