El corazón de la Amazonía peruana está a merced del narcotráfico y su expansión: una investigación conjunta de Mongabay Latam y Earth Genome empleó una herramienta de inteligencia artificial (IA) para identificar 67 pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para el transporte de droga en las regiones de Ucayali, Huánuco y Pasco. La presencia de estas pistas pone en peligro la biodiversidad, debido a la deforestación masiva requerida para su construcción, y amenaza la vida de activistas medioambientales y pueblos originarios, con más de 15 decesos y al menos 28 líderes amenazados en las 3 regiones.
En entrevista con Infobae Perú, Alexa Vélez Zuazo, editora general de Mongabay Latam y coordinadora de la investigación “Los Vuelos de la Muerte”, explicó cómo su equipo fusionó el rigor periodístico con tecnología avanzada para localizar las pistas en zonas que, por ley, son consideradas como intangibles. Además, remarcó la alarmante libertad con la que opera el crimen organizado en la selva peruana debido a la ineficaz presencia del Estado en estas áreas:
“Esas pistas son una evidencia de la impunidad con la que opera el narcotráfico en nuestra Amazonía. Áreas protegidas, reservas y tierras indígenas, concesiones forestales, no hay territorio que se salve”.
Inteligencia artificial para descubrir patrones ilegales
La investigación sobre las pistas de aterrizaje clandestinas en la Amazonía peruana comenzó en un contexto de creciente violencia. Según un mapeo realizado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), desde la pandemia, al menos 15 líderes indígenas han sido asesinados en las regiones de Huánuco, Pasco y Ucayali, mientras que 28 más están actualmente bajo amenaza. Durante la cobertura de estas muertes, los testimonios de las comunidades siempre apuntaron al narcotráfico como el motor detrás de la violencia. Alexa Vélez relató: “De hecho, en algunos de los viajes a campo registramos las primeras pistas de aterrizaje clandestinas, pero no teníamos la capacidad ni la tecnología en ese momento para entender la magnitud de este problema”.
Fue entonces cuando el equipo decidió sumarse a una colaboración con Earth Genome, una organización californiana especializada en el análisis satelital, con el respaldo del Pulitzer Center. Se propusieron mapear de manera precisa estas instalaciones ilegales, recurriendo a tecnología avanzada para superar las barreras impuestas por la complejidad del terreno y las zonas de difícil acceso. Así, Earth Genome utilizó datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Gobierno Regional de Ucayali para entrenar una herramienta de inteligencia artificial (IA) capaz de detectar patrones en imágenes satelitales que coinciden con los trazos característicos de las pistas de aterrizaje clandestinas.
En solo cuatro meses de investigación, el equipo descubrió que la magnitud de la amenaza estaba mucho más extendida de lo que inicialmente imaginaron: la herramienta de IA logró identificar 128 posibles pistas en seis regiones amazónicas del Perú: Loreto, Cusco, Madre de Dios, Huánuco, Pasco y Ucayali. “Lo que encontramos fue abrumador” afirmó Vélez, ya que el narcotráfico se había infiltrado en las áreas más protegidas de la Amazonía.
Violencia y deforestación en el “nuevo VRAEM”
Para profundizar en sus hallazgos, los investigadores se concentraron en la región formada por Huánuco, Pasco y Ucayali, un nuevo foco del narcotráfico conocido como “el nuevo Vraem” y que Mongabay bautizó como “el triángulo de la muerte”:
“Decidimos trabajar en las tres regiones donde la mayoría de líderes indígenas han sido asesinados, para entender las causas detrás de su muerte”, dijo Alexa Vélez Zuazo
El trabajo de verificación confirmó la existencia de 67 narcopistas en el “triángulo de la muerte”, así como datos clave sobre su uso, extensión y cercanía a ríos o carreteras. Al sobreponer la ubicación geográfica de estas pistas en mapas de territorios sensibles como comunidades indígenas, áreas protegidas, concesiones forestales y reservas para pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI), los hallazgos fueron aún más comprometedores: 30 de estas pistas vinculadas al narcotráfico se encuentran dentro de comunidades nativas, y 26 en sus alrededores.
El análisis de Mongabay exhibe un desplazamiento de rutas del narcotráfico hacia áreas menos controladas. “Esto solo confirma que los lugares apartados, remotos y a los que no se les presta mucha atención están siendo tomados. Frente a la presión en el VRAEM, las rutas para sacar la droga del país se han movido a otras regiones donde existe menos control”, explicó Vélez Zuazo.
Una de las principales consecuencias de la construcción de estas pistas es la deforestación: Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el 64% de la pérdida de bosques en el Perú entre 2018 y 2022 está directamente relacionada con el narcotráfico. Además, Mongabay indica que para abrir las 67 pistas se tuvo que deforestar al menos 46 kilómetros de bosque, lo que equivale a la distancia entre los balnearios de Pucusana y Asia.
Un impacto social devastador
Aparte de la destrucción del ecosistema, las comunidades indígenas del “triángulo de la muerte” enfrentan las repercusiones directas de la expansión del narco, como es el caso de dos comunidades vecinas yanesha, situadas en el límite entre las regiones de Huánuco y Pasco, que solas soportan la presión de 15 pistas. Aparte, diez narcopistas más han sido detectadas dentro de nueve concesiones forestales destinadas al aprovechamiento sostenible del bosque.
A pesar de las intervenciones del gobierno, las pistas se reabren rápidamente, lo que refleja la impunidad del narcotráfico y la vulnerabilidad de los pueblos originarios. Según el coronel PNP James Tanchiva, a los traficantes les basta una semana para restablecer las operaciones. “Las organizaciones que trafican drogas tienen buena logística, su brazo armado y dinero. Esa es la realidad”, señaló a Mongabay.
El equipo investigador espera que los hallazgos lleven a medidas de protección para las comunidades originarias afectadas y una respuesta más eficaz de las autoridades regionales. “La presencia del Estado es clave para proteger a los líderes hoy amenazados”, finalizó Alexa Vélez. “Han muerto 15 personas desde la pandemia y esperamos que la lista de víctimas no siga creciendo. Los operativos no están funcionando, pues las pistas se reabren rápidamente. ¿Quiénes enfrentan las represalias? Las personas que viven en esos territorios”.