En medio del segundo día del paro nacional convocado por diferente organizaciones, el Comite de Gremios ed Transportistas del Perú denunció que el Ministerio Público abrió carpetas fiscales contra sus dirigentes a nivel nacional.
A travé de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el gremio compartió parte del documento en el que llama a tomar acciones preventivas y hace un llamado “a fin de deponer toda actitud y/o conducta beligerante o conflictiva, y que con ella pueda causar graves daños a la propiedad pública (INSTITUCIONES PÚBLICAS) y/o privada, perturbando de esta manera gravemente la paz pública y tranquilidad pública”, se lee en el documento.
“Denunciamos que la Fiscalía ha abierto carpetas fiscales en contra de nuestros dirigentes nacionales, siguiendo con su política de censura y persecución contra todo aquel que GRITE LAS MISERIAS DE ESTA DICTADURA. Nos animan a luchar con más fuerza”, se lee en su publicación.
Carpetas fiscales a dirigentes
El Ministerio Público ha establecido la apertura de un procedimiento preventivo en la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Huancayo, invocando una serie de bases legales específicas. Entre las normativas citadas figuran el Reglamento de Organización y Funciones de las Fiscalías en Prevención del Delito, el cual fue aprobado mediante la Resolución No 3377-2016-MP-FN en agosto de 2016, y posteriormente modificado en enero de 2021 mediante la Resolución N° 131-2021-MP-FN. Estos artículos regulan las funciones y competencias de las fiscalías encargadas de la prevención de delitos en el país, específicamente los incisos de los artículos 10°, 11°, 13° y 14°. Asimismo, el procedimiento está alineado con el artículo 1° de la Constitución Política del Perú y el artículo 1° de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto Legislativo 052), que establece las bases de las competencias de la institución en el marco de la seguridad y el orden público.
La disposición emitida por el Fiscalía establece un periodo de 40 días para la ejecución de este procedimiento preventivo, dentro del cual se llevarán a cabo las acciones necesarias para reducir riesgos de alteración del orden público y preservar la paz social. Este proceso incluye medidas específicas para prevenir posibles daños a la propiedad pública y privada, además de mantener la seguridad ciudadana en la región. Durante este periodo, las acciones preventivas serán ejecutadas y supervisadas para asegurar el cumplimiento de los lineamientos que estipulan una conducta pacífica en manifestaciones y reuniones sociales.
Exhortación a líderes y representantes sociales
Como parte de las medidas preventivas, el Ministerio Público ha emitido una exhortación dirigida a diversos líderes sociales y representantes de gremios en la región. Entre las personas exhortadas se encuentran Eduardo Franco Mucha Salazar, Lariza Rojas Rojas, Carmela Carbajal Otarola, Teodomiro Palomino Sarmiento, Julio Pompeyo Campos Cárdenas, Edgar Luis Vitor Galarza, Elís Morales Bilbao, Máximo Rojas Reyes, Guillermo Barja Vásquez, Oscar Mendoza Tovar, Estela Nataly Ulloa Arias y Misael Martínez Yauri.
La exhortación consiste en un llamado a deponer cualquier actitud o comportamiento beligerante que pudiera derivar en actos de violencia o en el deterioro de la propiedad pública y privada. Se les recuerda que el derecho a la protesta debe ejercerse de manera pacífica, tal como lo establece la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 00009-2018-AL, y respetando los derechos fundamentales de las demás personas. En caso de no acatar esta disposición, se advierte a los involucrados sobre la responsabilidad que recaerá en ellos si sus acciones derivan en perjuicio al orden público.
Exhortación a la Policía Nacional del Perú
La disposición incluye un llamado a la Policía Nacional del Perú para reiterar su participación activa en la prevención de actos que puedan afectar el orden público. A través de la Disposición Fiscal N° UNO, con fecha del 5 de noviembre de 2024 y contenida en la Carpeta Fiscal N° 398-2024, se insta a la policía a cumplir con las directrices del Ministerio Público, manteniéndose vigilantes y aplicando las medidas preventivas establecidas. Esta colaboración es esencial para garantizar que el procedimiento preventivo de cuarenta días se realice de forma efectiva y con el respaldo de las fuerzas de seguridad.
Dadas las “circunstancias excepcionales” de la región, que dificultan los desplazamientos por la falta de medios de transporte, se establece que la notificación de esta disposición se efectúe a través de correo electrónico. La Policía Nacional del Perú será la encargada de llevar a cabo este proceso, entregando las notificaciones a los destinatarios de manera digital y remitiendo a su vez los cargos de notificación al despacho fiscal. La medida busca asegurar la comunicación oportuna de las disposiciones, pese a las limitaciones logísticas de transporte en la zona.
Vigilancia del Ministerio Público
Finalmente, el personal fiscal se mantendrá en estado de alerta durante todo el periodo de duración del procedimiento. El despacho fiscal ha dispuesto que, previa coordinación, su personal participe activamente en los eventos y situaciones relacionadas con la prevención del delito. Esta vigilancia permanente permitirá una intervención rápida ante posibles incidentes que puedan poner en riesgo la seguridad pública, garantizando así que el procedimiento preventivo cumpla con sus objetivos.
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