Poder Judicial reanuda hoy audiencia de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte por caso ‘Waykis en la sombra’

En medio del juicio por el caso ‘Waykis en la Sombra’ que ha generado gran atención debido a la acusación de organización criminal que involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. El Poder Judicial ha tomado una decisión de último minuto.

El PJ ha pospuesto la decisión sobre la solicitud de prisión preventiva de 36 meses que el Ministerio Público presentó en agosto para Boluarte y otros cinco investigados en el marco de este caso.

La audiencia, que originalmente estuvo programada desde el 18 de noviembre, se continuará este martes 19 de noviembre a las 9:00 a.m. en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Recordemos que, la solicitud de prisión preventiva fue presentada por el Ministerio Público después de que se revelaran supuestos vínculos de los investigados con una organización criminal dedicada a cometer actos de corrupción y tráfico de influencias.

En el caso específico de Nicanor, la acusación sostiene que habría desempeñado un papel clave en la formación y operación de esta red delictiva, utilizando su posición para beneficiar a varios individuos, incluidos funcionarios públicos.

En las próximas horas, se conocerán más detalles sobre la resolución que tomará el juez, lo que marcará un nuevo capítulo en el caso “Waykis en la Sombra”. Mientras tanto, los involucrados continúan siendo investigados por diversos delitos que podrían cambiar el curso de la historia judicial en el país.

Nicanor Boluarte solicita que el juez Richard Concepción sea apartado del caso ‘Los Waykis en la sombra’

El proceso judicial, en el que está involucrado Nicanor Boluarte, dio un giro inesperado cuando su abogado, Luis Vivanco, presentó una solicitud formal para que el juez Richard Concepción Carhuancho sea apartado del caso ‘Los Waykis en la sombra’. Esta petición se realiza en el contexto de la evaluación del pedido de prisión preventiva contra el implicado, quien enfrenta acusaciones de organización criminal y otros delitos graves.

Según el escrito presentado por la defensa, existen presuntos hechos que podrían cuestionar la imparcialidad del magistrado en la conducción del proceso. La solicitud se basa en argumentos del Código Procesal Penal, que establece que cualquier sospecha sobre la objetividad de un juez debe ser considerada seriamente para garantizar que se cumpla el principio del debido proceso.

En el documento, la defensa resalta que han surgido elementos que evidencian un posible conflicto de intereses o una parcialidad que comprometería la transparencia del juicio. El abogado de Boluarte enfatizó la importancia de asegurar que las audiencias, especialmente aquellas relacionadas con la solicitud de prisión preventiva, se lleven a cabo de manera justa y objetiva, sin ninguna influencia externa que pudiera afectar la equidad del proceso.

“Es esencial que el órgano jurisdiccional mantenga una postura imparcial y veraz, especialmente en casos de alta relevancia política, para asegurar que la justicia no sea percibida como parcial o sesgada”, señaló Vivanco en su solicitud.

Estos son los principales implicados en la presunta red de corrupción

El caso ‘Los Waykis en la sombra’ sigue acaparando la atención pública al revelar detalles sobre una presunta red de corrupción vinculada a altos funcionarios y allegados al Gobierno. Según la Fiscalía, esta organización criminal operaba para asegurar el control político en diversas regiones, utilizando el tráfico de influencias y la designación irregular de cargos públicos. A continuación, los principales implicados:

Nicanor Boluarte: Hermano de la presidenta Dina Boluarte, señalado como el líder de la red. Según la investigación, era quien dirigía las acciones para consolidar el control político y la afiliación partidaria en cargos clave del Estado.

Mateo Castañeda: Exabogado de la presidenta, señalado como el “brazo legal” de la organización. Las investigaciones indican que facilitaba los trámites legales necesarios para garantizar las designaciones irregulares y consolidar el dominio de la red en diversas regiones.

Jorge Luis Ortiz Marreros: Exdirector general de Gobierno Interior del Ministerio del Interior. Su rol dentro del esquema habría sido clave, pues aprobaba los nombramientos gestionados por la organización criminal.

Zenovia Griselda Herrera Vásquez: Según la Fiscalía, era responsable de proponer a los candidatos que ocuparían puestos estratégicos en diferentes regiones, asegurando así que la red tuviera control sobre decisiones clave a nivel local.

Jorge y Noriel Chingay Salazar: Vinculados a las operaciones de la red en la región de Cajamarca, los hermanos Chingay son acusados de coordinar la afiliación partidaria y de exigir pagos económicos a cambio de garantizar designaciones específicas en el ámbito regional.