El desafío de acabar con la violencia de género en Perú: la impunidad y un Estado de espaldas

¿Habrá algún día donde el número de casos de violencia contra la mujer en el Perú se reporte con 0? Las cifras solo han mostrado que la lista de víctimas continúa en aumento. Familias enteras se ven obligadas a alzar su voz en busca de justicia, enfrentándose a un sistema que, en muchas ocasiones, ha demostrado ser insuficiente para abordar esta problemática de manera efectiva.

La falta de acciones concretas por parte de las autoridades ha sido un tema recurrente de crítica. Muchas veces, las denuncias no se traducen en medidas de protección adecuadas para las víctimas, lo que perpetúa un ciclo de violencia y desamparo. Además, se enfrenta al desafío de encontrar soluciones que no solo castiguen a los agresores, sino que también prevengan futuros actos de violencia.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, pone de relieve la lucha constante de madres que enfrentan el dolor de perder a sus hijas a manos de exparejas, familiares o desconocidos. A menudo, estas mujeres se ven obligadas a participar en procesos judiciales inciertos, donde la posibilidad de obtener justicia es mínima, pero abandonar el caso significa renunciar a cualquier esperanza de justicia.

Este día busca recordar a las víctimas cuyas voces fueron silenciadas por la violencia de género. La realidad es que, en muchos casos, los culpables no enfrentan las consecuencias de sus actos, dejando a las familias en un estado de dolor y frustración.

La subdirectora de Manuela Ramos, Rocío Gutiérrez, en conversación con Infobae Perú, reitera su llamado al Estado peruano para que tome medidas efectivas en la protección de los derechos humanos de las mujeres y en la transformación de la cultura machista que perpetúa esta violencia.

El caso de la peruana Solsiret Rodríguez conmocionó a la población, debido a que su familia nunca se cansó de buscarla, a pesar de la indiferencia de las autoridades. Aquel 23 de agosto de 2016 se denunciaría su desaparición luego de recibir una llamada de parte de la pareja de la joven. Algo estaba mal y su progenitora lo presentía.

Su madre Rosario Aybar había denunciado repetidamente la falta de apoyo de la Policía Nacional del Perú, que en lugar de ayudarla, culpó a Solsiret de la desaparición de su hija, sugiriendo que se había fugado de casa.

El 18 de febrero de 2020, los restos de Solsiret Rodríguez, activista y estudiante de Sociología de la Universidad Federico Villarreal, fueron hallados en la vivienda de Andrea Aguirre, pareja del cuñado. Este descubrimiento puso fin a una búsqueda que había comenzado años antes, cuando se reportó su desaparición sin dejar rastro.

Su caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y la impunidad en el país. Sin embargo, su lucha no culminaba al encontrar a su hija, sino que recién comenzaba. Ahora la justicia le daría la espalda.

En el edificio de la avenida Argentina vivía Solsiret junto a su pareja Brian Villanueva e hijos. Además, esta vivienda también era compartida con Andrea Aguirre y Kevin Villanueva Castillo. En este espacio, la joven activista fue asesinada por Aguirre, quien afirmaba haber tenido una discusión.

Para la madre de Solsiret, Andrea cometió el crimen en ayuda de los gemelos Kevin y Brian, debido a que sus versiones no coincidían. El día que la activista desapareció, su pareja se acercó a la comisaría para denunciar un abandono y no una desaparición, a pesar de indicar que no sabía de su paradero y no cuestionar la posibilidad de que estuviese en peligro.

El 15 de enero de 2024, el Estado peruano le volvería a dar la espalda a la señora Aybar. La Corte Superior del Callao ratificó la condena de 28 años contra Aguirre por homicidio, pero no por feminicidio—delito que le podría haber llevado a cadena perpetua—.

Sin embargo, esto no era todo. Los jueces superiores: René Eduardo Martínez Castro, María Jessica León Yarango y Nancy Carmen Choquehuanca, concluyeron que Kevin Villanueva es culpable por encubrimiento personal, pero no por homicidio ni feminicidio. Esto logró que sea absuelto y su condena sea solo de seis años.

Solsiret Rodríguez es un nombre que resuena con fuerza en la búsqueda de justicia en Perú. Su madre, incansable en su lucha, muestra su desconfianza hacia las autoridades locales, quienes le han dado la espalda. A pesar de los años transcurridos, su determinación no ha menguado, y está dispuesta a llevar su caso a cortes internacionales si es necesario.

No solo el nombre de Solsiret se encuentra en la lista de víctimas de violencia, sino también el de Katherine, Beatriz, Juana, Saraí, Kris, María, Cecilia, Angie, Treysi, Kimberlit, y otras mujeres cuyas voces fueron apagadas.

En setiembre, la enfermera Kimberlit Maricielo Tapia Ortiz fue reportada como desaparecida en Chancay luego de culminar con sus labores en el hospital. Miguel Tapia, padre de la víctima, pasó siete días buscando a su hija en Lima y Huaral. El último mensaje que dejó la joven no generaba dudas de que estuviera en peligro.

Recorrió varios kilómetros para saber el paradero de su hija, pero un trabajador del condominio de Cieneguilla reportó la aparición de un cuerpo descuartizado y con quemaduras. Luego de pasar por los exámenes forenses, se comprobó que se trataba de Kimberlit.

La Policía capturó a Joshua Huamán, quien fue la última persona que estuvo con la joven e incluso se difundió una fotografía. A pesar de las evidencias, negó conocer a la víctima. Sin embargo, luego confesó que acabó con la vida de Tapia.

En conversación con Infobae Perú, Miguel Tapia pidió justicia y exhortó al Poder Judicial no revertir la prisión preventiva en contra del feminicida confeso. Esto debido a que la defensa legal Huamán solicitó dejar sin efecto la resolución.

El impacto de la violencia contra las mujeres y niñas no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene repercusiones profundas en sus familias. La falta de respuesta oportuna y efectiva por parte de las autoridades ha sido un tema recurrente en las denuncias de los afectados, quienes exigen un sistema judicial más eficiente.