Harvey Colchado pide medidas cautelares a la CIDH ante “venganza” del Gobierno por allanar casa de Dina Boluarte

El exjefe de Diviac alega hostigamiento y amenazas de baja como represalia por su participación en investigaciones de corrupción que involucran a altos funcionarios, incluida la presidenta Dina Boluarte

Guardar
Harvey Colchado, quien participó del allanamiento de la vivienda de Dina Boluarte, en una foto de archivo
Harvey Colchado, quien participó del allanamiento de la vivienda de Dina Boluarte, en una foto de archivo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido una solicitud urgente para adoptar medidas cautelares a favor del coronel Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), quien presentó la petición debido al acoso que él y sus compañeros enfrentan desde el Ejecutivo.

Según la solicitud, existe una amenaza real de que él y 800 agentes sean dados de baja de la Policía Nacional (PNP) como represalia por su participación en investigaciones de corrupción que implican a la cúpula de Gobierno, incluida la presidenta Dina Boluarte.

La petición demanda que el Estado peruano, a través del Ministerio del Interior, implemente “medidas adecuadas para proteger los derechos a la vida, la integridad y el desarrollo personal” de los agentes mencionados. Colchado denunció que tanto él como sus colegas han sido objeto de acoso desde el poder Ejecutivo, y ha enfrentado amenazas inminentes de ser destituido de la PNP.

Estas acciones se perciben como represalias por su participación en investigaciones relacionadas con la corrupción en el poder, incluido un allanamiento a la vivienda de Boluarte por el escándalo del ‘Rolexgate’. Colchado fue separado de la Diviac tras esta operación y enfrenta un procedimiento administrativo disciplinario, además de dos investigaciones en la Inspectoría de la PNP por supuestas irregularidades, como el uso indebido de una imagen alusiva a dicho evento.

Allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte continúan a estas horas de la madrugada. Canal N

También se inició el proceso para su destitución de la PNP, a pesar de haber sido parte de la Diviac desde su fundación en 2016; una unidad que ha ganado notoriedad en casos de criminalidad organizada vinculados a altos funcionarios y políticos.

Las investigaciones de Colchado y su equipo abarcan casos como Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto, así como actuaciones contra expresidentes como Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. En octubre pasado, durante el paro de transportistas, el coronel fue asignado a custodiar un puente en San Isidro, lo que fuentes de Infobae Perú interpretaron como un intento de desmotivarlo, dados su experiencia y rango.

Tras recibir la solicitud de medidas cautelares, la CIDH deberá evaluar su cumplimiento con los requisitos formales y analiza la gravedad, urgencia e irreparabilidad del riesgo. Puede requerir información adicional al solicitante y al Estado. Si se cumplen los criterios, otorga las medidas y solicita al Estado acciones para proteger a las personas.

Harvey Colchado, exjefe de la Diviac, en un puente de la Vía Expresa en el segundo día del paro de transportistas | Foto cortesía: Exitosa Noticias
Harvey Colchado, exjefe de la Diviac, en un puente de la Vía Expresa en el segundo día del paro de transportistas | Foto cortesía: Exitosa Noticias

Aunque estas decisiones no son vinculantes, tienen un peso moral y político significativo, y suelen ser cumplidas por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debido a compromisos internacionales. La CIDH supervisa el cumplimiento de las medidas y puede modificarlas o levantarlas si el riesgo se desvanece.

Otros solicitantes

En 2021, la Comisión emitió medidas cautelares para proteger a Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y a su familia, al considerar que enfrenta un riesgo grave debido a su visibilidad pública y a campañas de desprestigio y hostigamiento dirigidas contra él, que incluyen manifestaciones frente a su domicilio y amenazas de violencia.

A pesar de las medidas de protección implementadas por el Estado, la CIDH observó una falta de avances significativos en las investigaciones, de modo que requirió a Perú que garantice su seguridad y que pueda desempeñar sus funciones sin enfrentarse a amenazas.

Guardar