Nicanor Boluarte y ‘Los Waykis en la Sombra’: ¿Quiénes integran la presunta organización criminal que dirige el hermano de Dina Boluarte?

La investigación sobre la red denominada ‘Los Waykis en la Sombra’, liderada presuntamente por Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ha revelado detalles sobre una estructura que buscaba influir en designaciones clave a nivel regional en Perú.

Según la Fiscalía, esta organización criminal operaba con el propósito de facilitar la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú a través de prácticas ilícitas.

El caso comenzó a investigarse en mayo de 2024, cuando el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) ejecutó una detención preliminar contra Nicanor Boluarte y otros implicados. Las autoridades sostienen que la red influía en la designación de prefectos y subprefectos, utilizando estas posiciones para consolidar apoyo político.

De acuerdo con la Fiscalía, el grupo operaba bajo una jerarquía en la que Boluarte ocupaba la posición de liderazgo, “impartiendo directrices para el reclutamiento y la afiliación al partido político Ciudadanos por el Perú”, según documentos fiscales. Para lograr sus objetivos, algunos miembros de la organización criminal presuntamente exigían pagos a cambio de nombramientos, afectando regiones como Cajamarca.

• Nicanor Boluarte: Hermano de la presidenta Dina Boluarte, señalado como líder de la red. Según la Fiscalía, dirigía las acciones para asegurar el control político y la afiliación partidaria.
• Mateo Castañeda: Exabogado de Dina Boluarte, acusado de ser el “brazo legal” de la organización criminal, facilitando los trámites para consolidar el control en las designaciones.
• Jorge Luis Ortiz Marreros: Exdirector general de Gobierno Interior, encargado de aprobar los nombramientos que el grupo gestionaba.
• Zenovia Griselda Herrera Vásquez: Responsable de proponer candidatos para ocupar cargos clave en diversas regiones.
• Jorge y Noriel Chingay Salazar: Coordinadores en Cajamarca, acusados de exigir pagos a cambio de garantizar designaciones específicas.

Nicanor Boluarte enfrenta cargos por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho activo genérico. En base a estas imputaciones, el Ministerio Público ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para él y otros cinco implicados, argumentando el riesgo de fuga y la necesidad de garantizar el desarrollo de la investigación.

“El liderazgo de Boluarte dentro de esta red ha quedado evidenciado a través de reuniones y directrices impartidas para asegurar el control en las designaciones”, sostuvo la fiscal a cargo del caso durante la audiencia reciente.

La Fiscalía también ha tomado en cuenta declaraciones de testigos, como el exprefecto Armando Villalobos, quien aseguró que dentro de la organización Dina Boluarte y su hermano Nicanor eran conocidos como “La número 1″ y “El número 2″, respectivamente. Según Villalobos, Nicanor coordinaba directamente las designaciones, mientras que la presidenta tenía conocimiento de estas actividades. Estas afirmaciones forman parte de los elementos de convicción presentados en la investigación.

Frente a estas acusaciones, Dina Boluarte ha reiterado que respeta la independencia de las instituciones y el debido proceso. “Mi compromiso es con la justicia. No interferiré en las investigaciones, aunque se trate de un miembro de mi familia. Nadie está por encima de la ley”, declaró en julio de 2024, tras la detención de su hermano.

La presidenta ha señalado además que su relación con Nicanor Boluarte no influirá en el manejo de las investigaciones, subrayando la importancia de que el sistema judicial actúe con autonomía.

Nicanor Boluarte fue detenido preliminarmente el 10 de mayo de 2024, pero recuperó su libertad bajo medidas restrictivas mientras continúa la investigación. Según la Fiscalía, las pruebas recolectadas incluyen registros de reuniones, comunicaciones entre los implicados y testimonios que confirman la estructura y operaciones de la presunta organización criminal.

Este caso ha generado un fuerte impacto político y social, al vincular a figuras cercanas al Ejecutivo en acciones que comprometen la lucha contra la corrupción en el país. A medida que avanza el proceso, la atención se centra en cómo las autoridades manejarán este caso emblemático en un contexto de alta sensibilidad institucional.

El caso ‘Los Waykis en la Sombra’ se inscribe en una serie de investigaciones recientes que buscan desarticular redes de corrupción en el aparato estatal peruano. La Fiscalía ha reiterado que estas redes representan una amenaza para la gobernabilidad y el respeto al estado de derecho.