Nicanor Boluarte no habido: hermano de la presidenta no se conecta a audiencia y su abogado no puede localizarlo

El hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte, no compareció este lunes a la audiencia en la que el Poder Judicial decidirá si dicta los 36 meses de prisión preventiva en su contra, solicitados por la Fiscalía como parte de la investigación de una presunta red de tráfico de influencias denominada ‘Waykis en la Sombra’.

Durante el inicio de la audiencia, el juez Richard Concepción Carhuancho registró la presencia del abogado Luis Vivanco, defensa de Boluarte, quien declaró que intentaría comunicarse con él. Por su parte, Jorge Ortiz Marreros, exjefe de la Dirección de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y también imputado en el caso, reportó problemas con su cámara, situación que llevó al magistrado a otorgar unos minutos para solucionarla.

Vecinos del pasaje Daniel Alomia (San Borja), donde se encuentra su vivienda, aseguraron no haberlo visto en días, informó el periodista Alonso Ramos. Según la tesis del Ministerio Público, el pariente de la gobernante es señalado como líder de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de influencias y la designación de prefectos y subprefectos, en torno a la creación de su partido Ciudadanos por el Perú, al haber usado su poder para instrumentalizar el aparato estatal en beneficio de dicha agrupación.

Entre los imputados también se encuentra Mateo Castañeda, abogado de la jefa de Estado. En agosto pasado, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) presentó el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra ambos. Por su parte, la defensa de Boluarte afirmó que se trata de un requerimiento injustificado, ya que su cliente ha demostrado “todos sus arraigos”.

Previamente, había decidido inaplicar la nueva ley sobre crimen organizado en este proceso, al considerar que la norma recientemente aprobada por el Congreso es inconstitucional y contraria a la Convención de Palermo. La norma, impulsada por el vicepresidente del Parlamento Waldemar Cerrón, fue criticada por beneficiar a funcionarios públicos y no incluir delitos contra la administración pública. “Se trata de una ley con nombre propio que ha dejado consecuencias nefastas y seguirá produciéndolas”, añadió el juez.

También afirmó que los hechos atribuidos a Boluarte tienen connotación criminal, con alta probabilidad de su participación, y señaló que, para ordenar la prisión preventiva, deben cumplirse tres requisitos: graves elementos de convicción, posible pena mayor a cinco años y peligro procesal. Añadió que la medida no es un castigo, sino una forma de garantizar el proceso.

La presidenta Dina Boluarte lo ha defendido en reiteradas ocasiones. “Tengan claro por enésima vez que, mi hermano no es parte de este Gobierno (...) Dejen de difamarlo, él no está participando en absolutamente nada, en ninguna organización de algún ningún partido, utilizando a los prefectos y subprefectos o algún modo económico del Estado”, subrayó.