El escándalo de corrupción que involucra al empresario minero Javier Miu Lei aun continúa. Hace unos meses, el empresario minero fue señalado por los hermanos Siucho de pagar un millón de dólares a la fiscal Elizabeth Peralta, con la presunta intención de recuperar una carga de oro incautada por las autoridades.
El pago habría sido realizado a través de Andrés Hurtado, exconductor de televisión y conocido como “Chibolín”. Las revelaciones han conmocionado al sector empresarial y judicial, mientras la fiscalía suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos ya considera a Miu Lei como principal responsable de un posible delito de tráfico de influencias.
La denuncia, que comenzó con un enfrentamiento familiar, se ha convertido en una investigación de gran alcance. Javier Miu Lei, quien fue citado a declarar ante la Fiscalía, confirmó parte de las acusaciones y detalló cómo surgió su relación con el exconductor de televisión, Andrés Hurtado, quien habría sido el intermediario en este supuesto soborno.
Según Miu Lei, a través de Hurtado, se habría intentado ejercer presión sobre la fiscal Peralta para que liberara la carga de oro incautada a la empresa Lomas Doradas, en la que Miu Lei ocupa el cargo de gerente de inversiones.
La conexión con Chibolín y el conflicto familiar
El testimonio de Javier Miu Lei, ofrecido durante su audiencia ante el fiscal José Espinoza y publicado por el dominical Punto Final, ha dado un giro inesperado a la investigación. Miu Lei confesó que conoció a Andrés Hurtado en el contexto de la pandemia, cuando, debido a las restricciones, varios amigos se reunían en la casa de Hurtado, ubicada en la urbanización Colinas de Monterrico, en Surco. Fue en ese escenario donde, según el empresario, entabló una relación de amistad con el expresentador de televisión.
“A partir de 2020, mis primos Ivan, Roberto, Martín y Jaime Siucho entrenaban en la casa de Andrés. Ellos me invitaron a hacer lo mismo, y así fue como nos conocimos. Nos hicimos amigos, aunque yo dejé de ir a sus reuniones porque en esa época la pandemia estaba muy fuerte y tenía una hija pequeña”, detalló Miu Lei en su declaración.
Este vínculo fue el que, según el empresario, permitió que Hurtado se convirtiera en un intermediario en sus negocios, pero también en su conexión con la fiscal Elizabeth Peralta.
“Luego de ello cuando Andrés se mudó a Miraflores por la avenida Pardo, no recuerdo si me llamó o me escribió. En ese entonces ya con mi primo Iván Siucho estábamos distanciados. Andrés me dio a entender que la reunión iba a ser para conciliarnos, pero cuando llegué no estaba mi primo y no llegó, pero sí estaba la doctora Elizabeth Peralta, igual tomamos un café y me pasé a retirar. Eso fue en el primer semestre del 2020″, indicó en su manifestación el empresario.
La denuncia por minería ilegal y la acusación de soborno
El conflicto entre Miu Lei y los hermanos Siucho, que llegó hasta la Fiscalía, es uno de los factores clave en este caso. En 2021, Miu Lei denunció a sus primos por actividades ilegales en la minería, específicamente por la extracción no autorizada de oro en la concesión minera War-War. A pesar de sus advertencias, los Siucho continuaron con sus actividades, lo que llevó a Miu Lei a presentar la denuncia ante la Fiscalía de Lavado de Activos.
“Antes de poner la denuncia, le pedí a Iván que no siguieran extrayendo oro de esas concesiones, pero no hicieron caso. Entonces, los denuncié. Eso fue lo que originó el conflicto con ellos”, explicó Miu Lei. Sin embargo, los hermanos Siucho no tardaron en responder, acusando a Miu Lei de haber realizado el pago a la fiscal Peralta a través de Hurtado para resolver el asunto de la incautación de la carga de oro.
Por su parte, el abogado de Peralta, Benji Espinoza, sostuvo que no existe evidencia concreta que vincule a su defendida con las acusaciones de tráfico de influencias. Según Espinoza, los testimonios de Miu Lei y los hermanos Siucho, antiguos socios de Lomas Doradas, forman parte de una estrategia para desviar la atención de las denuncias que pesan sobre ellos por lavado de activos.
El caso ha generado una gran preocupación en la opinión pública, especialmente por las implicaciones que podría tener sobre la integridad del sistema judicial y el sector minero.