El hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte, no compareció este lunes a la audiencia en la que el Poder Judicial decidirá si dicta los 36 meses de prisión preventiva en su contra, solicitados por la Fiscalía como parte de la investigación de una presunta red de tráfico de influencias denominada ‘Waykis en la Sombra’.
Al inicio de la audiencia, el juez Richard Concepción Carhuancho verificó la presencia de Luis Vivanco, abogado defensor de Boluarte, quien mencionó que intentaría contactarse con él, dado que había estado presente en las sesiones del viernes, sábado e incluso domingo.
Todos los investigados estaban presentes, incluido Jorge Ortiz Marreros, exjefe de la Dirección de Gobierno Interior del Ministerio del Interior y también imputado en el caso. Ortiz Marreros reportó problemas con su cámara, situación que llevó al magistrado a otorgar unos minutos para solucionarla. Tras la pausa, se constató nuevamente la ausencia de Boluarte, y su defensa reiteró que no había logrado localizarlo.
“No he podido comunicarme con mi patrocinado, lamentablemente”, afirmó Vivanco, lo cual fue registrado en el acta por el juez. Vecinos del pasaje Daniel Alomía, en San Borja, donde se encuentra su vivienda, aseguraron no haberlo visto en días, informó el periodista Alonso Ramos. La República reportó que durante una de las audiencias virtuales del fin de semana, se habría escuchado a Boluarte coordinar con una tercera persona sobre la necesidad de utilizar un vehículo distinto al habitual, ya que su auto permanece estacionado cerca de su casa.
El domingo, además, habría sido visto conectándose a la audiencia judicial virtual desde un automóvil, lo que lleva a las autoridades a suponer que se preparaba para desaparecer en caso de una decisión judicial contraria a sus intereses. La decisión puede ser apelada, pero se cumple de inmediato.
Según la tesis del Ministerio Público, Boluarte es señalado como líder de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de influencias y la designación de prefectos y subprefectos, en torno a la creación de su partido Ciudadanos por el Perú, al haber usado su poder para instrumentalizar el aparato estatal en beneficio de dicha agrupación.
Entre los imputados también se encuentra Mateo Castañeda, abogado de la jefa de Estado. En agosto pasado, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) presentó el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra ambos. Por su parte, la defensa de Boluarte afirmó que se trata de un requerimiento injustificado, ya que su cliente ha demostrado “todos sus arraigos”.
Trama de influencias
En la sesión de este lunes, el juez Concepción Carhuancho, quien lleva tres meses evaluando la prisión preventiva, concluyó que hay una “alta probabilidad” de que el hermano de la presidenta haya estado involucrado en influencias ilícitas durante el proceso de designación de prefectos y subprefectos en Cajamarca junto con Ortiz Marreros y Noriel Chingay, quien se desempeñaba como prefecto regional en dicha región.
Previamente, había decidido inaplicar la nueva ley sobre crimen organizado en este proceso, al considerar que la norma recientemente aprobada por el Congreso es inconstitucional y contraria a la Convención de Palermo. La norma, impulsada por el vicepresidente del Parlamento Waldemar Cerrón, fue criticada por beneficiar a funcionarios públicos y no incluir delitos contra la administración pública. “Se trata de una ley con nombre propio que ha dejado consecuencias nefastas y seguirá produciéndolas”, añadió el juez.
También afirmó que los hechos atribuidos a Boluarte tienen connotación criminal, con alta probabilidad de su participación, y señaló que, para ordenar la prisión preventiva, deben cumplirse tres requisitos: graves elementos de convicción, posible pena mayor a cinco años y peligro procesal. Añadió que la medida no es un castigo, sino una forma de garantizar el proceso.
La audiencia fue suspendida para este martes. “Tengo ya la idea de terminar esto. Voy a pedir a los letrados que tomen las providencias porque mañana sí terminamos la decisión y empezamos a las 9 de la mañana”, adelantó el juez.
Boluarte fue arrestado en mayo pasado por solicitud de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, que lo investiga por esta presunta trama de corrupción. Familiares presentes en la detención expresaron su descontento con el trato policial y le desearon fortaleza. “Niego absolutamente todo” y “soy inocente” fueron las únicas palabras que respondió a los reporteros congregados en los exteriores de su vivienda en Lima.
La presidenta, su hermana, lo ha defendido en reiteradas ocasiones. “Tengan claro por enésima vez que, mi hermano no es parte de este Gobierno (...) Dejen de difamarlo, él no está participando en absolutamente nada, en ninguna organización de algún ningún partido, utilizando a los prefectos y subprefectos o algún modo económico del Estado”, subrayó.
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