La presidenta Dina Boluarte no logró que se archivara la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones.
El juez supremo Juan Carlos Checkley ratificó su decisión del 24 de septiembre, al declarar “consentida” la resolución que rechazó el pedido de la mandataria para que se cierre la pesquisa. Esta medida se toma después de que venciera el plazo para apelar la decisión, sin que la defensa de Boluarte presentara un recurso.
El magistrado adoptó esta determinación luego de que se cumpliera el plazo de tres días establecido por el Código Procesal Penal, desde la notificación de la resolución, el 25 de septiembre. Según Checkley, al no interponer un recurso impugnatorio dentro del plazo establecido, se dio por sentada la conformidad de la presidenta con la resolución.
La investigación en cuestión se refiere a presuntos aumentos injustificados en las cuentas bancarias de Boluarte, así como depósitos de origen desconocido realizados entre julio de 2021 y agosto de 2022. Además, se vincula con otro expediente relacionado al financiamiento de las campañas electorales del partido Perú Libre.
“Habiendo transcurrido dicho plazo sin que la parte haya interpuesto recurso impugnatorio alguno, con las formalidades establecidas en la norma procesal, queda evidenciado su voluntad de no impugnar, es decir, con dicha conducta procesal se denota su conformidad con lo resuelto, por lo que corresponde declarar consentida la resolución en referencia”, se indica en una resolución a la que tuvo acceso RPP Noticias.
Una de las aristas más mediáticas de este caso es la donación de obsequios de lujo a la presidenta, entre ellos relojes marca Rolex, una pulsera bangle con diamantes y un par de aretes con diamantes, todo ello entregado por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
Estos hechos generaron controversia, ya que se investiga si la recepción de dichos bienes podría implicar un acto de enriquecimiento ilícito o influencias indebidas.
La Fiscalía de la Nación sigue adelante con la investigación, a pesar de que la defensa de la mandataria había solicitado el cierre del caso, alegando que no existían pruebas suficientes para continuar con la pesquisa. A medida que avanza la investigación, la mandataria enfrenta un creciente escrutinio público, mientras la fiscalía y los tribunales determinan el futuro del caso.
“Está siendo investigada clandestinamente”
El Congreso rechazó el 7 de noviembre una moción para otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización, que investiga el presunto uso del vehículo de la presidenta Dina Boluarte en la fuga de Vladimir Cerrón, conocido mediáticamente como el ‘caso Cofre’. La propuesta fue desestimada sin siquiera entrar en debate, con votos en abstención de Fuerza Popular y Acción Popular, y votos en contra de Alianza Para el Progreso.
El abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, acusó al grupo de trabajo liderado por el congresista de Podemos Perú, Juan Burgos, de llevar a cabo una investigación “clandestina” contra Boluarte. En declaraciones a Canal N, Portugal celebró la decisión del Congreso de no apoyar la moción de Burgos, quien afirmó que había estado investigando a la presidenta durante meses y buscaba formalizar el proceso con esta solicitud.
Portugal argumentó que Burgos intentaba regularizar una investigación que carecía de estructura formal desde el inicio, y que el Congreso no fue cómplice de esta irregularidad. La moción para obtener facultades investigadoras fue presentada por Burgos el 16 de septiembre, mientras la comisión recibía a varios testigos, lo cual, según Portugal, fue un procedimiento irregular.