El abogado Joseph Campos, defensor del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, dijo este martes que desconoce el paradero de su cliente y justificó una posible fuga mientras el Poder Judicial decide si dicta 36 meses de prisión preventiva en su contra en el caso de la presunta red de tráfico de influencias ‘Waykis en la Sombra’.
“Nadie podría aconsejarle que se ponga a buen recaudo de una medida hecha por un juez que ya tiene descalificación por ser parcial”, afirmó en una entrevista con RPP. La defensa presentó días atrás una demanda de habeas corpus en la que solicitó retirar al juez Richard Concepción Carhuancho del caso “por falta de imparcialidad”, ya que presuntamente adelantó opinión sobre su culpabilidad.
Además, argumentó que las decisiones del magistrado amenazan la libertad personal de Boluarte y pidió retroceder el procedimiento al momento anterior a discutir la prisión preventiva para que un nuevo juez lo resuelva, lo que implica anular las acciones de Concepción Carhuancho por afección a la libertad.
Campos destacó la importancia de que el sistema democrático garantice la “confianza de los ciudadanos en el juez”. Y sin cuestionar la honestidad del magistrado, manifestó que existe “una tradición de ser carcelero en su desarrollo jurisprudencial”. Según el letrado, “en Alemania, un preso o un detenido que se fuga de un establecimiento carcelario no enfrenta consecuencias porque se entiende que es humano y natural defender su libertad”.
“Actualmente, no sé dónde está (mi patrocinado). No he tenido mayor contacto con él (...) Si yo fuera el implicado y supiera que existe un prejuicio hacia mí, no permitiría que hagan el espectáculo de detenerme. El señor (juez) adelantó opinión, se ha pedido su apartamiento y no lo ha hecho. Entonces, yo, Joseph Campos, no me sometería a un maltrato mediático, ya que también incluye a la autoridad presidencial. ¿Por qué regalar el acto de una detención a alguien que evidentemente tiene un prejuicio?”, cuestionó.
El letrado aseguró que Boluarte cumplió con asistir a todas las diligencias hasta que el juez Concepción Carhuancho dictó un curso en el Instituto Udeápolis. Durante esa actividad, el magistrado presentó diapositivas sobre corrupción en la administración de justicia, en las que incluyó imágenes del hermano presidencial como parte de un organigrama de presunta organización criminal, siempre según la defensa.
El pedido fiscal de 36 meses de prisión preliminar también involucra a Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior; al exabogado de la presidenta, Mateo Castañeda; así como a Griselda Herrera y los hermanos Jorge y Noriel Chingay. Boluarte no asistió a la audiencia del último lunes, y su otro abogado, Luis Vivanco, afirmó que no pudo contactarlo en dos oportunidades.
Trama de influencias
Vecinos del pasaje Daniel Alomía, en San Borja, donde se encuentra su vivienda, aseguraron no haberlo visto en días, informó el periodista Alonso Ramos. La República reportó que durante una de las audiencias virtuales del fin de semana, se habría escuchado a Boluarte coordinar con una tercera persona sobre la necesidad de utilizar un vehículo distinto al habitual, ya que su auto permanece estacionado cerca de su casa.
Según la tesis fiscal, Boluarte es señalado como líder de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de influencias y la designación de prefectos y subprefectos en torno a la creación del partido Ciudadanos por el Perú. Concepción Carhuancho ha indicado que hay una “alta probabilidad” de que el hermano de la presidenta haya estado involucrado en influencias ilícitas y que los hechos que se le atribuyen tienen connotación criminal, con alta probabilidad de su participación.
De igual modo, señaló que para ordenar la prisión preventiva deben cumplirse tres requisitos: graves elementos de convicción, posible pena mayor a cinco años y peligro procesal, y añadió que la medida no es un castigo, sino una forma de garantizar el proceso.
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