El caso ‘Waykis en la sombra’ ha experimentado un cambio importante en la investigación que involucra a Nicanor Boluarte. Como se sabe, desde este domingo 17 de noviembre, el juez Richard Concepción Carhuancho evalúa si dicta 36 meses de prisión preventiva al hermano de la presidenta, Dina Boluarte.
En el marco de la investigación, Concepción Carhuancho decidió no aplicar la Ley 32108, una norma que regula el crimen organizado, en el proceso que afecta a Boluarte y otros tres involucrados.
Y es que, el caso se centra en una red criminal presuntamente liderada por Nicanor, que estaría involucrada en delitos como tráfico de influencias y organización criminal. Además de Boluarte, el exdirector general de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, Jorge Luis Ortiz Marreros; Jorge Chingay Salazar, amigo cercano de Boluarte; y Zenovia Griselda Herrera Vásquez, también están siendo investigados por estos cargos.
No va a aplicar Ley 32108
Ante ello, el ‘Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder’ (Eficcop) solicitó 36 meses de prisión preventiva para los cuatro imputados, mientras se desarrolla la investigación. Sin embargo, en esta audiencia clave, el juez Richard Concepción rechazó la aplicación de la Ley 32108 al considerar que esta norma fue modificada en varias ocasiones antes de su promulgación y carece de una justificación clara para los cambios realizados.
Según el magistrado, la ley no puede aplicarse retroactivamente, y el proceso debe regirse bajo el marco legal anterior, específicamente el artículo 317 del Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1244. Concepción Carhuancho argumentó que la aplicación de la nueva ley sería incompatible con la Constitución Política del Perú y la Convención Americana de los Derechos Humanos, citando principios de control difuso y de convencionalidad.
“Se trataba de una ley importante, estaba regulando el crimen organizado, sin embargo, ni siquiera existe una explicación de cuáles fueron las razones que sustentan estas modificatorias. Hay una ausencia de explicación de motivos sobre estos asuntos”, advirtió.
No obstante, el juez dejó claro que la decisión de aplicar la ley anterior obedece a una interpretación constitucional y un respeto a los derechos fundamentales. Concepción Carhuancho explicó que la aplicación de la Ley 32108 podría resultar en una vulneración de los derechos de los investigados, ya que su retroactividad afectaría el debido proceso.
“El juzgado ha llegado a la conclusión que el delito de organización criminal debe regirse por el artículo 317 del Código Penal, modificado por Decreto Legislativo 1244. Ley anterior, no pudiendo aplicarse la Ley 32108, la ley posterior, a pesar de ser más favorable a los investigados, por ser contrario a la Constitución Política del Perú y a la Convención Americana de los Derechos Humanos, en aplicación del control difuso y del control de convencionalidad”, enfatizó.
Dos investigados a solicitud de prisión preventiva
Además de la resolución sobre la situación de Nicanor Boluarte, el juez también tendrá que decidir sobre la solicitud de prisión preventiva para otros dos solicitantes: el abogado Mateo Castañeda y el exprefecto regional de Cajamarca, Noriel Chingay Salazar, quienes también están implicados en el mismo caso. Estos dos nuevos solicitantes se suman a la lista de investigados, lo que sugiere que la red criminal podría ser aún más amplia de lo que se pensaba inicialmente.
El caso ‘Waykis en la Sombra’ no solo pone en la mira a Nicanor Boluarte, sino que también destaca la profunda conexión entre ciertos funcionarios y el presunto tráfico de influencias en el sector público. Mientras tanto, la defensa de Nicanor ha insistido en su inocencia y ha intentado desvirtuar las acusaciones mediante diversos recursos legales.
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