La concesionaria Rutas de Lima (RDL) denunció este domingo a la administración del alcalde Rafael López Aliaga por incumplir las disposiciones del Tribunal Constitucional (TC), que obligó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a construir una nueva vía alterna al peaje Chillón, ubicado en Puente Piedra, para restablecer el pleno funcionamiento de la concesión del peaje en la autopista Panamericana Norte.
Según la empresa, la sentencia del TC emitida en marzo pasado, junto con su auto aclaratorio de mayo, precisa que “la MML se encuentra en la ineludible obligación de no dilatar ni ralentizar” la realización de esta obra. De acuerdo con estos fallos, la suspensión del cobro del peaje se mantendría hasta que se cumpla esta obligación.
A pesar de su desacuerdo con la resolución, RDL afirma haber intentado coordinar con la comuna limeña para implementar las acciones. En este sentido, compartió estudios que respaldan la viabilidad de una nueva ruta alterna, la cual cuenta con el respaldo del Colegio de Ingenieros del Perú. Sin embargo, siempre según el comunicado, la MML no ha tomado medidas para cumplir con sus responsabilidades, pese a que tiene “pleno conocimiento del daño que causa su inacción”.
“Esto se da en abierta violación al Estado de derecho, a la estabilidad jurídica y a la protección de la inversión privada”, señala el texto. La concesionaria advirtió que, a ocho meses de la sentencia, la gestión de López Aliaga aún no ha iniciado la construcción de la ruta alternativa, lo que obstaculiza el retorno de recursos esenciales para la viabilidad de la concesión.
“Si la MML persiste en su incumplimiento de la sentencia, la drástica reducción de los ingresos de la concesión causarán que la empresa se vuelva financieramente inviable. RDL ha continuado prestando ininterrumpidamente los servicios en el Tramo Norte de la Concesión, incluyendo la operación y mantenimiento vial, la prestación de servicios de auxilio vial, intervenciones de emergencia, entre otros”, sigue la misiva.
La empresa hizo un llamado urgente al Estado peruano para adoptar acciones inmediatas y señaló que se reserva el derecho de iniciar acciones legales a nivel local e internacional para “defender sus derechos”. En marzo pasado, el Constitucional ordenó suspender el cobro del peaje en Chillón por vulnerar el derecho al libre tránsito de los residentes y usuarios de esa vía.
López Aliaga ha animado a los residentes de Puente Piedra a presentar recursos judiciales masivos contra los peajes, una acción que Rutas de Lima calificó de preocupante por incitar a “sobrecargar el sistema judicial para invalidar un contrato” y atribuyó estos llamados a una campaña de hostilidad en su contra.
“Me da pena que gremios, periodistas y líneas editoriales (no) se vuelquen al tema, que siga el status quo, ¿no?, que siga la gente más pobre de Lima pagando un peaje de la corrupción. Yo no llamo a esto Rutas de Lima, llamo Ratas de Lima, que ese es el nombre que le he puesto a este proyecto”, dijo en un acto público.
De igual modo, confirmó que su administración presentó una denuncia en Estados Unidos contra el fondo canadiense Brookfield, accionista mayoritario de la compañía. Aunque no brindó detalles, indicó que el proceso está a cargo de un estudio de abogados en Washington.
“Brookling compró acciones de Odebrecht en un plazo de tres meses, cuando estaba preso y sentenciado Marcelo Odebrecht [expresidente de la constructora]. La denuncia civil y penal no me corresponde [mencionarla] en estos momentos por estrategia y por defensa. Lo que he hecho es ir a EE.UU. con mi plata y buscar información sobre quién podría defender mejor a Lima, a eso me he enfocado”, señaló en otro evento oficial.
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