En la película Tiburón (1975), Steven Spielberg, nos cuenta la historia de cómo el alcalde de Amity, un pueblo costero cuya economía depende casi exclusivamente del turismo, se opone a cerrar su playa, temeroso de que esta acción arruine la temporada turística y, en consecuencia, la economía local.
Decisión que mantiene, a pesar de las advertencias de la policía local y de expertos en el tema. Su visión era clara: la economía no puede detenerse ante la llegada de un tiburón. Por ello, priorizará los ingresos y el bienestar económico inmediato de la temporada de verano, sobre la seguridad de los ciudadanos y turistas. Información que por supuesto no comparte con los habitantes ni los turistas quienes, en su desconocimiento, acudirán a las playas como un día más.
Para los que hemos visto la película, lo que vendría después era más que predecible: una serie de tragedias evitables que demuestran el costo humano de poner la economía por encima de la vida.
En corto: La trama te muestra que, recuperarte de una crisis económica puedes hacerlo una y varias veces, pero alguien muerto, ya no lo recupera nadie.
Ahora, la realidad supera a la ficción y en nuestro país, el Perú, ocurre más veces de las que nos gustaría.
En octubre y noviembre de 2024, diversos gremios y ciudadanos peruanos marcharon por las calles, bajo la figura de Paro Nacional, exigiendo soluciones ante el crimen y la inseguridad ciudadana descontrolada: asesinatos, cobro de cupos, en Lima y en todo el Perú.
Dos datos que confirman esta problemática: ocho de cada diez peruanos en todo el país no se sienten seguros al salir de sus hogares, según revela el ‘Barómetro de Seguridad’ respaldado por la encuestadora Ipsos. Además, de acuerdo con la última actualización del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta finales de octubre de 2024 se han registrado 1,601 homicidios, posicionando a este año como el más violento en cuanto a asesinatos en los últimos ocho años en el Perú.
Este “tiburón” social que amenaza cada rincón del país poco o nada ha influenciado en una solución a nivel político. Al igual que el alcalde de Amity en Tiburón, el gobierno peruano ha minimizado la gravedad de este peligro, criticando las protestas con el argumento de que marchar solo afecta la economía.
Como en Tiburón, priorizar las pérdidas económicas sobre las vidas humanas es apuntar al “muy corto plazo” y con alto precio. La historia nos ha enseñado una y otra vez que evadir el problema solo lo vuelve más grande.
Es importante ver las cosas en su real dimensión y las marchas actuales en Perú representan el grito colectivo de una gran parte de la sociedad que ya no puede con el peso del miedo y la indiferencia. Insistir en que “no es el momento” para estas manifestaciones o que “no es bueno para la economía” es ignorar que, para muchos peruanos, la inseguridad y el sicariato son una amenaza constante: un “tiburón” que acecha día a día.
Y es que, los ciudadanos no protestan por “dañar al país”; salen a exigir soluciones reales a un problema que, si no se soluciona de inmediato, será permanente.
Nuestros líderes están cometiendo el error de reducir las demandas legítimas de la gente a un simple obstáculo para la economía. Pero las pérdidas que se intentan evitar hoy solo crecerán mañana si se sigue dilatando la solución real. En lugar de enfrentar con firmeza la amenaza del crimen, el gobierno prefiere criticar a quienes, hartos de la inacción, han decidido actuar.
Como en el pueblo de Amity, cada día que se posterga la acción significa vidas en riesgo. ¿Es posible que el gobierno no vea el peligro? ¿O acaso, como en la película, prefieren mirar hacia otro lado hasta que el precio sea demasiado alto?