La inacción policial y revictimización en el feminicidio de Sheyla Cóndor ha sido expuesto por la familia de la joven de 26 años. Su madre narró que las autoridades de la comisaría de Santa Luzmila minimizaron su desaparición, y se negaron inicialmente a aceptar la denuncia, argumentando que no procedía porque la residencia de Sheyla se registra en Santa Anita.
A pesar de contar con pruebas de conversaciones en WhatsApp que indicaban que la joven se había reunido con un hombre en Comas, la policía no consideró estas evidencias suficientes para iniciar una búsqueda. Su madre denunció que los agentes de la PNP le respondieron que “seguro se escapó con su enamorado”
Sheyla Mayumi Condor Torres, de 26 años, fue vista por última vez el 13 de noviembre tras salir de su casa. Cuatro días después, fue hallada sin vida, desmembrada, dentro de una maleta, en un dormitorio de un departamento en Comas, en el condominio Torres de la Padrera. El principal sospechoso es el policía Darwin Marx Condori Antezana.
Según el testimonio de la madre, Elsa Torres, el efectivo policial contactó a Sheyla a través de redes sociales para reunirse con ella el día de su desaparición. A pesar de que ella proporcionó a la policía la foto y el número de teléfono del sospechoso, las autoridades no actuaron de inmediato, lo que retrasó la búsqueda de Sheyla.
La familia de Sheyla, desesperada por la falta de acción policial, decidió investigar por su cuenta, según contó la madre a El Comercio. “Yo insistí hablando, hasta llorando, pero nada. No aceptaron la denuncia”, contó. Finalmente, encontraron a Sheyla sin vida. La policía, presionada por la familia, revisó las imágenes de seguridad del condominio Las Praderas en Comas, donde se vio a Sheyla ingresar con Darwin, pero nunca salir.
Torres expresó su frustración por la inacción de la policía, afirmando que si hubieran actuado a tiempo, podrían haber encontrado a su hija con vida. Este caso ha puesto en evidencia las fallas en el manejo de denuncias de desaparición por parte de la PNP y ha generado un llamado a la revisión de los protocolos de actuación en casos similares
Fallas en el sistema de denuncia
En 2022, el caso del feminicidio de Solsiret Rodríguez puso en evidencia las deficiencias estructurales del sistema de justicia en Perú, especialmente en lo que respecta a la atención de casos de violencia de género, desde la negación por registrar la denuncia en la instancia policial. La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la liberación de los investigados en este caso, subrayando la falta de diligencia desde el inicio de la denuncia y las demoras en el proceso judicial.
Desde el momento en que se reportó la desaparición de Solsiret, el proceso enfrentó obstáculos significativos. En el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, la denuncia presentada por el padre de la víctima fue rechazada, lo que se atribuye a estereotipos de género que revictimizaban a la joven.
Esta situación es crítica, ya que las primeras horas tras la desaparición son fundamentales para localizar a la víctima con vida, antes de que ocurra un posible acto de violencia. La Defensoría del Pueblo inició en ese entonces un proceso contra el suboficial Pio Dante Pastor Bocangel por inacción de funciones, un caso que sigue en curso debido a su impacto en el acceso a la justicia. Sin embargo, existe el riesgo de que este caso sea archivado en el fuero militar-policial, lo que podría establecer un precedente de impunidad frente a estas deficiencias en la Policía Nacional del Perú (PNP).
El cuerpo de Solsiret fue encontrado tres años y medio después de su desaparición, lo que dio inicio a un proceso judicial contra los presuntos responsables. No obstante, este proceso se ha visto retrasado debido a la inacción de las dos primeras fiscales asignadas al caso. Fue necesario esperar a que un tercer fiscal tomara medidas para avanzar en la investigación.