Dina Boluarte vuelve a caer: solo 3% de peruanos aprueba la gestión de la presidenta de la República

La presidenta Dina Boluarte no goza de respaldo popular, lo demuestran las protestas en su contra y lo confirma una reciente encuesta de Datum Internacional. La primera jefa de Estado de la historia republicana del Perú apenas es respaldada por 3% de ciudadanos y ciudadanas.

Las crisis no han dejado de perseguir a Boluarte desde que llegó a Palacio de Gobierno en diciembre de 2022. El asesinato de quienes cuestionaban la legitimidad de su gobierno a manos de las fuerzas del orden, la cuestionada participación de su hermano en diversas instancias del gobierno, la fuga de su exaliado, Vladimir Cerrón, la incapacidad para frenar la ola delincuencial, entre otros, han impedido que la aprobación de su gestión supere el 20%.

En octubre de este año, la jefa de Estado ya había marcado un récord de desaprobación; sin embargo, el 92% registrado apenas hace unas semanas ha sido superado por el 94% confirmado por la encuestadora citada.

La primera vez que la aprobación de Dina Boluarte registró una sola cifra fue en diciembre de 2023, un año después de haber asumido la presidencia. El siguiente trimestre se mantuvo en 10%, pero desde abril la caída de su respaldo no se ha detenido.

3% de la población se traduce en poco más de un millón de ciudadanos. Sentirse rodeado por tal cantidad de personas daría la sensación de gozar de popularidad, pero los resultados presentados demuestran que el descontento de la ciudadanía es generalizado.

La encuesta Datum Internacional confirmó que la desaprobación de la gestión Boluarte supera el 90% en todos los niveles socioeconómicos y rangos de edad. El mismo panorama se repite en todas las macroregiones del Perú. La cifra más alta alcanzada es de 6% y se registra en el nivel socioeconómico E y el oriente del país.

La ola de criminalidad llevó al Ejecutivo a declarar en estado de emergencia a distintos distritos de la capital. Desde Palacio de Gobierno se defendió la medida a pesar de haberse implementado sin éxito en el pasado. A más de un mes de la declaratoria, los casos de extorsión, asesinatos, secuestros y robos no se han detenido.

A mediados de octubre de este año, el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) confirmó que la cifra de homicidios de 2024 ya habían superado a los 1,431 registrados en el 2023. Lima es la región que concentra la mayor cantidad de homicidios, seguido por La Libertad, Callao, Piura e Ica.

El gremio de transportistas, uno de los más afectados por la ola de criminalidad, impulsó un primer paro para reclamar a las autoridades acciones concretas frente a la inseguridad ciudadana. La manifestación tuvo como resultado la declaratoria de estado de emergencia, pero ante la ineficiencia de la medida se anunciaron otras protestas a las que se sumaron otros gremios amenazados.

Desde el gobierno de Dina Boluarte se ha intentado deslegitimar el paro nacional señalando la presunta participación de simpatizantes del expresidente Pedro Castillo. Las protestas no se detuvieron durante el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrado en Lima el último fin de semana. Por su parte, la jefa de Estado dijo que se vio “reforzada nuestra imagen como un país abierto al comercio, la inversión y la cooperación internacional, comprometido con el diálogo y con la generación de consensos para la obtención de importantes logros que nos permitan seguir por el camino hacia el desarrollo y la prosperidad”.

Los ciudadanos que participaron del llamado paro nacional fueron impedidos de acercarse a las inmediaciones del Centro de Convenciones de Lima, lugar donde se reunían los líderes de las economías miembro del foro como el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el representante de China, Xi Jinping, entre otros.