Aprueban reglamento para que internos accedan a educación superior: ¿En qué tipo de universidades o instituciones podrán llevar clases?

Después de varios meses, este martes 12 de noviembre, se ha aprobado y publicado el reglamento de la Ley N° 31840 en el diario El Peruano, permitiendo ampliar el acceso a los internos de los establecimientos penitenciarios a educación superior. Esta disposición aplica únicamente para la modalidad a distancia o no presencial.

Esta oportunidad beneficiará a todas las personas en las cárceles del país, permitiéndoles acceder al programa especial. Conoce cuáles son los requisitos, cómo puedes inscribirte y más.

La aplicación de este reglamento está a cargo del Ministerio de Educación, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). De esta manera, todas las casas de estudios podrán dictar los cursos correspondientes solo si cuentan con estas características.

• Todas las instituciones de educación superior licenciadas que opten por diseñar y brindar programas especiales en la modalidad a distancia o no presencial, conforme con la Ley Nº 31840. Asimismo, se incluyen universidades de formación artística y escuelas de posgrado privadas.
• Todas las instituciones extranjeras que ofrezcan servicios de educación superior conforme con el marco legal de sus respectivos países y que se adecúen a los alcances de la Ley N° 31840.

INPE y las instituciones de educación superior están adaptando sus infraestructuras y metodologías para facilitar la educación superior a distancia en los centros penitenciarios. Sin embargo, no todos los internos podrán acceder a estos programas.

Según el documento, las personas privadas de libertad bajo un régimen cerrado especial están excluidas de participar hasta que una evaluación determine su posible progresión a un régimen menos restrictivo. Además, aquellos cuya situación jurídica o tipo de delito lo impida por ley tampoco podrán acceder a estos programas.

Asimismo, deberá ofrecer las bibliotecas especializadas, mobiliarios, equipos y de conectividad; es decir, se debe garantizar estos elementos para que se continúen con los estudios.

Para llevarse a cabo esta disposición, se debe implementar las medidas que incluyen la designación de un monitor educativo encargado de supervisar las actividades en las prisiones, así como el acompañamiento físico y la custodia por parte del personal de seguridad durante el proceso de admisión y las actividades educativas de las personas privadas de libertad.

Además, se establece políticas de seguridad de la información para controlar el acceso a las plataformas educativas de las instituciones de educación superior. En este sentido, se busca restringir el acceso a páginas web no autorizadas, garantizando así un entorno seguro para el aprendizaje de los internos.

En caso de que una persona privada de libertad cometa una falta disciplinaria durante el desarrollo de estos programas especiales, se procederá con la sanción de acuerdo con los el marco normativo.

Estas medidas reflejan el compromiso del INPE con la seguridad y el orden en el contexto de la educación penitenciaria, asegurando que los programas se desarrollen de manera efectiva y segura para todos los involucrados.

La Dirección del establecimiento penitenciario es la encargada de gestionar estas solicitudes, presentadas por los internos interesados.

• El interno debe haber completado la educación básica y contar con los recursos económicos necesarios para los gastos educativos.
• El beneficiado deberá presentar datos de contacto de un familiar o responsable de los gastos educativos. Además, realizará los trámites necesarios.
• Una vez presentada la solicitud, la Dirección tiene siete días hábiles para consolidar el expediente del interno y remitirlo a la Subdirección de Tratamiento Penitenciario de la Oficina Regional correspondiente. Esta subdirección tendrá dos días hábiles para evaluar la solicitud y verificar documentos presentados.

La capacidad económica y la logística operativa son cruciales para aceptar solicitudes en programas especiales de educación a distancia, evaluando los ingresos y estabilidad financiera de quien cubrirá los pagos, así como la infraestructura disponible.