El juez superior peruano Oswaldo Ordóñez, representante de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, denunció atropellos del Congreso de la República el gobierno de Dina Boluarte a las instituciones que imparten justicia.
Durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró que una mayoría parlamentaria, en coordinación con el régimen actual que controla el Poder Ejecutivo, “vienen desestabilizando el sistema de justicia y, a su vez, debilitando al Poder Judicial y al Ministerio Público”.
Según Ordóñez, esto se lleva a cabo por medio de proyectos y leyes que atentan contra la independencia de jueces y fiscales, y que, además, favorecen a legisladores y líderes políticos.
“Esta mayoría parlamentaria y el Poder Ejecutivo han promulgado leyes que modificación los plazos de prescripción, que recortan los plazos en los procesos de colaboración eficaz, que impiden la incautación de bienes o materiales usados en la minería ilegal, que excluye a todos los partidos políticos de toda responsabilidad penal, promueven impunidad para terroristas y exmilitares, obligan que los allanamientos se realicen con presencia del abogado del allanado y establecen una nueva tipificación del delito de crimen organizado”, explicó.
Para el juez superior, esta situación ha provocado el incremento exponencial de la delincuencia en el país, “poniendo en grave riesgo a toda la población”.
“Con la finalidad de intimidar y someter a jueces y fiscales, han presentado sendos de proyecto de ley para criminalizar la función jurisdiccional y fiscal. Igualmente, pretenden crear en el seno del Congreso de la República una comisión de fiscalización de la labor jurisdiccional de los jueces y fiscales”, sostuvo.
También recordó que el Pleno del Congreso aprobó dos leyes duramente criticadas: la 32130 que faculta a la Policía Nacional del Perú (PNP) conducir la investigación preliminar de un delito y la 32156, con la cual solo se toma en consideración las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en los casos de los cuales el Perú forma parte.
Sobre la primera norma, aseveró que contraviene el inciso 4 del artículo 159 de la Constitución Política del Perú, y sobre la segunda, dijo que reducía el ámbito de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“No se respeta el principio de separación y equilibrio de poderes, y por lo tanto se atenta contra frontalmente contra el Estado de derecho y la democracia, puntualizó.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Poder Judicial aclaró que la postura de Ordoñez “no constituye opinión constitucional”, tratando de desligarse de la opinión emitida.
Congreso aprobó Ley que atentaría contra PJ
El Poder Legislativo, a inicios de octubre, aprobó en primera votación un dictamen que modifica la Ley 31307 del Nuevo Código Procesal Constitucional, el cual podría comprometer la autonomía del Poder Judicial.
La normativa, promovida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, busca impedir que las decisiones del Congreso en casos de juicio o antejuicio político sean revocadas por el Poder Judicial. El congresista de Fuerza Popular celebró la aprobación en su cuenta de X, argumentando que evitaría la interferencia de jueces “politizados y prevaricadores” en las decisiones legislativas.
Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, denunció irregularidades en el proceso de votación, destacando que la mayoría de los congresistas participaron de manera virtual, dejando el hemiciclo casi vacío. Cuestionó, además, la legitimidad del debate parlamentario y acusó al Congreso de imponer un poder absoluto, calificando la situación como una “dictadura parlamentaria”.
Instituciones internacionales también llamaron la atención sobre la aprobación de la llamada ‘Ley de Impunidad’, sobre todo en lo que respecta a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de esterilizaciones forzadas, entre otros casos emblemáticos que sucedieron durante el periodo de conflicto armado interno.