Madre denuncia sustracción de su hija menor por parte de su expareja en El Agustino, a pesar de contar con medidas de protección

Una madre de familia denuncia que su expareja sustrajo a una menor, en este caso una de las hijas de ambos, en El Agustino, el 23 de septiembre de este año.

En diálogo con Infobae Perú, la mujer aseguró que el acusado tenía un régimen de visitas que la antigua jueza del Quinto Juzgado de Familia de Ate Vitarte había diseñado. También afirma que se habían implementado medidas de protección para ella y sus hijas, para que él no se acerque a menos de 50 metros. “El señor no viene cumpliendo y como la ley no es tan rápida, entonces piensa que sale bien librado”, asegura.

Según la entrevistada, existen antecedentes a este hecho, y que tiene pruebas de que el 20 de agosto de este año, su expareja, Herlich Zevallos, también intentó llevarse a la niña de la escuela, exactamente a la hora del recreo. “Se lo han impedido porque no hay una autorización y porque la que matriculó fui yo”, cuenta.

Cuando no se la quisieron dar, la madre cuenta que él levantó la voz, comenzó a grabar con su celular y amenazó con denunciar al personal del colegio. “(Decía) que va a traer a la policía, delante de mi hija, cuando eso no debe de hacer. Está prohibido de hacer eso. Incumple las medidas”, relata.

De acuerdo con la entrevistada, el 23 de septiembre, el día que habría sucedido la sustracción, ella se encontraba fuera de casa. Como estaba haciendo trámites en una notaría, su mamá recogió a la niña del colegio. Luego, cuenta que llegó su expareja junto a dos familiares en un auto para llevarse a la afectada.

Tras enterarse de lo ocurrido, se dirige a una comisaría, en El Agustino, donde, según la denunciante, una de las agentes de la Policía conocía su caso desde hace varios años.

Durante la conversación que tuvieron, asegura que su expareja llamó a la agente a su celular. “Yo la miro porque escuchó la voz de él, y le digo, ‘¿te ha llamado?’ Ella le dice: ‘señor, yo no sé qué va a hacer’, y le cuelga”.

Indica que la policía le respondió: “No sé por qué se siguen metiendo en líos entre hijos”, a lo que ella responde: “Acá no es que se meten en líos, usted me tiene que aceptar la denuncia”.

Efectivamente, Amiré Ortiz, abogada y directora general de Acción Por la Igualdad, explica para Infobae Perú que la negativa de un efectivo de la PNP podría convertirse en algo mucho más peligroso cuando, por ejemplo, hay una orden de alejamiento de por medio.

“Se está considerando que es un peligro para esa familia, entonces tiene que actuar de manera muchísimo más rápida. Frente a cualquier situación como esta, si la policía no hace caso, lo que hay que hacer es reportarlo y hacerle una denuncia a inspectoría de la policía por este tema de incumplimiento funcional”, aseveró.

Como no recibió la ayuda que esperaba, la mujer acudió al Ministerio Público para exponer su caso. “(Les digo que) el señor ha vuelto a hacer. La resolución dice que no debe de hacer eso. Está dañando psicológicamente a mi hija”, menciona. En la Fiscalía le recomendaron hablar con el juez directamente.

Una vez en el juzgado de Ate, donde antes ya había conseguido conseguir medidas de protección para ella y sus hijas, cuenta que le comentó al nuevo juez que en agosto de este año también habría intentado cometer el mismo delito, al intentar llevarse a la niña de la institución educativa donde estudiaba,

Regresó días después para saber si continuaba la protección que gozaban las menores, pero recibió una respuesta negativa. Afirma que el juez le dijo que lo que había sucedido eran “conflictos familiares”.

“No ha mantenido la protección de mis hijas, que son menores, a pesar de que su colega anterior ha dispuesto una protección. Entonces el juez me dice, sabe qué señora retírese, no le voy a seguir escuchando”, comenta. “¿De qué sirve que le den protección a mis hijas? No sirve de nada. Cualquiera puede hacer lo que quiera”, agrega.

Si bien sostiene que ya presentó una denuncia por sustracción, hasta el momento la menor sigue con su expareja. Incluso, subraya que cuando va a buscarlo a su casa, sus familiares dicen que no está. También dice que le ha enviado mensaje de Watrsapp, pero hasta ahora no contesta.

“Yo tengo miedo, mucho miedo, pero tengo que proteger a mis hijas, porque si no tenemos que ceder, las mujeres tienen que ceder, como él decía, calladita te ves mejor. El mensaje es que no tengo que hablar, tengo que quedarme callada”, manifiesta.

La denunciante precisa que el papá no podía llevarse a su hija porque gozaban de medidas de protección, otorgados por una jueza, en el juzgado de Ate. Asegura que si bien él suele argumentar que no se le permite ver a sus hijas, esto no sería cierto, y que tiene capturas de pantalla de mensajes en WhatsApp que comprobarían las coordinaciones.

“Hay una resolución donde se contempla el horario, el día y el lugar donde él tiene que ir a ver a las niñas”, asegura. La mujer cuenta que su expareja también ha presentado una acusación contra ella. “Él me denuncia (...) porque yo he sacado (a la niña) del colegio privado, y la he puesto a un colegio público. Dice que eso le afecta psicológicamente a él y también a sus hijas”, menciona.

“Yo lo que quiero es cerrar este ciclo. Yo quiero que haya justicia, o sea que a mi hija no se la lleven porque digan ‘tú no tienes la tenencia y como no tienes la tenencia, te la quito y otro día te la entrego, otro día me firmas este papel y te la entrego’. Los hijos, los niños, ningún ser humano es negociable de esa forma”, añadió.

Este medio intentó recoger la versión de la expareja de la denunciante, pero hasta el cierre de la nota, no hubo una respuesta.

Amiré Ortiz explicó la figura legal de sustracción del menor, tipificada en el artículo 147 del Código Penal, es distinta al secuestro en el sentido de que el infractor es el padre o madre del afectado.

“A veces es por chantaje, y hasta una forma de violencia contra la madre, que es retenerle lo que más le duele que son los hijos. Se tiene que ver cuál es la motivación real, si de verdad es el interés del niño, u otras adicionales”, precisa.

Recalca, además, que si bien puede haber una orden de alejamiento en casos como estos, lo cual podría revelar una situación de violencia, esta sigue siendo solo una variable. Incluso, si uno de ellos ha sido un buen padre o madre, pero intenta llevarse al hijo o hija a otro país con engaños, está cometiendo este delito.

Si se comete una sustracción, de acuerdo con Ortiz, debe haber una restitución por parte de las autoridades. También se pueden abrir procesos judiciales para determinar la tenencia, la cual puede ser también compartida.

“No todos los de sustracción son por hechos de violencia en sí mismo. (A veces) hay una situación en la que se va restringiendo los derechos que también tiene la otra parte que no vive con el menor y por eso hizo eso. De repente quiere estar con su papá, quiere verlo, y quiere tener una relación”, explica, en el sentido en que cada caso es diferente.

“En algunos casos también se insta, por disposición judicial, que se cumpla con visitar a su hijo, porque también hay situaciones de paternidad irresponsables que están bastante presentes en nuestra realidad”, añade.

Lo importante, manifiesta, es considerar el principio superior del niño. “Se tiene que ver dónde vive el menor, dónde siempre ha vivido, cuál ha sido su rutina de vida, cuál ha sido su vida cotidiana y en donde está de manera más tranquila, segura, con sus derechos garantizados, que asista al colegio, que coma, que lo cambian, lo visten, lo atienden”, explica.

Finalmente, señala que si ocurre un hecho de este tipo, se debe denunciarse de forma inmediata, y que la Policía no puede negarse a recibir una denuncia, sobre todo si se trata de una posible afectación a un menor, por su nivel de vulnerabilidad. “No sabemos si, de repente, esa falta de actuación rápida, puede generar una situación de violencia adicional”, dice.

En Perú, los principales canales de ayuda para mujeres y miembros del grupo familiar que sufren violencia incluyen:

• Línea 100: Servicio gratuito disponible 24/7 que brinda orientación, soporte emocional y puede derivar casos graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM).
• Chat 100: Plataforma en línea donde se puede recibir apoyo emocional y orientación sobre violencia familiar o sexual.
• Centro de Emergencia Mujer (CEM): Ofrece asistencia legal, psicológica y social a las víctimas. Está disponible en todo el país, ubicándose en comisarías y otros puntos de atención.
• Servicio de Atención Urgente (SAU): Ofrece atención rápida en casos graves de violencia en 8 regiones: Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque, Loreto y Piura.
• Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA): Proporciona servicios de defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, apoyando también en casos de violencia familiar.